Recientemente en un artículo de la revista Semana se hizo una pregunta que me inquietó bastante: si era justo o no el reciente paro de los educadores públicos. Al finalizar el artículo, las personas en los comentarios respondían a dicha pregunta lanzando diatribas en contra del gobierno y de la ministra Parody, con frases como “tengo dolor de patria” o “un gobierno corrupto quiere que su pueblo sea ignorante”. Todos los análisis de las personas llenos de ira, rencor y “dolor de patria”, pero lamentablemente, ningún análisis objetivo del asunto.
Recuerdo que en las primeras clases de introducción al derecho abordamos el tema de la “Justicia”, y luego de un arduo debate, llegamos a la conclusión de que la justicia dependía de lo que cada quien pensara al respecto. Tal vez por eso las personas se inspiran más por el dolor de patria que por estudiar todos los problemas que conlleva un paro: precisamente porque la justicia depende de cada quien.
Lo increíblemente preocupante es la forma en la que la educación se convierte casi que en un segundo plano, casi que un peón de la lucha política entre sindicatos y gobierno. Expreso esta preocupación, porque no me parece para nada lógico que los educadores públicos defiendan la educación deteniendo su constante desarrollo. Obviamente es cierto que existen muchas dificultades de por medio que impiden que sea un asunto sencillo. Por ejemplo, dificultades como el dinero que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda invierten de forma general en la educación para que éste infiera indirectamente en los salarios de los educadores públicos; el presupuesto de los establecimientos de educación pública; los proyectos a corto, mediano y largo plazo que pueda tener el Ministerio de Educación para el desarrollo integral de la educación, entre otras. Claro está entonces que la disputa es meramente económica, pero, al fin y al cabo; es la educación de 9 millones de personas la que está de por medio, la que está en ese juego político.
Cualquier persona podría decir que todos tenemos derecho a la huelga, y efectivamente es una afirmación muy cierta. En el artículo 56 de la Constitución Política se establece como derecho constitucional el derecho de huelga. Sin embargo, hay una excepción tajante y definitiva; la cual es la de ejercer el derecho de huelga cuando se detengan actividades consideradas como servicios públicos esenciales. Por obvias razones, esa prohibición se encuentra incluso desde la misma constitución. Es decir, sólo piense que hipotéticamente los trabajadores de EPM el día de mañana hicieran una huelga: la actividad de la empresa se interrumpiría; y servicios como el agua, el gas o la energía igualmente se verían afectados por esto. Comenzaría el caos en la ciudad.
Ahora bien, la cuestión sería determinar si la educación es un servicio público esencial. Igualmente, depende de lo que cada quien considere como justo. Hasta la Corte Constitucional ya ha dicho que la educación hace parte de los servicios públicos esenciales y ha prohibido tajantemente su huelga. Se trata de la sentencia T-423 de 1996, por si alguien le quiere echar una ojeada.
No sé ustedes, pero yo pienso que la educación es algo esencial en un Estado. Se podría decir que la educación es la mínima esperanza de salvación que tiene un pueblo para dejar de ser ignorante, o que tiene una familia para romper las cadenas de la pobreza. ¿Que la educación en Colombia es muy regular, como se notó en las pruebas PISA? Sí, ¿Que el salario de los educadores públicos gira alrededor de millón doscientos mil pesos, siendo uno de los más bajos de Latinoamérica? Sí, ¿Que se tiene que reconsiderar una mayor inversión a la educación? Sí. Pero de todos modos, reitero, es la educación de 9 millones de niños y adolescentes la que está de por medio; integrantes de familias que posiblemente tienen su esperanza en ellos para poder salir adelante; esfuerzo de padres, madres y familiares por financiar los gastos adicionales de la educación de sus hijos y, muy lastimosamente; tiempo perdido irrecuperable para los estudiantes.
Los directivos del sindicato “FECODE” podrán decir que estuvieron sentados en una mesa junto al Ministerio durante dos meses sin que la ministra Parody hiciese mucha presencia, pero esto no es suficiente para utilizar a la educación como un peón. Incluso, para el derecho, no es suficiente. Cuando un sindicato presenta un pliego de peticiones a su empleador (en este caso, el Estado) se procede a una etapa de negociación que se denomina “Arreglo Directo”, etapa que no dio frutos entre el sindicato y el Ministerio. La pregunta sería, ¿Qué hacer en caso de que no haya acuerdo entre ambas partes y se prohíba expresamente que no se puede realizar huelga? La respuesta es sencilla: para eso existe algo que se llama Tribunal de Arbitramiento Económico. Simplemente, el sindicato y el gobierno se sientan en una mesa con un señor llamado “Árbitro”, que hará las veces de juez entre las partes para solucionar su conflicto, que emitirá un documento que soluciona el conflicto denominado “Laudo Arbitral”; y todo sin la triste necesidad de parar e interrumpir el continuo desarrollo de la educación. Una forma más justa creería yo de resolver el conflicto.
No sé por qué en Colombia se tomó la costumbre de hacer paro en los servicios públicos esenciales cuando no hay acuerdo entre las personas y el gobierno. Así lo vimos en el “paro de la justicia”. Muy curioso, la justicia bien lenta que es, siendo un servicio esencial; y se dan el lujo de hacer paro.
De todos modos, reitero, se trata de lo que cada quien considere como justo. Hay algunos educadores que siguen lanzando diatribas al gobierno por su mala administración tanto en la educación como en este asunto propiamente dicho del paro; alimentado cada vez más esa cultura de ir en contra siempre del gobierno. Tal vez sea cierto lo de la mala administración, tal vez sea cierto que la ministra Parody debió invitar al sindicato “FECODE” a una nueva negociación directamente con el presidente Santos, tal vez sea cierto que se debió crear un Tribunal de Arbitramiento para no parar la educación; pero eso nunca obstará para que sea legítimo que el sindicato diga (como lo dijo en los medios) que “el paro no se levanta porque la ministra Parody lo diga”. Es que no importa quién lo diga, lo puede decir la Corte Suprema, la ONU, el presidente de Guatemala, el gobernador de Arauca o el alcalde de Sahagún; y para estas consideraciones, dicha disposición siempre estará legitimada en defender el derecho a la educación.
Mi pregunta entonces para plantearle a mi profesor de introducción al derecho sería la siguiente: ¿es justo que se presione al gobierno para aumentar salarios, utilizando como justificación pero a la vez como peón a la educación pública de 9 millones de personas, y teniendo en cuenta que existen otros mecanismos para lograr sus objetivos? A mí, sinceramente, no me parece.
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