Se suele pasar por alto que con el Acuerdo de Paz suscrito en el año 2016 la prohibición del paramilitarismo se convirtió en una norma constitucional. Fue con el acto legislativo 05 de 2017 que se estableció la prohibición de: “(…) creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo.” A eso llegamos como sociedad: a tener que plasmar en la Constitución Política la prohibición del paramilitarismo.
Y eso se debe a una realidad histórica, ya que, desde los años 60, en medio del Frente Nacional, las practicas conducentes a prácticas de organización armada de civiles se escudaron en decretos que les otorgaron, desde el papel, validez jurídica, y en la realidad, carta blanca para atentar contra los derechos humanos y atizar el conflicto.
Vuelvo a esa reflexión porque lo que pasó en Medellín la semana pasada, cuando una marcha pro-palestina terminó, luego de avanzar de forma pacífica por varias horas, en una situación violenta. Porque en los videos que se viralizaron en las redes todos pudimos ver como la Fuerza Pública, impávida, no detuvo la actitud provocadora de un concejal de extrema derecha que buscó infructuosamente asumir “una defensa” (son sus palabras) por cuenta propia. Una actitud fascista que recuerda, en un país atormentado por la violencia, el germen que incubó los peores grupos paramilitares.
A la actitud fascista del concejal de extrema derecha se sumó la acción violenta de contratistas, pagados con recursos pública, con nuestros impuestos, que atentaron, sin contemplación, contra la integridad de varios manifestantes, entre ellos, un defensor de derechos humanos que fue golpeado en su cabeza de la forma más vil, cuando se encontraba indefenso e inmovilizado. Ese grupo de contratistas, que muy bien el presidente Petro calificó de “fuerza de asalto” recordando los vejámenes del fascismo, es la clara muestra de una administración distrital que desprecia la protesta social y solo la ve desde la represión y la acción violencia.
Ante eso no podemos guardar silencio, no podemos caer, por indiferencia o por desinterés, en la normalización de una violencia institucional que estigmatiza y degrada el sentido de la protesta social. Sin la garantía a la protesta no hay democracia; si las instituciones, empezando por la Fuerza Pública, se abstraen de repeler a quienes incitan a la violencia con elementos contundentes (así no sean en propiedad armas letales) y estos se toman la atribución, en las narices de la misma Policía, de asumir “una defensa”, pues simplemente se está legitimando un comportamiento fascista que, más temprano que tarde, podría escalar en hechos aún más graves.
Si como sociedad no defendemos la garantía y el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y de opinión, si no rechazamos, de frente y con contundencia, la estigmatización de quienes marchan, estaremos guardando un silencio cómplice ante actitudes fascistas que solo pretenden arrinconar la libertad con violencia. Porque eso es lo que buscan los fascistas: uniformidad en el pensamiento y resolver las tensiones sociales con violencia. Algo que no podemos permitir, porque, como ya lo advertí, sin la garantía a la protesta social no hay democracia. Se extingue.
Comentar