El camino del posconflicto en las ciudades está nublado.

Un equipo de Al Poniente tuvo la oportunidad de acceder a la administración pública local de algunos municipios para pedir información sobre la estrategia que se ha manejado en torno al posconflicto en éstos. Hay un problema común: nadie sabe en qué casos concretos los municipios están obligados a la ejecución del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, y en qué casos debe ayudar el gobierno departamental o el nacional.

Como ya se sabe, el acuerdo que logró firmar el Gobierno con las Farc marcó un hecho histórico en la política del país. Luego de tanta fragmentación en la opinión política sobre la necesidad de aceptar o rechazar el acuerdo, el Gobierno tuvo que darse a la tarea de modificar algunas cuestiones del ya existente ante el triunfo del rechazo por parte de la mayoría votante. Aunque hubo algunos pequeños cambios de fondo, como el tema de la reparación económica de las víctimas a partir de los bienes que sean incautados a la guerrilla o aportados por ellos; la realidad es que muchas de las cosas pactadas siguieron intactas.

Y de cierta forma esto ha sido un gran problema para su implementación.

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’ en la firma del nuevo acuerdo.

 

Según fuentes consultadas por Al Poniente, uno de los mayores inconvenientes en este momento a la hora de aplicar todas las cláusulas establecidas en el mencionado acuerdo, es que al momento de pensar cuáles son las obligaciones de cada municipio sobre el tema, nadie logra tener una respuesta concreta.

Pero, ¿por qué?

Una de las mayores críticas que en su momento tanto partidarios del Sí como del No la realizaron al acuerdo, era que en casi su totalidad no había ninguna función especificada para cada ente territorial. Si bien se decía que la nación debía crear tal entidad, o que el municipio debía establecer tal política pública; al momento de su aplicación ni siquiera el gobierno nacional sabe a cabalidad cómo será esta repartición de funciones.

Todo esto se debe a que la totalidad del acuerdo tiene que ser aterrizado en normas jurídicas más concretas como leyes, decretos y normas locales de cada ente territorial; cosa que todavía no se ha hecho del todo.

En Colombia hay más de 30.000 desaparecidos enterrados en fosas comunes que han sido reportados a la Fiscalía (órgano investigador del Estado), pero podrían llegar a 100.000 según otras fuentes.

Incluso, según las mismas fuentes, hasta Rafael Pardo, Ministro del Posconflicto,  no la tiene tan clara. Como los demás entes territoriales, él también está a la espera de que se defina a cabalidad quién deberá ocuparse de cada una de las obligaciones a las que el Estado se obligó en dicho acuerdo.

Por ahora las estrategias que han llevado a cabo los municipios no han tenido tanta relación con lo pactado en el acuerdo. Por ejemplo, como son el caso de Bogotá y Medellín, la política de atención a víctimas se ha mantenido en los lineamientos de la Ley 1448, y la preparación para los nuevos lineamientos que establece el acuerdo entre el Gobierno y las Farc han sido pocos. O sobre el tema de estrategias para la reinserción de desmovilizados, por ejemplo, también se ha quedado estancada en el problema de no saber específicamente qué se debe hacer y qué ayudas enviará el departamento o la nación.

El Gobierno estima que habrá alrededor de 17.500 desmovilizados provenientes de las Farc que ingresarán a los municipios en unos cuantos meses.

En otras palabras, la preparación para la acogida del posconflicto está todavía a medias, cuando faltan casi cinco meses para que salgan los reinsertados y comience todo el nuevo proceso de reparación de víctimas del acuerdo.

Por ahora, lo más importante, es esperar a que el Congreso legisle lo suficiente en el tema, el Gobierno lo reglamente y los entes territoriales lo aterricen en normas concretas y específicas.

 

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Santiago Osorio Moreno

@SantiOsorioM | Soñador del desarrollo social de mi país y del mundo. Abogado EAFIT con énfasis en D.I. y DD.HH., Magíster en Políticas Públicas - Uniandes con énfasis en política social. Exasesor en el Congreso de la República. Fundador y Director de la ONG Convicción para el impulso de proyectos a comunidades. Consultor de entidades públicas para el mejoramiento de sus estrategias y programas. Analista y activista político.