El diputado de Antioquia, Juancho Muñoz, ha lanzado una dura denuncia contra la administración del gobernador Andrés Julián Rendón, quien, según él, está tomando decisiones que perjudican gravemente a la comunidad. En un mensaje claro y directo, Muñoz ha señalado que el gobernador tiene en la mira a la Escuela Contra la Drogadicción (ECD), una institución que ha sido clave en la lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas y la atención de las personas afectadas por las adicciones en el departamento.
La amenaza a una institución fundamental
El diputado Muñoz no ha dudado en calificar la posible liquidación de la ECD como un nuevo golpe a los antioqueños. A través de sus declaraciones, ha dejado claro su desacuerdo con las decisiones del gobernador y ha cuestionado sus motivos. Muñoz advirtió: “¡Atención Antioquia! El gobernador Andrés Rendón parece empeñado en seguir golpeando a los antioqueños. Ahora tiene en la mira a la Escuela Contra la Drogadicción, una institución vital para evitar que se siga esparciendo el consumo problemático y dependiente de sustancias psicoactivas en el departamento.”
Esta denuncia surge en un momento crítico, cuando la comunidad se enfrenta a la incertidumbre sobre el futuro de la institución. Muñoz también mencionó la posibilidad de que el gobernador no solo quiera eliminarla, sino que podría estar intentando fusionarla con otras entidades, como el Hospital Mental y Carisma, lo que podría despojarla de su esencia investigadora y su capacidad para generar conocimiento sobre las dinámicas del consumo de drogas y adicciones.
Conoce aquí el video completo: https://www.instagram.com/juancho.mq/reel/DGbXbr7pp_7/
La falta de claridad y la preocupación de los trabajadores
Uno de los puntos más preocupantes que ha señalado el diputado tiene que ver con la falta de claridad sobre lo que realmente está sucediendo dentro de la ECD. Muñoz resaltó el ambiente de incertidumbre que se ha creado entre los trabajadores de la institución, quienes se sienten amenazados por la falta de información clara sobre el futuro de sus empleos y la dirección de la escuela. Según el diputado:
“El terror que vienen generando entre los trabajadores de la entidad por la falta de claridad al respecto” es un tema que debe ser atendido urgentemente por las autoridades.
La falta de comunicación efectiva y las dudas sobre el destino de la escuela han puesto en una situación delicada a los empleados de la institución, quienes temen por la estabilidad de sus puestos laborales. Además, el cierre o la transformación de la escuela podría significar un retroceso en los avances logrados en la atención de la drogadicción en el departamento, un área crítica para la salud pública.
La importancia de la Escuela Contra la Drogadicción
Muñoz recordó que la Escuela Contra la Drogadicción no es solo una institución educativa, sino un centro de investigación científica fundamental para comprender las dinámicas del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. La ECD se ha enfocado en la reducción de riesgos y daños, abordando el problema desde una perspectiva científica y humanitaria, en lugar de caer en la estigmatización y el prejuicio que suelen acompañar el tratamiento de las personas afectadas por la drogadicción.
El trabajo realizado por la ECD ha sido clave para ofrecer soluciones innovadoras y efectivas a los problemas que enfrentan los jóvenes y las comunidades más vulnerables del departamento. En este sentido, el diputado hizo énfasis en la importancia de mantener la esencia de la escuela como un centro de conocimiento y reflexión sobre las adicciones, que permita crear políticas públicas basadas en la evidencia científica.
Preguntas sin respuesta
Uno de los cuestionamientos más contundentes del diputado Muñoz tiene que ver con las razones detrás del posible desmantelamiento de esta institución. En sus palabras, “¿Por qué quiere el gobernador Rendón desmantelar esta importante institución? ¿Qué intereses hay detrás de esta decisión? Los antioqueños merecemos saber la verdad y exigir que se proteja esta valiosa herramienta que permite humanizar al consumidor y sus familias, buscando las raíces multidimensionales del problema en perspectiva de indagar por soluciones igualmente multidimensionales.”
El diputado ha hecho un llamado a la comunidad antioqueña para que exija respuestas claras y transparentes sobre el futuro de la ECD y la manera en que se están manejando los recursos públicos. Los antioqueños tienen el derecho de saber si existe alguna justificación válida para tomar decisiones que afecten tan gravemente a una institución que ha tenido un impacto tan positivo en la lucha contra las adicciones y en la mejora de la salud pública.
El Uso Indebido de las Instalaciones: Un Nuevo Escándalo
Además de la liquidación de la ECD, otro tema que ha salido a la luz en las últimas semanas son las denuncias sobre el uso indebido de las instalaciones de la escuela. Se ha revelado que el club deportivo privado «Forjadores» de Rionegro ha estado utilizando las canchas de la escuela para entrenamientos regulares, lo que ha generado inquietud sobre el uso de los bienes públicos. Aunque no se ha demostrado una vinculación directa con la administración del gobernador, la situación ha generado más preguntas sobre la gestión de los recursos de la escuela y la transparencia en el uso de sus instalaciones.
Un llamado a la acción
La comunidad antioqueña se encuentra ante una encrucijada. La posible liquidación de la Escuela Contra la Drogadicción y las denuncias sobre el uso indebido de sus instalaciones exigen una respuesta clara por parte del gobierno departamental. Los antioqueños merecen saber qué está sucediendo con esta institución, que ha sido vital en la protección de la salud pública y en la lucha contra las adicciones.
Es urgente que las autoridades den explicaciones sobre el futuro de la escuela y la gestión de los recursos públicos. Además, es fundamental que se protejan los derechos de los trabajadores y que se garantice la continuidad del trabajo de investigación y prevención realizado por la ECD. La comunidad debe exigir una gestión responsable y transparente, que priorice el bienestar social por encima de intereses privados o políticos.
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