Al Poniente conversó con el senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, acerca de los retos que tiene el país en materia de salud.
¿Cuál es su visión actual del sistema de salud colombiano?
Creo que el sistema de salud colombiano empieza un nuevo ciclo después de la Ley 100, una ley que en papel es espléndida porque le indica al país y a las instituciones del país que debe brindar los servicios de salud al pueblo colombiano; sin embargo, cuando se legisla sobre la Ley 100, se encuentran deficiencias profundas y estructurales en el sistema, un sistema que estaba previsto para atender el 25% de la población, y no contaba con la estructura, el financiamiento, ni el personal.
Lo que el sistema hizo en estos 25 años fue tratar de llegar a cubrir al 100% de la población en el año 2000, y solo se alcanzó al 50%. En ese afán se siguió tabulando la información pero no se desatrasó de fondo la falencia de personal, infraestructura, prestadores. Hay grandes déficits todavía, en el 2018 nos encontramos con un sistema con muchas falencias financieras. En los extremos del país, como La Guajira, Amazonas, Chocó o Vaupés, no hay hospitales de nivel 3. Si los hay, no están funcionando. Hay mucha falta de planificación, no hay políticas claras y con carácter de continuidad en el país.
El problema principal en Colombia es la desregulación que tienen las Empresas Prestadoras de Salud. Casos como el Medimás, y sus antecesores Saludcoop y Cafesalud, son la muestra de una serie de problemas que nunca han sido solucionados desde que se emitió la Ley 100.
Es grave la situación, porque algunos recursos públicos que están entrando a las EPS se destinan a fines diferentes a la prestación de servicios de salud, cuando la orden es que sean destinados específicamente ala prestación del servicio.
Otro factor agravante es la información, pues no ha sido simétrica para el gobierno y por esto se han tomado decisiones incorrectas. A pesar de que hay sentencias de las cortes y de la Procuraduría, no se hace seguimiento y veeduría a la contratación.
El déficit del sistema tiene mucho que ver con la corrupción y la desfinanciación de las EPS. Hice un estudio minucioso de 35 EPS, y solo nueve de ellas funcionan bien, incluso, si bien estas tienen un patrimonio positivo, entre el 60% y 80% de la cartera está pendiente por cobrar: en últimas, son empresas fallidas, no tienen liquidez y es ahí donde se generan las deudas con los hospitales que hoy rondan entre cinco y ocho billones de pesos. Si no solucionamos pronto esta situación, nos veremos en riesgo de entrar en una crisis social como la que vivimos en 2008 o 2009.
El sistema, de hecho, está tan desfinanciado que el gobierno está pensando en una Ley de Punto Final, que es básicamente pagar todas las deudas para que el sistema arranque de cero, pero si no corregimos los problemas de fondo, los estructurales, en siete años vamos a estar otra vez en las mismas.
Es clave también repensar la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es lo que se le da a cada EPS para que atienda a los pacientes por año. Evalur si es suficiente o no, porque en Colombia se reciben $250 dólares anuales por usuario, mientras que por ejemplo, en Estados Unidos, se giran $9.000 dólares, teniendo en cuenta que el sistema colombiano mucho más solidario que el estadounidense.
Por último, creo que debe regularse el sistema. Sugiero que la Superintendencia Financiera vigile el flujo y destinación de los dineros, y que la Superintendencia de Salud asuma el control de calidad del sistema de salud; que se separen esas funciones porque las EPS son un negocio netamente financiero y debe ser vigilado por quienes saben. Supersalud no funciona bien, tiene poco más de seiscientos empleados para vigilar más de 40.000 entidades y eso no sirve, hay una desventaja de fondo en la manera como se puede enfrentar la salud y vigilancia de la salud con el control financiero del sector. Por el contrario, la Superfinanciera sí cuenta con una vigilancia mucho más juiciosa y ha establecido parámetros y estadísticas para medir y evaluar esos dineros.
¿Cree que el sector privado puede competir fuertemente y nivelar los precios?
El sector privado ya interviene y se queda con mucha parte del dinero, el receptor final de los dineros son las empresas farmacéuticas, y no dan abasto, no han funcionado.
¿Podría decirse entonces que hay un cartel entre las farmacéuticas y las EPS?
Lo hay, las mallas de información del país en donde se recoge la información para conocer los precios y tiempos de atención a pacientes las proveen las EPS. Ya tenemos el caso de ACEMI, por ejemplo; en el 2016 se descubrió que 16 EPS, de las más grandes del país, se unieron para falsificar información, alterar los precios y en últimas, robar. Algo bueno que hizo el ministro Gaviria fue aumentar las mallas de control a nueve pero todavía tenemos información poco confiable.
