En Colombia, la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución de 1991, es uno de los mayores avances en materia de protección de derechos fundamentales. Es un mecanismo ágil, cercano al ciudadano y diseñado para proteger de manera inmediata estos derechos cuando son vulnerados o amenazados. Sin embargo, como ocurre con muchas herramientas valiosas, su poder depende del uso responsable que se haga de ella. Y en los concursos de carrera administrativa, ese uso responsable se ha ido diluyendo entre cientos de tutelas sin fundamento que, lejos de proteger derechos, terminan torpedeando procesos que deberían fortalecer el mérito y la transparencia en el empleo público.
La carrera administrativa, definida en el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, es la columna vertebral del servicio civil moderno. Su propósito es claro: que los empleos del Estado se asignen por mérito, no por favores, apellidos o coyunturas políticas. Sin embargo, en la práctica, acceder a un empleo de carrera se ha convertido en un camino largo, desgastante y, para muchos, desesperante. No porque la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) no haya avanzado —de hecho, pasó de concursos que tardaban cinco años a procesos que hoy rondan un poco más de un año—, sino porque el sistema enfrenta un obstáculo que nadie quiere reconocer abiertamente: la avalancha de tutelas sin sustento jurídico que ciertos ciudadanos interponen “a ver qué pasa”.
Estas tutelas, que en teoría deberían ser excepcionales, se han convertido en una estrategia para frenar, dilatar o incluso intentar invalidar etapas completas de los concursos. No se trata de negar el derecho a la tutela, lo cual sería absurdo e inconstitucional, sino de señalar que su uso irresponsable genera un efecto dominó que afecta a miles de aspirantes que sí cumplen las reglas, sí respetan los tiempos y sí confían en el mérito como vía legítima para ingresar al Estado.
Cada tutela sin fundamento implica tiempo, recursos y atención de los jueces. Y en un país donde la rama judicial ya enfrenta una congestión histórica, estas acciones terminan acumulándose como piedras en el camino. Lo que debería resolverse en semanas se convierte en meses; lo que debería avanzar sin interrupciones queda suspendido mientras se revisan solicitudes que, en muchos casos, no tienen relación directa con la vulneración de un derecho fundamental. El resultado es evidente: más demoras, más frustración y una mayor distancia entre el ideal de un servicio civil meritocrático y la realidad de un sistema que avanza con tropiezos.
Mientras tanto, Colombia sigue rezagada frente a otros países del continente y del mundo en materia de empleo público basado en mérito. Mientras en otras administraciones los concursos son procesos ágiles, predecibles y respetados, aquí todavía luchamos contra la cultura del atajo jurídico, del “ensayemos con una tutela”, del “si no gano, demoro el proceso”. Y esa cultura no solo afecta a la CNSC, sino a todo el aparato estatal que depende de servidores competentes, estables y seleccionados con criterios técnicos.
Lo más paradójico es que obtener un empleo de carrera administrativa sí es posible. Miles de personas lo han logrado. Pero hoy, más que nunca, el camino está lleno de obstáculos que no provienen de la ley, ni de la institucionalidad, ni de la falta de capacidad técnica, sino del uso irresponsable de un mecanismo constitucional que debería proteger derechos, no bloquear procesos.
Defender la acción de tutela es defender la Constitución. Pero defenderla también implica exigir que se use con responsabilidad, con fundamento y con respeto por el interés colectivo. Porque cuando una tutela sin sustento detiene un concurso, no solo afecta a la entidad convocante: afecta a miles de ciudadanos que esperan una oportunidad laboral legítima, afecta la eficiencia del Estado y afecta la credibilidad del mérito como principio rector del servicio público.
Los avances de la CNSC son innegables, pero aún hay mucha tela por cortar. Si queremos un Estado moderno, transparente y meritocrático, necesitamos que la tutela siga siendo un derecho, no un arma para frenar lo que no nos favorece. Necesitamos que los concursos sigan mejorando en tiempos, pero también que la ciudadanía entienda que la justicia no es un experimento ni un recurso para “probar suerte”.
El mérito civil no puede seguir pagando los platos rotos. Colombia merece un servicio público donde el talento avance sin que lo detengan tutelas improvisadas. Y eso empieza por usar las herramientas de la Constitución con la seriedad que la Constitución exige.
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