Dejando de lado el llamado al constituyente primario -algo que nunca cuajó entre sus bases- e invocando el estallido social como el momentum de origen de su mandato popular, el presidente Petro, con una gobernabilidad en horas bajas y ante la inminencia de un bloqueo institucional por parte del Congreso, decidió responder a la movida detrás de la ponencia de archivo de la reforma laboral -presentada por un grupo de senadores y senadoras ya conocidos como “los archivadores”- agitando la consulta popular como solución a una crisis que solo se tiende a profundizar.
Así, el presidente le responde a los senadores y senadoras con asiento en la Comisión Séptima del Senado que bloquearon la discusión de una reforma prioritaria en la agenda social del Gobierno y, además, le dan un motivo a Petro para agitar las calles cuando una izquierda en crisis de liderazgo -sin el vota Petro vota Pacto como centro gravitacional- tiene problemas para entronizar a una figura que enarbolé las banderas del continuismo de cara a las elecciones del 2026.
Pero ¿qué tan cierto es aquello del bloqueo institucional por parte del Congreso?
Sin con bloqueo institucional se hace referencia a una estrategia diseñada y coordinada entre sectores políticos, económicos y mediáticos para torpedear las reformas presentadas por el Gobierno para su discusión en el Congreso, considero, teniendo solo en cuenta el extendido trámite de las reformas sociales -pensional, salud y laboral-, que el Gobierno si está siendo bloqueado por un contubernio de sectores muy poderosos que no quieren que nada cambie, pero su bloqueo ha resultado siendo más efectivo en Senado y no tanto en Cámara de Representantes.
Y ciertamente la estrategia detrás de la ponencia de archivo a la reforma laboral da cuenta de los alcances de ese contubernio, no solo porque, de entrada, se diseñó para hundir la reforma sin llevarla si quiera a discusión al resto de integrantes de la Comisión Séptima o a la plenaria del Senado, además, en una movida cuando menos bastante inédita, convocó a senadores y senadoras que no habían sido designados como coordinadores ponentes para que firmaran el texto del archivo; es decir, desde el principio se estructuró una mayoría para negar cualquier espacio a la discusión.
¿Por qué el temor a la discusión pública de una reforma tan necesaria para el país?, ¿por qué bloquear la llegada de la reforma a la plenaria del Senado?, ¿por qué el archivo de la reforma se reduce a la discusión interna de un bloque de congresistas que se unen con la intención de negarle la discusión al resto de sus compañeros?
Así la movida se ampare en las funciones y atribuciones que la Ley 5 de 1992 otorga a los congresistas, es claro que la ponencia de archivo responde a una estrategia fríamente calculada con la única intención de hundir el texto evitando su discusión. Si eso no es un bloqueo, no sé, entonces, qué se podría interpretar como un bloqueo.
Igual suerte podría correr la reforma a la salud que tras su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de sortear dilaciones y filibusterismo a lo largo de dos debates, deberá llegar en pocos días a la Comisión Séptima del Senado para estrellarse de frente con “los archivadores”. De ahí que el presidente, anticipándose a lo que seguramente pasará, también la haya montado en el tren de la consulta popular.
Y sobre la consulta popular, sus implicaciones jurídicas, política y sociales, ameritan, en gracia de un amplio y razonado debate, de un análisis más sosegado. Por el momento, solo se trata de un globo, habrá que ver como aterriza; primero, en las calles; y luego, en la plenaria del Senado que le podría dar más aire o lo desinfla del todo. Pero el camino, anticipo, pinta muy largo y turbulento.
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