El 3 de enero de 2026, Venezuela, junto con el resto del mundo, despertó ante una nueva realidad: el peligroso relato socialista se fracturó. La idea de que cualquier abuso justifica la no intervención somete la libertad frente a la soberanía y la “estabilidad” de un régimen. Lo sucedido no es un hecho aislado ni un simple cambio de escenario político; es, por el contrario, una enorme grieta en una narrativa donde el exceso de poder se blinda mediante el victimismo ideológico.
La detención de Maduro no inaugura una era de intervenciones imperialistas salvadoras al estilo Misión Imposible; tampoco debería celebrarse como tal. La libertad impuesta no es auténtica, ni decretada ni gestionada como política exterior. La libertad se conquista, cuesta muy caro y los riesgos de mantenerla son altos; pero aún mayor es la responsabilidad cívica que implica. Paradójicamente, es la mayor satisfacción que un individuo o una nación pueden alcanzar.
Cuando un hecho es decisivo y valiente, no supone defender el intervencionismo ni dejar de creer en la soberanía de los países. Esa confusión no es ingenua: es una estrategia deliberada de la izquierda para desacreditar cualquier avance que el colectivismo no controle ideológicamente. El problema no es lo ocurrido, sino lo que las narrativas arrastran consigo: una serie de mentiras que victimizan a un dictador y, peor aún, ¡a un pueblo entero!
En cualquier historia existen los buenos y los malos; lo mismo sucede con el socialismo en la región. Sin ellos, quedan expuestas sus prácticas comunes: censura, corrupción, alianzas criminales, empobrecimiento estructural y represión. Por eso, cada vez que un régimen autoritario se debilita, los otros sistemas afines buscan la respuesta en su manual y entonces se activan las teorías de conspiración, la injerencia, el imperialismo y la desestabilización. Nunca autocrítica; jamás responsabilidad.
La verdad incómoda: los sistemas autoritarios no protegen la soberanía ni le temen a la intervención, sino a la pérdida del control y de la narrativa: a la verdad. La idea de que los pueblos descubran que la miseria no fue culpa del “neoliberalismo”, que la violencia no era inevitable y que el fracaso económico fue un acto kamikaze resulta simplemente inaceptable. Aun así, la historia latinoamericana está llena de transiciones fallidas, en las que el colapso de un poder autoritario dio paso a nuevas formas de tutela, dependencia o populismo reciclado.
El punto no es quién hizo qué, sino qué sigue. Hoy celebramos que ya no hay un dictador y depositamos la esperanza en la paz que esto puede traer; pero el riesgo a largo plazo es que la narrativa logre resignificar los hechos para reinstalar su hegemonía moral. Cambian los nombres, los símbolos, pero el mecanismo es el mismo: el individuo vuelve a quedar subordinado, el Estado se erige como árbitro moral y la libertad se redefine como concesión.
Defender la libertad no es elegir bandos ni estar del lado de “los buenos”; implica exigir y consolidar instituciones sólidas, procurar la división de poderes, respetar sus límites y asegurar que cada ciudadano sea igual ante la ley. La democracia no es solo votar: es comprender que no existen derechos sin responsabilidades y que el Estado no es un sustituto paterno, sino una institución que debe ser controlada permanentemente.
La situación actual en Venezuela no es un pase automático a la libertad: es una oportunidad que corre el riesgo de perderse si caemos en la lógica del miedo, la dependencia y el victimismo. Cuando la libertad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una posibilidad real, su poder se erosiona. El desafío es resistir tanto al autoritarismo derrotado como a las nuevas narrativas que pretenden ocupar su lugar: ese es el verdadero punto de inflexión.
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