El Gobierno de Gustavo Petro, mucho más que sus predecesores, concibe la universidad pública como jugoso botín que alimenta clientelas y antojos. Por su tergiversación, la agenda de educación superior oscila entre tensiones políticas, batallas por las rectorías y afugias económicas. Ya no se habla de los méritos, enormes, de los universitarios.
En su apetito, y notoria confirmación de que la ley es camisa estrecha para ellos, Gustavo Petro, Armando Benedetti y sus aliados desconocen el principio constitucional de la autonomía universitaria, sus obligaciones financieras con la educación superior y la incontestable calidad de instituciones que no merecen el manoseo al que las están sometiendo.
En la Universidad Nacional defenestraron al rector elegido según las reglas que se dio el Consejo Superior Universitario, decisión que espera sentencia del Consejo de Estado. En el empeño de tener obedientes más que conocedores nos dejaron sin una promisoria ministra de Educación.
La maniobra contra las autoridades universitarias fue artilugio para montar la “constituyente universitaria”, iniciativa etérea que ha dado con la apatía de los estamentos en las elecciones del 16 de octubre. Sólo el 7% de los estudiantes de pregrado y el 2,9% de los estudiantes de posgrado participaron en la votación; en pregrado, el 93% de los electores votó en blanco.
Algo mejoró con la votación de funcionarios administrativos, entre quienes participó el 44,4%, y los profesores, de los que votó el 20,1% de todos. Con razón, universitarios que observan estas acciones se preguntan por la validez y por el gasto de más de 261 millones de pesos de los escasos recursos de la educación superior en ese embeleco.
Sometida a presiones políticas y expectativas por decisiones judiciales, la Universidad Nacional viene perdiendo confianzas y poniendo en riesgo los acuerdos superiores. Pasa con el campus de Bogotá, hoy usado como albergue, escojo un término amable, de organizaciones “sociales” armadas y aliadas del Gobierno (¿neoparamilitares?) que violentan la ciudad porque gozan de la certeza de la inviolabilidad del Campus. Quien quiera mantener las garantías esenciales del claustro debe también garantizar que su destinación sea para la vida académica.
La “Nacho” no es el único objetivo del gobierno. Las elecciones de rector en las universidades del Caribe son objeto de las peores prácticas de politiquería: manipulación de votos, promesas electorales y hasta parrandas para conquistar las decisiones internas se suceden en las universidades del Atlántico y Popular del Cesar. ¿Y la Procuraduría? Sus ojos no llegan tan lejos.
Estas actuaciones ajenas a esa atractiva solemnidad que acompaña al mundo universitario y el caprichoso manejo de los presupuestos para financiar las instituciones, no por calidad, no por número de estudiantes, no por grupos de investigación, si no por favores clientelistas de cara al 2026, le están quitando al país y a las propias universidades la agenda en que tendrían que estar ocupadas.
La Universidad de Antioquia no ha escapado a tensiones y presiones, no sólo llegadas del Gobierno Nacional.
A veces, los antioqueños nos preguntamos por el perfil de nuestra Alma Mater. ¿Universidad de excelencia para los mejores o universidad para todos? Eso parece resuelto, pues hoy ofrece excelencia académica a los más vulnerables del departamento, y muchos de los vecinos; basta con ver su población, sus programas y sus lugares en los rankings de universidades y de investigación.
En nuestra Universidad estudian 41.147 personas, 38.242 en pregrado y 2.904 en posgrado. Solo en estudiantes tiene una población mayor a la de 106 municipios del departamento. Pero no únicamente en eso es un descreste, del total de sus estudiantes, 7.349 están en los campus universitarios de las subregiones antioqueñas y los estudiantes virtuales ya son 2.196. El 93,9% de ellos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; estos grupos fueron los primeros colombianos beneficiados con la política de gratuidad educativa que la universidad inició con sus propios recursos y que el Gobierno Duque tomó como ejemplo para universalizarla.
Estos estudiantes tienen déficits nutricionales, muchos trabajan para estudiar y apoyar a sus familias y a duras penas pueden usar transporte público. Ellos, los que sólo tienen estudio, sus maestros y sus líderes son héroes que mantienen a nuestra Alma Mater en el top cinco de las universidades colombianas y en el top veinte de las latinoamericanas, según el índice QS.
Esa Universidad produce ciencia. ¡Y de qué calidad! De sus 270 grupos de investigación, 73, el 9% del país, están en el nivel A1 de MinCiencias, el más alto, y 68 están en el nivel A. Ellos se codean con los grandes académicos del mundo y ¡salvan vidas!: ahí están el grupo de Neurociencias que lideró el doctor Lopera, a más de famosos grupos de medicina; el prestigioso grupo GAIA, líder en ciencias ambientales; el querido PECET, que se las sabe todas en enfermedades tropicales, entre muchos otros creadores de saber útil y transformador.
Gracias a universidades del país como la de Antioquia, muchos colombianos pueden ser doctores e impulsarnos a nuevos horizontes. Hoy, nuestra Alma Mater alberga 47 programas y 547 estudiantes de doctorado en sus aulas.
El fin de la Universidad no es prestarse a mañas politiqueras, tampoco ser caja menor de campañas electorales o someterse a sacar la ponchera para financiar el haber llevado la institucionalidad civil a regiones sin Estado o ser la palanca de progreso de centenares de miles de personas. Su propósito al final de las horas, y como me decía un gran universitario, es forjar una sociedad de ciudadanos que consultan el SIATA y no el horóscopo antes de salir de sus casas. Nuestro fin, como ciudadanos, es acompañarla a seguir haciendo su gran trabajo.
Comentar