La semana recién transcurrida tuve una de las entrevistas más interesantes y de las que más aprendizaje me dejó en POV. En el programa tuvimos como invitado a Cristian Sánchez, un reconocido abogado y criminólogo en Bolivia. Tras un arduo intercambio de opiniones, me quedo con una idea que merece ser analizada con calma:
“La captura de Marset es también una estrategia política. Esto se logró gracias a la confianza que se tiene en el gobierno y demuestra que, cuando existe intención desde arriba, todo lo de abajo funciona.”
Traigo esta reflexión porque el operativo realizado el pasado viernes 13 de marzo fue extraordinariamente preciso. Fue ejecutado de tal manera que no se disparó una sola bala: un detalle no menor, pues resulta particularmente llamativo considerando que en distintos inmuebles intervenidos en Santa Cruz de la Sierra se encontraron armas automáticas. Según observó el propio doctor Sánchez, se trata de armamento que usualmente se utiliza en contextos bélicos.
Sin duda, estamos ante un hito importante para Bolivia. Hablamos del cuarto hombre más buscado por la DEA. Pero esto nos lleva inevitablemente a una pregunta incómoda: si era uno de los criminales más buscados del mundo, ¿cómo fue posible que durante tantos años se moviera en Bolivia con total impunidad?
Al analizar estos fenómenos con datos comparativos, el caso boliviano se vuelve todavía más interesante. El informe InSight Crime’s 2024 Homicide Round-Up da cuenta de que Bolivia registró una tasa aproximada de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina.
Para dimensionar esta cifra, basta compararla con otros países de la región donde el narcotráfico tiene mayor presencia. En México, por ejemplo, la tasa de homicidios en 2025 se situó alrededor de 17,5 por cada 100.000 habitantes, estimación respaldada por reportes oficiales de agencias internacionales.
Si ampliamos la mirada regional, el contraste es aún mayor. América Latina en su conjunto mantiene una tasa promedio cercana a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte en la región más violenta del mundo en términos de criminalidad letal.
En otras palabras, Bolivia aparece estadísticamente como uno de los países menos violentos de la región, a pesar de ser históricamente un territorio clave en las rutas de producción y tránsito de sustancias controladas.
Sin embargo, cuando descendemos al nivel interno, la situación es más compleja. Datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) del Ministerio de Gobierno muestran que las denuncias por delitos contra la vida aumentaron significativamente en 2025, alcanzando 528 casos en el primer semestre del año, más del doble que en el mismo periodo de 2024.
Además, Santa Cruz concentra la mayor proporción de estos delitos, superando el 50 % de los hechos registrados en el país en ese periodo.
A esto se suma un fenómeno que los analistas han empezado a subrayar con mayor frecuencia: la aparición de ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico, con al menos 26 casos reportados en el primer semestre de 2025.
Este tipo de violencia es distinto al que vemos en países como México o Colombia. Allí, los cárteles disputan territorios abiertamente y los homicidios se multiplican. En Bolivia, en cambio, a lo largo de décadas se ha mantenido un modelo diferente: el país ha sido más bien un espacio de tránsito y logística, donde las organizaciones criminales operan con relativa discreción.
Pero ese modelo únicamente puede sostenerse bajo una condición: que el sistema institucional sea lo suficientemente permeable como para permitir esa convivencia.
Y en ese momento la pregunta vuelve a aparecer.
¿Cómo es posible que uno de los narcotraficantes más buscados del mundo haya podido operar durante años en el país con notable libertad, mientras Bolivia sigue mostrando tasas de homicidio mucho más bajas que las de otros países dominados por cárteles?
La respuesta puede ser inquietante, aunque es difícil ignorarla: no siempre la baja violencia significa ausencia de crimen organizado. A veces significa simplemente que el crimen ha encontrado una forma más silenciosa —y posiblemente más institucionalizada— de operar.
A partir de ahí, el problema deja de ser meramente estructural y se convierte en una cuestión filosófica.
Uno de los grandes problemas del Estado moderno es su tendencia natural a expandirse. A medida que el poder político crece sin límites claros, crecen con ello los incentivos para capturarlo. El economista y filósofo liberal Friedrich Hayek advertía precisamente sobre este fenómeno al señalar que “cuanto mayor es el poder del Estado sobre la economía y la sociedad, mayor es el peligro de que ese poder sea utilizado arbitrariamente”. Incluso en esa misma obra, Hayek realiza una aguda observación sobre la excusa más habitual del Estado para expandirse: la seguridad (The Road to Serfdom, 1944).
Desde una perspectiva libertaria más radical, Murray Rothbard fue aún más directo al describir al Estado como una institución que posee el monopolio de la coerción dentro de una jurisdicción específica y que, precisamente por ese monopolio, genera incentivos permanentes para el abuso de poder. En Anatomy of the State, Rothbard explica que el Estado es “la organización de la sociedad que intenta mantener el monopolio del uso de la fuerza y de la toma de decisiones finales en un territorio determinado” (1974).
El economista argentino Alberto Benegas Lynch (h) ha explicado este problema de manera contundente al argumentar que el crecimiento desmedido del Estado no solo limita las libertades individuales, sino que también crea las condiciones idóneas para la corrupción estructural. Como él mismo sostiene: “cuanto más grande es el Estado, mayor es el campo fértil para el privilegio, la corrupción y el abuso de poder” (Fundamentos de análisis económico, 2009).
Cuando este monopolio se expande demasiado —proceso en el cual el Estado regula, controla, administra recursos, otorga privilegios y concentra decisiones— deriva inevitablemente en un botín político. Y donde hay botín, aparecen actores dispuestos a aprovecharlo.
Cuando eso ocurre, las consecuencias son profundas. La justicia deja de ser un sistema neutral y pasa a ser una herramienta de poder. Las instituciones dejan de responder al ciudadano y comienzan a responder a intereses políticos o corporativos.
Quizás el caso Marset sea uno de esos episodios que nos obligan a enfrentar una realidad incómoda: a medida que el Estado crece sin límites y concentra cada vez más poder, se vuelve más vulnerable a ser capturado por intereses que nada tienen que ver con la imparcialidad.
En ese sentido, este caso no solo habla de narcotráfico. Habla, además, de los peligros de un Estado gigante, un monstruo burocrático que termina apropiándose de la justicia y la reduce a una herramienta política y corporativista.
Porque ante una concentración excesiva del poder, la pregunta deja de ser si el sistema puede ser corrompido. La verdadera pregunta pasa por saber cuándo.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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