El continuo incremento en el precio de la gasolina durante los últimos 11 meses ha suscitado inquietudes y controversias en Colombia. A pesar de las diversas opiniones que circulan, es fundamental analizar detenidamente las razones detrás de esta medida y su pertinencia en el contexto del país.
El alza constante en el precio de la gasolina, que ya acumula un incremento de alrededor de $4.500 pesos, equivalente a un aumento de aproximadamente el 47% en términos porcentuales, se enmarca en una estrategia gubernamental destinada a cerrar la considerable brecha existente entre el precio local y el precio internacional de este combustible en Colombia. Aunque esta medida impopular ha generado malestar, especialmente en sectores como el gremio taxista, que ha protagonizado paros y protestas en el último mes, es crucial analizar más allá de las reacciones inmediatas y comprender los fundamentos detrás de esta política.
Es importante destacar que el incremento en el precio de la gasolina se justifica desde una perspectiva económica y fiscal. Durante el año pasado, los subsidios a los combustibles representaron un gasto exorbitante de más de 36 billones de pesos. Esta cifra, desde el punto de vista fiscal, resulta insostenible y contraproducente para las finanzas del Estado. Estos subsidios irresponsables contribuyeron al aumento del déficit durante el gobierno anterior, liderado por Iván Duque.
A pesar de los argumentos que sugieren que el Estado debería continuar sufragando estos costos, es esencial comprender cómo se financian estos subsidios. Los recursos provienen de los impuestos pagados por todos los ciudadanos. No obstante, el problema radica en que este subsidio es altamente regresivo, beneficiando no solo a los hogares pobres y vulnerables, sino también, en mayor proporción, a los hogares de clase media y alta. Esto significa que, mientras las personas de bajos ingresos utilizan principalmente el transporte público, los hogares de mayores recursos tienen varios vehículos que consumen gasolina, lo que resulta en un subsidio desproporcionado a los estratos más altos.
Además, mantener los subsidios a la gasolina carece de coherencia en el contexto de la transición energética que el país está promoviendo hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. El aumento en el costo de la gasolina naturalmente desalienta su uso y fomenta la adopción de alternativas más amigables con el medio ambiente. En este sentido, el gobierno está enviando una señal acertada al encarecer la gasolina hasta alcanzar un equilibrio en torno a los $16.000 pesos por galón.
Sin embargo, el desafío más relevante y de mayor impacto está por venir: el incremento en el precio del ACPM, utilizado mayoritariamente en maquinarias de carga y transporte. El gobierno ha adoptado un enfoque prudente, considerando el actual contexto inflacionario y su potencial impacto en los costos de transporte y, por ende, en el precio de los alimentos. No obstante, podría ser necesario que, a partir del inicio de 2024, se implemente gradualmente un aumento en el precio del ACPM. Este combustible representa alrededor del 75% del costo total del subsidio y su precio actual está significativamente por debajo del precio internacional.
Para ser claros y entender el aumento de estos combustibles es necesario comprender que el aumento sostenido en el precio de la gasolina, a pesar de generar reacciones variadas en la sociedad, tiene razones importantísimas detrás de esta medida y su coherencia con los objetivos fiscales y medioambientales que tenemos como país. Aunque pueda ser impopular, esta política representa un paso responsable hacia la sostenibilidad económica y la transición energética, ajustándose a las necesidades y desafíos actuales que tenemos como país.
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