En Colombia se ha vuelto común hablar del Congreso de la República con una mezcla de desconfianza, ironía y hastío. Para amplios sectores de la ciudadanía, el Senado y la Cámara de Representantes encarnan una política lejana, poco efectiva y desconectada de las preocupaciones cotidianas. Las encuestas lo confirman: el Congreso es hoy una de las instituciones con peor imagen pública, asociada recurrentemente con corrupción, clientelismo y baja capacidad de respuesta.
Esta percepción no surgió de la nada. Es el resultado de años de malas prácticas, escándalos reiterados y una producción legislativa que, en demasiadas ocasiones, no logra traducirse en mejoras concretas para la vida de los ciudadanos. A ello se suma una débil rendición de cuentas: muchos colombianos no saben qué hacen sus congresistas, cómo votan o cuáles son los impactos reales de su trabajo. En ese vacío informativo, la confianza se erosiona.
Sin embargo, sería un error confundir la crisis de imagen del Congreso con su irrelevancia democrática. El problema no es la institución en sí, sino la forma como ha venido ejerciendo sus funciones. De hecho, aun en medio del descrédito, persiste una expectativa clara: la ciudadanía quiere un Congreso que legisle mejor, que controle al Ejecutivo con seriedad y que represente de manera efectiva la pluralidad del país.
La democracia no se sostiene únicamente en elecciones o liderazgos fuertes. Se sostiene, sobre todo, en instituciones capaces de equilibrar el poder, canalizar los conflictos y evitar su concentración. En ese sentido, el Congreso sigue siendo un pilar insustituible del Estado de Derecho. No es una afirmación retórica. James Madison lo expresó con claridad en El Federalista al advertir que “la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, puede considerarse con justicia como la definición misma de la tiranía”. Un Congreso debilitado o desprestigiado no fortalece la democracia; la expone.
La discusión de fondo, entonces, no es si necesitamos Congreso, sino qué tipo de Congreso necesita hoy Colombia. La respuesta pasa por cambios concretos y verificables: una agenda legislativa centrada en seguridad, salud, empleo y costo de vida; mayor transparencia en la actuación de los congresistas; controles reales frente a la corrupción y el clientelismo; y una profesionalización del trabajo legislativo que eleve la calidad de las leyes y del control político.
También implica una relación distinta con la ciudadanía. No basta con la presencia simbólica en los territorios o la comunicación episódica. Se requiere diálogo permanente, pedagogía institucional y seguimiento a los compromisos asumidos. En particular, en los entornos urbanos —donde el voto de opinión es cada vez más decisivo— la exigencia de coherencia y resultados es mayor.
Recuperar la confianza en el Congreso no será fácil ni inmediato. Exige consistencia entre discurso y práctica, menos protagonismo individual y más responsabilidad institucional. Pero también exige comprender que deslegitimar al Congreso como institución no es una solución a los problemas de la política: es, en realidad, un riesgo para la democracia.
La crisis actual puede y debe ser una oportunidad. No para idealizar al Congreso, sino para reconstruirlo como un espacio de deliberación seria, control efectivo y representación real. Un Congreso que, lejos de ser un obstáculo, vuelva a ser un garante de la democracia que dice representar.
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