Cuesta creer que la dificultad que representa para un ciudadano corriente la denuncia de un delito común como el hurto, es solo consecuencia de la ineficiencia involuntaria de nuestro sistema penal. Cuesta creerlo porque mientras menos delitos sean denunciados, menor es el trabajo que legítimamente puede exigirse al Estado para la prevención y sanción de los mismos. En efecto, el Estado sólo está en la obligación de investigar y sancionar los delitos de los que tiene conocimiento, y una importante fuente a través de la cual este conocimiento llega hasta los actores del sistema penal que deben encargarse de su investigación, persecución y sanción, es la denuncia ciudadana.
De esta forma pareciera que la cifra negra de la criminalidad, es decir, la diferencia entre la criminalidad real y la registrada, no fuera un obstáculo para las agencias penales, sino más bien un instrumento de legitimación. El hecho de que un ciudadano deba esperar varias horas en la Fiscalía para denunciar un hurto, por ejemplo, y que finalmente decida que su tiempo tiene más valor que el objeto que se ha perdido, (que sobra recordar, no será recuperado mediante la denuncia), permite que los gobernantes muestren cifras bastante favorecedoras de disminución de la criminalidad, cuando en realidad, lo que ha disminuido no es la criminalidad sino el número de denuncias llevadas a cabo por la ciudadanía. Este fenómeno conocido como “efecto preventivo de la ignorancia”, que consiste más precisamente en la falsa sensación de seguridad y la falsa legitimación de la norma penal que se deriva del desconocimiento o aparente desconocimiento de la criminalidad, hace pensar, una vez más, que la inoperancia de nuestro sistema penal y de los procesos propios del mismo no es accidental, sino por el contrario intencional y funcional a los intereses políticos de nuestros gobernantes.
Sin embargo un fenómeno reciente ha hecho que la funcionalidad de esta cifra negra a tales intereses sea cada vez menor: las redes sociales. Hoy en día las estadísticas policiales, judiciales y carcelarias no son la única fuente por medio de la cual los ciudadanos llegan a tener conocimiento de la criminalidad. En el ámbito local en más de una ocasión, delitos que han sido negados por las instituciones del Estado, son presentados a la ciudadanía por medio de las redes sociales, impidiendo que el “efecto preventivo de la ignorancia” pueda operar efectivamente. Las redes sociales se han convertido pues en un medio alternativo de comunicación, no intervenido (en la mayoría de los casos) por las agencias del Estado, haciéndolo, sin más, el medio más transparente para que la ciudadanía pueda comunicar a los demás las situaciones criminales de las que es víctima o testigo.
En este orden de ideas es apenas sensato considerar que la cifra negra y el “efecto preventivo de la ignorancia” no podrán, durante mucho tiempo, seguir cumpliendo su función de legitimar los intereses políticos de tras de los cuales se camuflan, en muchas ocasiones, pésimas administraciones públicas. Podemos entonces agradecer a las redes sociales, no sólo por las trivialidades ya conocidas, sino por permitirnos auditar el cumplimiento efectivo de la función de los gobernantes, que sólo en época de campaña, recuerdan que los ciudadanos son víctimas constantes de la delincuencia que no figura en las cifras oficiales.
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