Es importante mencionar que nada de lo que hagamos va a funcionar si no pensamos en la prevención. El quinto punto del Pacto Nacional por la Salud que propuse pone de manifiesto este enfoque. En el sistema actual no hay incentivos para la promoción ni la prevención. Fui juzgado en días anteriores por haber votado a favor de la entrada de Colombia a la OCDE, una organización que muestra los puntos de referencia en salud que tienen los países desarrollados para saber a dónde debemos llegar y cuáles son las metas que se deben cumplir. Los países de la OCDE invierten el 2,9% del presupuesto en salud en actividades de promoción y prevención, mientras que, en Colombia se invierte el 0,06% y así es imposible. El 21,36% de las enfermedades “prevenibles” se prevendrían con programas de promoción y prevención pero, como no los hay, terminamos desgastando el sistema.
¿Cómo hacemos para que los jueces y el sistema judicial en general, se empapen más del sistema de salud colombiano?
La desfinanciación del sistema puede ser por tres causas: porque la UPC es muy baja, por la corrupción y por la destinación diferente de los recursos de la salud. Cuando un negocio es financiero y la suma es de $100.000 o $200.000 millones, los intereses que estos generan son muy altos. Si usted saca plata para construir un hospital, no le conviene que las personas estén yendo al hospital, sino que les manda tratamiento barato y demás. Eso refleja que la gente ha tenido que recurrir al sistema judicial para exigir los derechos que tienen, porque las EPS se acostumbraron a poner ‘talanqueras’ y demoras para prestar los servicios, porque precisamente esa demora les genera a ellos rentas financieras.
¿Hay cálculos que nos indiquen la rentabilidad por tasas de interés que están recibiendo las EPS?
No tengo el dato pero sí lo hay, lo que pasa es que ya sabemos que hay demoras que son de gusto; el sistema se acostumbró, por los incentivos que hay, a que la tardanza en las operaciones les genera réditos financieros porque son dineros que no salen, se aplaza su egreso.
¿El sistema les exige a las EPS usar esa rentabilidad en su operación?
No, pero más allá de eso, hay otra cosas: los costos de funcionamiento de las EPS en Colombia son muy superiores comparados con los costos de los demás países de la OCDE, el promedio de los países de la OCDE es del 2% al 3% mientras que en Colombia las EPS cobran por su operación entre el 8% y el 10%, es decir, tres y cuatro veces más. Debemos empezar a mirar por qué en Colombia es tan costosa la operación, dónde está el sobrecosto, por qué se necesita tanta gente o tanta plata en sistemas que son, incluso, más económicos que los demás.
¿Cree que era necesario el cambio en el Plan Obligatorio de Salud?
El Plan Obligatorio de Salud continúa, lo que cambió es lo NO POS, lo no incluido; lo que ha sucedido en el sistema es que lo POS ya no lo entregan ni siquiera a tiempo, y que el NO POS carece de regulación. En Colombia, aquellos que tienen capacidad de pago, lo deberían hacer. El sistema no aguanta. Hay que hacer una intervención pero no considero conveniente que la intervención se haga ahora porque, como lo he dicho, hay mucha corrupción, no sabemos si la UPC es suficiente y la desregulación que hay en el sistema puede generar un efecto adverso.
Puede ser que si nosotros, por ejemplo, obligamos a que un porcentaje de la UPC sea destinado a promoción y prevención, empecemos a encontrar resultados. No estoy de acuerdo con que se acabe la Ley 100 porque es una ley maravillosa que, en el papel, le presta la atención a todos los colombianos, pero sí hay que regularla. No estoy de acuerdo con la Ley de Punto Final si no se hacen acuerdos y se establecen parámetros para que no se roben la plata de nuevo.
¿Cómo hacemos para que el INVIMA y el Instituto Nacional de Metrología adquieran facultades que les permitan identificar la “zona gris” de los medicamentos y se abaraten los costos del mercado?
El exministro de salud Alejandro Gaviria tuvo una muy buena intervención en la regulación de los precios de los medicamentos, creo que es algo muy bien hecho, que hace parte de la soberanía nacional y es una pelea que hay que seguir dando. También hay que obligar a los médicos a que utilicen los medicamentos que son más baratos porque hay unos incentivos perversos, como viajes, para los médicos que receten ciertos medicamentos y generen ganancias más altas para los hospitales. Con el NO POS al médico se le da autonomía para que ordene los tratamientos a los usuarios, pero a veces se prescriben medicamentos excesivamente costosos y el sistema no aguanta. Entonces, si hay una opción terapéutica que es válida y es útil para los pacientes, se les debe decir a los usuarios que sean ellos quienes asuman parte de esos gastos.
