En todas las fiestas, alguien pone la música. Lo curioso es que, tras la derrota del 4 de septiembre, las fuerzas democráticas parecen estar bailando al ritmo octubrista, a pesar del estrepitoso fracaso de las ideas de la extrema izquierda. En este contexto es legítimo preguntarse: ¿por qué el PCCh y Frente Amplio siguen poniendo la música?, ¿no estamos corriendo serio peligro de que la fiesta termine en el funeral de nuestra democracia, la República y la paz social?
Volvamos al principio. ¿Qué significó el triunfo del “Apruebo” en el plebiscito de salida? No hay que volver a leer los diarios para recordarlo: la gente estaba harta de los políticos, sus privilegios, chanchullos y cocinas. Por eso se votó en contra de su participación en la Convención Constituyente. La nueva Constitución, por su parte, encendió la esperanza de que muchos de los problemas –seguridad, salud, educación, vivienda y pensiones– se resolverían. ¿Qué están haciendo los políticos después del fin del proceso? No solo parten de la base de que, incluso habiendo ganado el “Rechazo” de forma tan contundente, es necesario volver a empezar, sino que, además, están cayendo en la tentación de usar una eventual nueva convención como terreno para la resurrección de viejos políticos. Desde la centroizquierda ya han surgido algunos nombres. Solo pensar en personas como Guido Girardi –quien anunció el final de la propiedad privada en Chile– y Paulina Veloso –exministra de Bachelet y madre de nuestro flamante ministro de Economía que, con título de la Universidad de Chile bajo el brazo, felicita el alza de la inflación por los beneficios que le crea a las pymes– es, a la luz del resultado del plebiscito de entrada, desquiciado. En otras palabras, si los políticos creen que el plebiscito de salida es un espaldarazo a su gestión, no nos queda más que concluir que están delirando. ¿Cómo enfrentar este desvarío?
El intento de incorporar a políticos a una nueva Convención Constituyente nos muestra la necesidad de volver a consultarle a la ciudadanía, pero esta vez teniendo en la papeleta la opción de respaldar la Constitución de 2005. Y para no plagarnos nuevamente de innumerables plebiscitos, en la misma votación debiera entregársele al votante otra papeleta con los candidatos que, en caso de ganar la opción de redactar una nueva Carta Magna, quedarían electos. Esta elección se haría por simple mayoría, sin escaños reservados para nadie. Lamentablemente, se impuso la tesis de la alianza Boric-Peña, según la cual, no es necesario repetir la pregunta de entrada. Y digo lamentablemente porque la promesa de la “derecha” de iniciar un nuevo proceso, sin pregunta de entrada, es decir, de “continuar el proceso”, es considerada una traición por parte importante de sus bases. En códigos políticos, la derecha sembró la desconfianza de parte importante de su sector en la validez de los mecanismos democráticos, y eso, no puede ser bueno para el país.
De la traición se sigue la existencia de un sector que no legitimará la “continuación” del proceso revolucionario por vía institucional. Y es que, digámoslo de una vez, efectivamente tienen razón: el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución nunca trajeron la paz y solo han servido para que la extrema izquierda avance en concretar su proyecto ideológico. Muchos piensan que dicho proyecto fue enterrado el domingo 4 de septiembre y no se dan cuenta de quién está poniendo la música en el Gobierno, el proceso y las calles. El PDC (Partido Demócrata Cristiano) es una izquierda que desprecia la institucionalidad burguesa y, con ella, la democracia; la frase de la senadora Yasna Provoste afirmando que no han sido derrotados, sino que tan solo no han triunfado aún, es una prueba contundente de ello. Otros ejemplos son la imposición de las mismas reglas para una nueva Convención y el atribuir la derrota a una campaña de fake news de parte de la prensa de derecha; todo mentira, porque incluso en la prensa de derecha cuesta encontrar a periodistas que no sean de izquierda. El punto es que, bajo ese argumento dado por Pablo Iglesias y seguido por comunistas y frenteamplistas, los mesiánicos sienten que es su deber liberar a la gente del engaño; cualquier cosa antes que aceptar que su programa de Gobierno, elevado a rango constitucional, fue rechazado por un número jamás visto de votantes y que nadie quiere repetir el mismo plato.
En suma, tenemos un sector que –con justa razón– se siente traicionado por sus representantes, otro que está hastiado de tanto proceso y demanda respuestas a sus problemas, y un tercer grupo: el de los revolucionarios de izquierda, que no ha tomado nota del clamor mayoritario en contra de sus ideas. La mala noticia es que son ellos los que están en el poder. En este marco, Chile Vamos y los Amarillos han perdido una tremenda oportunidad al no poner ninguna condición a cambio de apoyar la redacción de una nueva Carta Magna. Si para iniciar un nuevo proceso (siempre con pregunta de entrada) hubiesen exigido la condena del Gobierno a la violencia política, el control migratorio y límites a la intervención de organismos internacionales en los asuntos del país, la neutralización de la narcoguerrilla en el sur, el fortalecimiento de Carabineros y el endurecimiento de las penas a la corrupción política, el país entero los hubiese ovacionado. Pero, aparentemente, prefieren seguir bailando al “ritmo del octubrismo”. Lo que ningún demócrata parece estar viendo es que la madre de todas las batallas se gana con una Constitución que legitime institucionalmente la revolución. De ahí que la discusión constitucional haya perdido la dimensión republicana y hoy no sea más que la cancha del triunfo del octubrismo. Y será por las buenas o por las malas, como nos advirtió hace ya tiempo Fernando Atria.
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el medio El Líbero de Chile, y la que le siguió en nuestro medio aliado El Bastión.
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