Cultura

El bien común en conflicto por el debate entre el derecho a la cultura y el derecho a la salud

El acceso y disfrute de la cultura y la salud, aunque derechos, en el país absurdamente se han constituido como lujos que no todos los colombianos pueden darse”

“La mejor justicia no siempre es la mejor política”
Abraham Lincoln

Colombia es un país de permanentes confrontaciones y dicotomías, los claros oscuros son escasos y en el campo de la cultura y la salud son evidentes. O tienes una buena atención en salud o no la tienes, los pañitos de agua tibia no funcionan. Esto se ejemplifica en la reiterada formulación del dolex y el diclofenaco, quienes ya perdieron su efecto y son por defecto, junto con el naproxeno, un símbolo de lo precario del Sistema de Seguridad Social del país. Sin embargo, si tienes cómo pagar una póliza o una medicina prepagada, seguro las condiciones e historias que contarías serían otras. Y ni que decir en el caso de la cultura; aquí la situación no se diferencia en nada del territorio de la salud. O cuentas con espacios y oferta cultural abierta a la ciudadanía o no la tienes. Hay bibliotecas y casas de la cultura en tu barrio o no las hay. No hay términos medios. A no ser que tengas la capacidad adquisitiva para proveerte una nutrida oferta cultural y un buen servicio médico.

El acceso y disfrute de la cultura y la salud, aunque derechos, en el país absurdamente se han constituido como lujos que no todos los colombianos pueden darse, pues según los datos del DANE para 2017, los ingresos del 26.9% de la población no alcanzaban a suplir ni siquiera la canasta básica, y ni que hablar de la desalentadora situación que se avecina con el aumento del IVA a la canasta familiar. En el caso de Medellín el índice de pobreza presentado en el informe de calidad de vida de 2017 muestra que un 14.2% de la población está en situación de pobreza. Estas cifras, son un claro indicador de las brechas de desigualdad social que como país debemos reducir, sin embargo, estos números no sólo se vinculan con los ingresos económicos, de acuerdo con el Sociólogo sueco Gôran Therborn pensar en la desigualdad implica también la consideración del acceso a la cultura y la educación.

Pero ¿qué pasa en Colombia cuando el derecho a la cultura y el derecho a la salud están frente a frente? Eso es lo que hoy día ocurre en Medellín, en el barrio Santander ubicado en la comuna seis, donde el derecho a la salud está poniendo en riesgo el derecho a la cultura de las comunidades, y sobre todo ignorando e invisibilizando el trabajo que por 18 años líderes comunitarios y voluntarios han realizado en el sector, con logros tan importantes como visibilizar el barrio como la Mejor Esquina de Medellín, incluso en medio de la inclemente violencia del sector.

Según el diario ADN, la Corporación Casa Cultural Francisco de Paula Santander -CCFPS- ha recibido por parte de la Oficina de bienes e inmuebles del departamento de Antioquia una orden de desalojo de la infraestructura que ocupa, a causa de no lograr una renovación del Comodato del inmueble con la Gobernación de Antioquia. Según el periódico hay una exigencia de demostrar que las personas que allí trabajan están afiliadas a salud, requerimiento que no ha podido cumplirse en virtud de que el trabajo cultural que allí se realiza es posible gracias al trabajo voluntario de sus habitantes, que tiene como fin la construcción del tejido social y el facilitar actos de paz en la comunidad.

Sin contar con que muchas de las personas del sector, hacen parte de los indicadores de pobreza que menciona el DANE y el informe de la Alcaldía, y su labor desinteresada ha implicado garantizar a la comunidad, a los niños y niñas que visitan la biblioteca KdeK ubicada en la Casa de la Cultura, uno de los derechos que sin este espacio no podrían tener: el derecho a la participación en la vida cultural y las artes. Y como es sabido por todos, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, incluso sobre el requerimiento de certificación de la seguridad social.

Y es aquí cuando paradójicamente, dos derechos se confrontan, el consagrado en el Artículo 70 de la Constitución Política de Colombia, que reza la obligación del Estado de promover el acceso a la cultura de todos en igualdad de oportunidades. Y el derecho a la salud consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna donde se manifiesta que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Solidaridad que ha olvidado el Estado, en relación con los fines que lo rigen consagrados en el artículo 2 de la Constitución “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”

Y si bien, la salud es un derecho fundamental y la CCCFPS debe buscar alternativas para dar solución a este tema es imperante e indiscutible que el Estado debe proveer las garantías para que el derecho a la cultura de grandes y chicos no se vulnere, pues este implica el bienestar de las comunidades a las que se debe este espacio cultural, y no responde a una individualidad, hay un fin superior que es el bien común de las comunidades y al cual el Estado debe dar prelación en virtud de la justicia social que caracteriza a una sociedad democrática.

En este caso, el Gobernador como funcionario público del Estado tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución, de garantizar que el derecho a la cultura que ha promovido el trabajo mancomunado de la comunidad y de los líderes de la CCCFPS permanezca y se fortalezca y para ello el camino no es el desalojo. Hay una necesidad ineludible de garantizar la permanencia del trabajo comunitario con apoyo de la Gobernación de Antioquia y del Municipio de Medellín, respetando la autonomía de la CCCFPS y sobre todo valorando la incidencia que ha tenido la casa de la cultura en el fortalecimiento del tejido social y buscando alternativas a favor de la comunidad.

Derechos fundamentales como la salud, y derechos humanos y sociales como la cultura, responden al bien común, son universales, interdependientes e indivisibles, y violarlos es ir contra la dignidad humana. Tarea que la casa de la CCCFPS ha defendido durante los últimos dieciocho años con su hacer, promoviendo la constitución de una sociedad más justa y digna para los habitantes del barrio Santander y sobre todo para los niños y niñas del sector. Garantizar su permanencia y fortalecimiento es apostar a la disminución de los indicadores, sin embargo, su cierre implicaría ahondar en la brecha social que hoy tratamos de superar.

Esto fue escrito por

Natalia Duque Cardona

Mujer, madre y activista. Bibliotecóloga. Magíster en Educación con Énfasis en Estudios Interculturales. Candidata al Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Profesora-Investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Integrante de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales –SOLEI-. Miembro del colectivo Bibliotecas a la calle.