“Las diferencias políticas han llevado a una polarización de opiniones en el seno del Congreso colombiano. La nueva sesión legislativa ha comenzado, y es evidente que este año las diferencias ideológicas serán el principal foco de atención. La promulgación de las reformas sociales, propuestas por el gobierno del cambio, supondrá una dicotomía para los “honorables” congresistas: lealtad de partido o mermelada gubernamental.”
Tibieza de los verdes, oportunismo de los liberales, deslealtad de los conservadores, hipocresía de la U, oposición férrea del Centro Democrático y Cambio Radical, ha dejado el panorama político abierto a interpretaciones. Al comenzar la legislatura, es evidente que el tema clave será el alineamiento de las fuerzas políticas con el proyecto de Gustavo Francisco Petro Urrego. La aspiración de un poder constituyente que busque imponer una ideología de izquierda en el país representa una regresión en el tiempo que se traducirá en el resurgimiento de la ideología beligerante de las fuerzas guerrilleras, como lo ejemplifican el M-19 y las FARC, hoy presentes en el Congreso. Un golpe blando contra la democracia que estará ligado a actores políticos dispuestos a venderse al mejor postor, y que carecen de los valores y el respeto por los ideales que son necesarios para un liderazgo efectivo.
Es evidente que está surgiendo una red de persecución política dentro de un contexto más amplio. Sin embargo, es igualmente incuestionable que elementos relacionados están abriendo la puerta a procesos judiciales que hacen imposible ocultar las bolsas de corrupción que están erosionando los cimientos del gobierno del cambio. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, la ley es la ley, independientemente de las circunstancias. Es imperativo que todas las partes se atengan a la justicia, con independencia de privilegios, ideologías o afiliaciones partidistas. El revuelo político y jurídico que está surgiendo ahora en Colombia, más allá del debate sobre un proceso, pone de manifiesto una dicotomía conceptual y ética en el seno de la clase política, que tiene estándares inconsistentes a la hora de fijar sus posiciones. Forma de actuar y proceder que no es exclusiva de la izquierda política, que se ve salpicada en diversos debates y cuenta con el apoyo de múltiples sectores.
Su presidente intenta influir en el imaginario colectivo imponiendo un lenguaje que minimiza la situación y permite a sus partidarios interpretar y manejar la realidad según la conveniencia política del momento. El gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego no está cumpliendo sus promesas de campaña, ha sido incapaz de llevar a cabo una implementación efectiva. Esto se ha traducido en un aumento de la corrupción y en la aparición de organizaciones criminales que operan con impunidad. Acontecimientos que contrastan con los valores de honestidad y lucha que el Pacto Histórico propugnaba para el pueblo. El actual caos administrativo y gubernamental atomiza el entorno ideal para que su mandatario ponga en marcha las reformas que ha anunciado, destinadas a impulsar el progreso de Colombia. La esfera de imposición del cambio trasluce que la política de la izquierda se constituye en un escenario de decrecimiento y en la continuación de prácticas insatisfactorias por parte de los agentes políticos de la nación.
La situación actual es compleja. Su presidente y sus fuerzas aliadas en el poder legislativo se resisten a aceptar las diferencias de opinión, lo que ha dado lugar a una falta de flexibilidad en la gobernanza. Los acontecimientos del 20 de julio demuestran que la política es un proceso dinámico, en el que se venden posiciones, se falta al respeto a la Constitución y se vota para imponer leyes. Se ha producido un notable deterioro de las normas de conducta que se esperan en política. Es claro que muchos senadores y representantes no han recordado que su deber primordial es con Colombia y no con Gustavo Francisco Petro Urrego y sus controvertidas intenciones. Los principios fundamentales de honestidad, respeto y coherencia se ven erosionados por la influencia de intereses financieros, que en últimas sirven a los intereses de los propios legisladores. Hay que oponerse a quienes son elegidos sobre la base de ciertas ideas y luego actúan de manera contraria a ellas, vendiendo su voluntad al mejor postor.
Es inviable que la democracia se derrumbe ante un régimen de deshonestidad como el que propone la izquierda. El disfraz ha quedado al descubierto y se ha identificado a los individuos que han ocultado sus intereses bajo la apariencia de una lucha por el pueblo. El poder legislativo está compuesto por individuos que han hecho carrera política y se centran en promover sus propios intereses, en lugar de cumplir plenamente con sus responsabilidades y obligaciones constitucionales. Quienes se presentaron como confiables están lejos de entregar los resultados que esperaban los colombianos que los eligieron, y están cerca de enfrentar juicios políticos. Es evidente que el Congreso se enfrentará a retos para restaurar su reputación como institución que representa con justicia a las diversas regiones de Colombia. Parece que la clase política ha formado partidos y diseñado estrategias con el único objetivo de acceder al Capitolio Nacional. Esto se asemeja a una partida de ajedrez, en la que los partidos actúan como peones en un juego de poder político y personal más amplio, y no como representantes del electorado que votó en las urnas.
El juego de acusaciones entre los partidos está alimentando el debate político. Se perfila todo un circo romano, con las fuerzas políticas de izquierda ávidas de establecer mecanismos legislativos que ajusten la Constitución y la Ley a las necesidades políticas, jurídicas o coyunturales del momento. Es evidente que los colombianos deben prepararse para observar intensos debates, dentro y fuera del legislativo, entre los partidos de gobierno y la oposición. Esto repercutirá en cuestiones de importancia nacional en el contexto de una disputa electoral que desembocará en las elecciones de 2026. Entorno coyuntural que hará que las reformas sociales, la agenda anticorrupción, la implementación de los acuerdos pactados en La Habana, los proyectos de inversión social y otros temas de interés nacional queden relegados a un segundo plano.
La incapacidad de los legisladores para superar las divergencias parlamentarias obstaculizará su capacidad para hacer aportes significativos a la transformación de la salud, la educación, el derecho laboral y otros sectores, que son prioridades para Gustavo Francisco Petro Urrego. La separación de poderes se ve comprometida por la influencia de quienes acompañan a su mandatario y buscan ejercer presión. Es posible que quienes no estén familiarizados con la dinámica del Congreso no comprendan del todo el alcance de los cambios radicales que busca implementar la izquierda. El Capitolio Nacional es una estructura que alberga a un gran número de senadores y representantes dedicados por entero a la búsqueda de beneficios gubernamentales. Una combinación de mala estrategia política y liderazgo ineficaz que es incapaz de impedir que su presidente siga adelante con su destructiva agenda y socave los cimientos de la república.
Es poco probable que el escenario político tradicional modifique sus planteamientos mientras los colombianos no pidan cuentas en las urnas a los partidos y candidatos que han abusado de la confianza depositada en ellos. Sólo así se podrá construir un mejor país. Es hora de iniciar el proceso de depuración del poder legislativo. Esto implicará reformar áreas que la clase política no ha sido capaz de abordar por sí sola. También implicará fijar el llamado «muro de la infamia», que registra las acciones, intervenciones, iniciativas y votos de cada uno de los 108 senadores y 172 representantes. Es esencial dotar al electorado de las herramientas y los argumentos necesarios para confrontar a sus caudillos, sobre todo teniendo en cuenta el breve plazo de menos de dos años en el que buscan activamente apoyos para hacerse con un puesto en la legislatura. Es fundamental restablecer la integridad y la credibilidad de una institución que se ha visto comprometida por la corrupción, el clientelismo, las falsedades, el nepotismo, el favoritismo personal, el cinismo y otras cuestiones relacionadas.
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