«En Colombia, la educación pública es gratuita solo en teoría; en la realidad, es un laberinto diseñado para que los más pobres jamás puedan salir.»
En Colombia, la educación pública gratuita se vende como el triunfo de la igualdad social, una bandera que el gobierno ondea con orgullo mientras presume de políticas “inclusivas” y “revolucionarias”. Pero, ¿qué tan revolucionario es quitarle el costo a la matrícula si el verdadero peso de estudiar no radica en la inscripción, sino en todo lo demás que implica el camino universitario? Para el estudiante que vive en la pobreza o la marginalidad, la supuesta gratuidad es un espejismo: no elimina los obstáculos profundos que enfrentan a diario. Este mito, aclamado desde los despachos de gobierno, se cae a pedazos cuando se examina el contexto real y olvidado de tantos estudiantes colombianos.
Imaginemos por un momento al joven de un barrio marginado, cuya lucha comienza cada mañana: despertar antes del amanecer, recorrer largas distancias en transporte público inseguro y costoso, y llegar a un aula donde el respaldo social y económico es casi inexistente. ¿Cuánto vale la gratuidad cuando el estudiante no puede siquiera concentrarse en clases porque tiene que dividir su mente entre las clases y la necesidad de trabajar para sobrevivir? Para ese estudiante, el aula no es una oportunidad, sino otro escenario de exclusión, donde se le exige competir con quienes tienen todos los recursos a su alcance, desde la tecnología hasta la estabilidad económica.
La burocracia sigue tan ocupada adornando sus estadísticas de «impacto social» que parece no entender la magnitud de estos desafíos. Hablan de la «democratización de la educación» como si se tratara de un logro, mientras las cifras de deserción de estudiantes vulnerables solo aumentan. Para las instituciones, estos jóvenes no son más que números para mostrar en informes, y cuando la cruda realidad los aplasta y terminan abandonando sus estudios, el sistema se lava las manos y llama al problema “falta de compromiso”. Así de fría y cínica es la maquinaria educativa en Colombia, diseñada para que los estudiantes más pobres fracasen y el sistema no tenga que asumir su responsabilidad en ese fracaso.
¿Por qué no se habla del aislamiento social y cultural de estos jóvenes? Mientras unos estudiantes pueden hablar de viajes, conferencias, recursos y contactos que enriquecen su experiencia universitaria, otros apenas pueden permitirse el lujo de soñar con estudiar. Al final, la educación en Colombia no es una herramienta de movilidad social; es una trampa que mantiene a los de abajo en su lugar. Se les da la entrada, pero no las herramientas para quedarse y triunfar. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para excluir, para poner filtros invisibles que poco tienen que ver con las notas y mucho con el capital económico y social de cada familia.
El gobierno, mientras tanto, continúa con sus discursos complacientes, llenando los medios de historias de éxito que hacen de la educación pública un espectáculo de igualdad alcanzada. Pero, ¿dónde están los apoyos reales? Beca tras beca con condiciones imposibles, préstamos que endeudan a las familias y programas de acompañamiento inexistentes. Cuando la universidad pública deja al estudiante solo frente a sus problemas, lo empuja al fracaso en nombre de una igualdad que solo existe en papeles. La educación en Colombia sigue siendo un derecho a medias, que excluye a los estudiantes más vulnerables, mientras el país se mantiene en una desigualdad que, más que circunstancial, parece estructural.
Es hora de acabar con el mito de la gratuidad y hablar de una verdadera transformación educativa. Esto implica entender que la educación de calidad no es solo cuestión de dinero, sino de acceso real a un entorno que brinde apoyo integral, que derribe las barreras de desigualdad económica, social y cultural.
Comentar