El Congreso de los “extremos” encara su última legislatura

Dos escenas ilustran con nitidez los desafíos que le asisten al Congreso en su cuarta y última legislatura. Por un lado, un presidente discursivamente sólido y empeñado en presentar los cimientos de su legado agradeció “a las mayorías del Congreso su actitud cuando decidieron aprobar las reformas laboral y pensional” -un logró, valga decirlo, no excepto tanto de un mecanismo nauseabundo de chantaje como de una eficaz estrategia de presión (la consulta popular)-; y por el otro, el derecho a réplica consagrado en el estatuto de la oposición aturdido por el coro agresivo de las huestes de la oposición vs. el radicalismo exacerbado de la bancada gobiernista.

El clima de tensión que se vivió en la instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio en algo recordó aquella deshonrosa despedida que este mismo Congreso le estampó a Duque en su último discurso desde el capitolio.

Ahora bien, concluido el griterío se definió la composición de las Mesas Directivas de Cámara y Senado -sin mayor sorpresa – y el Gobierno corrió a presentar un “punto de honor” de su última agenda legislativa: el marco jurídico de sometimiento a la justicia de la Paz Total.

Todavía no es claro si piensa insistir -en una legislatura donde el grueso de los congresistas está más empeñado en asegurar su reelección o en heredar sus curules- en proyectos de ley que, al menos, sobre el papel, se presentaron como prioritarios entre la segunda y tercera legislatura. Enuncio dos que surtieron varias etapas de diseño y socialización, pero que, a la fecha, no se han radicado para avanzar en un primer debate: la reforma al código minero y la reforma a la ley de servicios públicos.

Tampoco es claro si le meterá la ficha a la discusión de la reforma a la ley 30 de educación superior. Un proyecto de estricta necesidad para estabilizar las finanzas de las universidades públicas viabilizando su permanencia a mediano plazo, pero que infortunadamente sigue agonizando, entre la desidia y el desinterés, en la plenaria del Senado. ¿Dónde quedó el compromiso por el rescate financiero de la educación superior pública?

No soy ingenuo, la última legislatura del Congreso suele ser la más floja en cuanto a producción normativa y discusión de grandes reformas, en mayor medida, porque las fuerzas políticas se reconfiguran en procesos de coalición que, ante la evidencia de un presidente impopular, desincentivan la permanencia en los terrenos gobiernistas. No resulta gratuito que el último periodo del Congreso se presente en torno de burla como una “legislatura de nadie”. Los congresistas legislan poco -ni hablar del mínimo control político- y el Gobierno se encuentra más enfocado en posicionar una narrativa de sucesión. Todo el interés se concentra y se consuma en la acción electoral.

Aunque si me gustaría, pensando con el deseo, claro está, que en la tradicional “legislatura de nadie” se pudiera avanzar desde dos frentes que considero de excepcional importancia para el país; el primero -como ya lo advertí- tiene que ver con el proyecto de reforma a la ley 30 que con disposición política podría salir de su estado de agonía y superar los tres debates que le restan para convertirse en una ley que rescate las finanzas de las universidades públicas; el segundo, la radicación y discusión de una ley de competencias que aterrice a nivel subnacional los alcances prácticos de la reforma constitucional a la descentralización.

Ya sea activando una mayoría frágil pero funcional en la plenaria del Senado, o, en un caso extremo, invocando el fantasma de la consulta popular, considero que el Gobierno todavía se encuentra en capacidad de imponer su agenda legislativa en la opinión pública y presionar la discusión en el Congreso de proyectos de ley que asuma como estratégicos. La dramática aprobación de la reforma laboral trazó la ruta de un libreto que se podría volver a repetir. Eso no lo pongo en duda. La pregunta clave es: ¿con cuál proyecto?

Solo veo dos en el horizonte inmediato: el marco jurídico de sometimiento a la justicia de la Paz Total y la reforma a la salud. ¿Cuál será el elegido? Se abren las apuestas.

Fredy Chaverra Colorado

Politólogo, UdeA. Magister en Ciencia Política. Asesor e investigador. Es colaborador de Las2orillas y columnista de los portales LaOrejaRoja y LaOtraVoz.

Comentar

Clic aquí para comentar

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.