“La adquisición de este software, que debía ser usado para combatir el crimen organizado, rápidamente fue señalada por ser utilizada para espiar a periodistas, opositores políticos y ciudadanos comunes”
En septiembre del 2023 salió a la luz el escándalo de Pegasus, el software espía utilizado para espiar y perseguir a opositores, periodistas y personajes públicos contrarios a las ideas y posturas del gobierno durante el mandato de Iván Duque.
Fue el gobierno de Gustavo Petro quien reveló el descubrimiento, por medio de un documento que vinculó a la inteligencia policial del gobierno de Iván Duque con la compra de esta herramienta. El objetivo era interceptar comunicaciones de periodistas y opositores, violando los derechos fundamentales a la privacidad y la libertad de expresión, al estilo de las dictaduras más tiranas de la historia universal.
El caso Pegasus ha sacudido a sectores de la sociedad colombiana, revelando las prácticas ilegales de espionaje que se llevaron a cabo durante el gobierno de Iván Duque. La adquisición del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, no sólo implica un uso indebido de fondos públicos, sino también una violación masiva de derechos fundamentales. Imagínese usted, lector, lectora, que un gobierno utilice los recursos de sus impuestos para comprar herramientas para espiar a sus opositores y enemigos políticos. Este caso incluye responsables, crímenes cometidos e implicaciones éticas, morales y constitucionales.
¿Cómo comenzó el escándalo Pegasus?
En 2019, bajo la administración de Iván Duque, el gobierno colombiano adquirió el software Pegasus, una herramienta de espionaje altamente sofisticada capaz de infiltrarse en teléfonos móviles para recolectar datos sensibles como mensajes, llamadas, fotos e incluso activar micrófonos y cámaras sin que el usuario se diera cuenta. La adquisición de este software, que debía ser usado para combatir el crimen organizado, rápidamente fue señalada por ser utilizada para espiar a periodistas, opositores políticos y ciudadanos comunes, lo que generó un gran revuelo.
Lo que agravó el escándalo fue la revelación de que el software fue comprado con dinero en efectivo, presuntamente de origen ilícito, lo que abre sospechas sobre lavado de activos y corrupción dentro del gobierno de Duque. Este acto oscuro y altamente controversial no sólo expuso las intenciones reales detrás del uso del software, sino también la manera en que se manejó el proceso de adquisición, sin transparencia y bajo una nube de ilegalidad.
Responsables políticos y autores materiales
Todo escándalo político, y más de esta magnitud, debe tener responsables dentro del gobierno de turno. El escándalo señala a varios altos funcionarios del gobierno de Duque como los responsables principales. Entre ellos se encuentran el viceministro de Defensa, Jairo García, y el general retirado Juan Diego Sepúlveda, quienes participaron activamente en las negociaciones para la compra del software en Israel. Estos funcionarios son los responsables políticos directos, ya que su papel fue crucial en la adquisición de Pegasus y en la implementación de su uso en Colombia.
Los autores materiales también incluyen a los organismos de inteligencia que, bajo la supervisión del gobierno, utilizaron el software para espiar a ciudadanos sin su consentimiento. Esto constituye un abuso de poder por parte del Estado, y una violación directa a la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones.
¿Con qué fin se hizo?
Aunque el gobierno intentó justificar la compra del software bajo el argumento de que “era necesario para combatir el crimen organizado”, las investigaciones y denuncias han revelado que Pegasus fue utilizado para espiar a figuras públicas, periodistas y opositores políticos. Este uso indebido del software demuestra que el verdadero propósito no era la seguridad nacional, sino el control y la vigilancia de quienes podían representar una amenaza política para el gobierno de Duque.
Faltas éticas, morales y constitucionales
Porsupuesto siempre la ética y la moral tienen que estar por encima de todo y en medio del dialogo social. Tan sólo así podremos hablar de una sociedad justa. El uso de Pegasus en Colombia cruzó varios límites éticos y morales. Y ya sabemos que el gobierno del tirano Duque, jamás supo, ni quiso saber, de ética y moral.
- Violación del derecho a la privacidad: El espionaje sin consentimiento constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad, consagrado en la Constitución colombiana. Los ciudadanos tienen el derecho a que sus datos personales y sus comunicaciones permanezcan privadas, y el uso de Pegasus para infiltrar dispositivos móviles es una clara infracción a este derecho.
- Abuso de poder: Al utilizar un software de espionaje destinado a la seguridad nacional para vigilar a periodistas y figuras políticas, el gobierno de Duque abusó de su autoridad. Esto representa una manipulación del poder con fines personales y políticos, socavando la democracia.
- Corrupción y lavado de activos: El hecho de que el software fue comprado con dinero en efectivo, probablemente proveniente del narcotráfico, agrava el caso. Este acto no sólo es ilegal, sino que también es moralmente reprochable, ya que implica la participación del gobierno en actividades ilícitas.
- Atentado contra la libertad de expresión: El espionaje a periodistas es un ataque directo contra la libertad de prensa, un pilar fundamental de la democracia. Este acto tiene un efecto paralizador en el periodismo, inhibiendo la capacidad de los medios para investigar y denunciar actos de corrupción o abuso de poder.
Implicaciones legales y políticas
Quizás se deba a nuestra ingenuidad o a aquella obsesión de algunos por que los que cometan crímenes paguen sus culpas y condenas como lo demanda la ley y la justicia, pero hay quienes siempre esperamos que algún ente, ojalá el correspondiente, tome medidas al respecto y solucione aquellos dilemas éticos y morales que siempre terminan corriéndose a beneficio de unos pocos..
Dada la gravedad de los hechos, las implicaciones legales para los responsables políticos y materiales deberían ser profundas. La justicia colombiana debe investigar exhaustivamente para determinar la responsabilidad penal de quienes participaron en la compra y el uso de Pegasus. La justicia colombiana ahora deberá determinar qué medidas tomar frente a los responsable políticos y materiales de este acto grave.
Los responsables directos, como los altos funcionarios que facilitaron la compra del software, deben enfrentar cargos por abuso de autoridad, violación de la privacidad, y posiblemente lavado de activos. Las investigaciones deben ser exhaustivas y transparentes, y las consecuencias legales podrían incluir penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además de las sanciones penales, los responsables políticos deben rendir cuentas ante el Congreso y la ciudadanía. Los debates de control político son fundamentales para esclarecer el alcance de este abuso de poder. Si se confirma su responsabilidad, los involucrados deberían ser destituidos e impedidos de volver a ocupar cargos de confianza en el futuro.
Por otra parte, aquellas personas que fueron espiadas ilegalmente tienen derecho a recibir una compensación por la violación de sus derechos. Además, el Estado colombiano debería ofrecer disculpas públicas y garantizar que estas prácticas no se repitan en el futuro.
El caso Pegasus es un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando un gobierno cruza los límites éticos, morales y constitucionales en nombre de la «seguridad nacional». El espionaje a ciudadanos y periodistas es una violación flagrante de los derechos humanos y representa un abuso de poder que no puede ser tolerado. Es crucial que la justicia colombiana actúe con firmeza para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones, y que se restablezca la confianza en las instituciones públicas.
Este escándalo no debe quedar impune, y el pueblo colombiano tiene el derecho de exigir transparencia, justicia y una reparación adecuada a las víctimas de este abuso de poder. La democracia sólo puede sobrevivir si los principios fundamentales, como la privacidad y la libertad de prensa, son protegidos de manera rigurosa y sin excepciones.
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