A partir de este 20 de julio, el Congreso de la República retomará el debate de los proyectos de ley que o bien han sido impuestos por la opinión pública, como mecanismo para atender las necesidades más sentidas del conglomerado, o los que se presentan bajo la bandera de un interés en específico, y con ello me refiero a los sectores económicos, los acuerdos políticos o por el mero afán de nuestros parlamentarios de sobresalir; a veces ni siquiera es necesario presentar un proyecto de ley que repercuta en una realidad material de la población, con solo hacer que se declare un día de conmemoración, declarar un sitio emblemático del país como patrimonio, o que se rindan honores a personajes de la vida nacional, con ello ya algunos de nuestros ‘padres de la patria’ sienten que su labor ha sido hecha y es suficiente.
Mucho se ha hablado de la ‘hiperinflación legislativa’ que básicamente tiene que ver con la excesiva cantidad de normas que se expiden al año en el país. Solo por tener un panorama ello, al momento de redactar este texto, se encontraban publicadas 2.021 leyes debidamente sancionadas, sin contar con el cúmulo de proyectos legislativos que aún se encontraban pendientes de sanción u objeción en el despacho del presidente, que se aprobaron en la primera legislatura del 2020.
Sustancialidad e impacto
Ahora bien, de esas más de dos mil normas expedidas desde el año 1991, ¿cuáles representaron acciones que incidieron en la calidad de vida de los colombianos? ¿cuántas de ellas incoherentes entre sí? ¿Cuántas de ellas superaron todo el trámite legislativo para resolver un error, un vacío que no fue previsto al momento de redactar la ley inicial?, quitándole la posibilidad de que algún tema de real impacto sea debatido en comisión o plenaria.
Como mencioné al introducirme, nuestros parlamentarios han estado lejos del sentir de sus electores, al legislar para sectores económicos o por meros acuerdos partidistas, dejan de lado los temas sustanciales o que generan controversias, si por ello pueden convertirse en carne de cañón de la oposición o si es escandaloso para la opinión pública. Y es que ni siquiera se atienen a criterios técnicos. Si no está en su agenda, no importa si se está ante un inminente colapso… el tema sencillamente no se toca.
Los temas que de verdad importan
No soy de los que se abrazan del absurdo de que, a todo los hechos políticos y económicos relevantes del país una nueva ley les debe esperar para atenderlos. Nada más lejano de lo que en verdad debe suceder. Si bien estamos bajo un sistema que privilegia y exalta la norma escrita, no todo se resuelve a través de estas.
Aunque parezca caprichoso, en el tintero legislativo aún quedan pendientes muchos temas que se han evadido durante muchos años bajo la sombrilla de la ‘voluntad política’ -entendida como el interés preponderante del gobierno o congresistas de turno- o de la inconveniencia para el país.
Las llamadas curules de víctimas o Circunscripciones de paz, aún no han logrado representar un asunto digno de la voluntad política de nuestros parlamentarios, así mismo, la reforma al sistema penitenciario del país, la tan mediática y prometedora reforma anticorrupción (ojalá más sistémica, más moderna y más de fondo), la reforma al sistema judicial como garantía y no como un martirio, la verdadera manifestación de la soberanía del estado en todo el territorio nacional y no solo con pie de fuerza, reforma electoral, normas para efectivo reconocimiento y respeto de las grupos étnicos por sus tierras, costumbres y vida, la modernización real y efectiva del Estado y otros sinfín de temas que si son una prioridad para nuestra vida en sociedad pero que no logran llenar sus aspiraciones de protagonismo para las próximas elecciones.
Seguridad jurídica, temas difíciles y la corte
No siendo su competencia, la Honorable Corte Constitucional ha sido quien ha tenido salir a dar la cara, ya sea para establecer regímenes -a veces solo temporales- mientras se expide una ley o exhortar a quien tiene la responsabilidad de legislar para que así lo haga, como en los casos de la Eutanasia (Sentencia T 970 de 2014), el Aborto (Sentencia C-355 de 2006), la dosis personal y el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo (Sentencia SU-214 de 2016). La corte, a veces amada, a veces lapidada, ha sido la salida de emergencia que dejó el constituyente para casos extremos, como garantía de la tan anhelada seguridad jurídica.
Por fortuna no todo está perdido. Aún queda mucho trecho para reivindicar años de evasión y olvido. No pretendo ser quien defina la agenda legislativa del país, he querido referir a la deuda histórica de nuestro congreso frente a temas coyunturales y de fondo como la flagrante desigualdad económica, la modernización del estado y la adaptación administrativa ante flagelos tan evidentes como la corrupción, etc.
Que a partir del próximo 20 de julio nuestros representantes se pongan la mano en el corazón y comprendan para quién legislan.
Adenda: El COVID-19 nos ha exigido dimensionar una nueva forma de hacer las cosas, esperemos que el congreso esté a la altura del nuevo reto que se nos avecina y logre legislar para la Colombia de la Postpandemia.
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