“Efectivamente, resultar vencedor en unas elecciones es una cosa; gobernar es otra cuestión muy distinta. El primer gobierno de izquierda en Colombia, encabezado por Gustavo Francisco Petro Urrego, dejará como herencia la sensación de una oportunidad desperdiciada, marcada por discursos incendiarios, reformas improvisadas y una narrativa permanente de confrontación.”
El denominado “Gobierno del cambio” se comprometió a llevar a cabo transformaciones estructurales, promover la justicia social y propiciar la reconciliación. En la situación actual, al realizar un análisis objetivo y libre de consignas, se evidencia una polarización del país, con instituciones bajo tensión y sectores estratégicos inmersos en la incertidumbre. Dicha evaluación no se fundamenta en una crítica ideológica, sino que se trata de un análisis riguroso de los resultados obtenidos.
En el campo de la salud, la situación es preocupante. Mientras se impulsaba una reforma presentada como solución coyuntural, miles de colombianos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos, retrasos en tratamientos y una angustia profunda e insuperable. Las muertes asociadas a fallas en la atención no son cifras para el debate político; son tragedias familiares que deben ser abordadas con la seriedad y responsabilidad que requieren. No obstante, la prioridad fue implementar un modelo cuestionado en múltiples contextos, sin una reflexión crítica ni rectificaciones. Solo confrontación.
La reforma pensional se desarrolló siguiendo una lógica similar. La centralización de recursos se presentó como una medida destinada a garantizar la justicia histórica en beneficio de los sectores más vulnerables de la población. No obstante, persiste una inquietud legítima, la cual radica en determinar si resulta sensato concentrar aún más poder y recursos en un Estado que presenta evidentes debilidades administrativas y antecedentes de corrupción. El ahorro de millones de trabajadores no es una cuestión ideológica ni una fuente de financiamiento político; es el resultado de décadas de esfuerzo constante y silencioso.
A esto se suma la irresponsabilidad en el incremento del salario mínimo. Si bien es cierto que aumentar el salario mínimo es una medida socialmente deseable, no se puede obviar que hacerlo sin una medición rigurosa de sus efectos fiscales, inflacionarios y laborales terminaría repercutiendo negativamente en los sectores que se pretende proteger. El incremento se decretó desde una perspectiva política y con miras a objetivos electorales, sin una concertación real ni una evaluación integral de impactos. Las pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas por la presión, la informalidad encontró nuevos incentivos y la generación de empleo formal se encareció. Gobernar no se trata de celebrar porcentajes, sino de anticipar consecuencias.
Tampoco se ha materializado la promesa de ruptura ética en el capítulo de la corrupción. Se planteó la idea de un nuevo estándar moral, sin embargo, los escándalos, contratos cuestionados y figuras cercanas al poder bajo sospecha erosionaron esta narrativa. El proceso de “cambio” comenzó a asemejarse significativamente a aquello que se comprometió a combatir. La indignación selectiva, evidenciada en la severidad hacia los opositores y la complacencia hacia los aliados, ha comprometido la autoridad moral que se proclamó durante la campaña.
El estilo de liderazgo exacerbó la situación. Se otorgó prioridad a la plaza pública sobre el consenso institucional. Cada crítica fue tachada de sabotaje; cada fallo judicial adverso, de persecución; cada dificultad económica, de “bloqueo” de élites temerosas del pueblo empoderado. Esta estrategia narrativa puede ser efectiva en el ámbito de la campaña política, pero no necesariamente conduce a resultados tangibles en el ejercicio del poder. La administración efectiva implica la negociación, la escucha activa y la capacidad de reconocer y corregir errores, en lugar de convertir al oponente en un enemigo.
En lugar de establecer mayorías mediante argumentos técnicos y evidencia, la respuesta predominante ha sido convocar marchas y fomentar la movilización permanente como mecanismo de presión. La vía pública como extensión del poder, la beligerancia como método político y el tono combativo como identidad. La protesta constituye un derecho cívico; sin embargo, su utilización sistemática como herramienta de presión sobre instituciones desde el poder es una práctica que merece una consideración cuidadosa. El gobierno requiere institucionalidad, mesura y responsabilidad, no agitación constante.
La economía, por su parte, tampoco se ha visto exenta de la improvisación. La comunicación de mensajes contradictorios, la ausencia de fundamentos técnicos en los anuncios y la constante confrontación con sectores productivos han generado desconfianza en la inversión y el empleo. La estabilidad no es un mero capricho ideológico; es condición sine qua non para financiar políticas sociales sostenibles. En ausencia de crecimiento económico, la redistribución de la riqueza se convierte en una promesa carente de contenido.
La exacerbación de la fractura social resultó aún más preocupante. En lugar de tender puentes, se levantaron trincheras simbólicas, estableciendo una división entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores, prensa y pueblo, jueces y cambio. La política, cuando se convierte en un campo de batalla moral permanente, deja cicatrices profundas y difíciles de sanar. Colombia requiere de reformas, así como de un mayor grado de cohesión.
Aquellos que en la actualidad atribuyen los fracasos a conspiraciones múltiples deberían reconocer una verdad elemental. El poder conlleva responsabilidad. Es preciso señalar que no es suficiente con responsabilizar al pasado, a la oposición o a presuntas fuerzas oscuras. Luego de algo más de tres años en el Ejecutivo, los resultados, o la falta de ellos, son evidentes. Si las promesas no se han materializado, si las reformas no han convencido, si la gestión no ha respondido a las expectativas, esto no se debe a un complot universal, sino a decisiones adoptadas y errores no corregidos. Este análisis no implica ignorar los desafíos heredados ni los avances puntuales. No obstante, el balance general plantea más interrogantes que certezas. ¿Se ha experimentado una mejora sustancial en la calidad de vida? ¿Se ha fortalecido el sistema institucional? ¿Se ha reducido la polarización política? ¿Se ha consolidado un sistema de salud más eficiente y humano? Para una gran parte de la población, las respuestas son desalentadoras.
Es preocupante que, al final del mandato, la estrategia parezca estar dirigida a agitar ánimos, exacerbar diferencias y adoptar una postura de victimización frente a un supuesto bloqueo estructural. Esta estrategia retórica elude la responsabilidad de rendición de cuentas. Sin embargo, la historia política no se escribe con consignas, sino con resultados verificables. Colombia se enfrenta a un panorama desafiante: reformas inconclusas, tensiones fiscales, confianza debilitada y una ciudadanía agotada por la confrontación permanente. La reconstrucción de consensos, la recuperación de la estabilidad y el restablecimiento de la credibilidad institucional no serán tareas sencillas ni de corto plazo.
El primer gobierno de izquierda tenía la oportunidad histórica de demostrar que el cambio podía gestionarse con rigor técnico, responsabilidad y espíritu democrático. En múltiples ocasiones, se ha optado por destacar la narrativa épica sobre la evidencia objetiva y el discurso sobre la ejecución práctica. Sin embargo, cuando la realidad impuso límites, se optó por buscar culpables en lugar de corregir el rumbo. Asumir responsabilidades no debe interpretarse como una debilidad, sino como una muestra de madurez democrática. Este período ha dejado una lección clara, que ninguna ideología, por bien intencionada que se proclame, está exenta de la obligación de gobernar con coherencia, transparencia y eficacia.
Colombia merece más que promesas, marchas y confrontaciones. Es digna de recibir resultados satisfactorios. Y esta será, inevitablemente, la vara con la que se medirá este capítulo de la historia reciente.
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