El 13 de agosto de 2021, los firmantes de paz que integraron el último secretariado de las Farc se comprometieron con miles de caicedeños, centenares de sus víctimas y la Comisión de la Verdad a reparar el sufrimiento y daños demostrados en dos asaltos que casi destruyeron el centro del Municipio, reclutamientos de menores de edad, secuestros de campesinos, robos de café, y el ataque a la Marcha de la Noviolencia, liderada por el gobernador Guillermo Gaviria, el comisionado Gilberto Echeverri, y acompañada por mil personas. El 5 de mayo de 2003, el gobernador, el comisionado y ocho militares con quienes compartían su secuestro fueron masacrados, las Farc siguen sin aclarar quién ordenó esos magnicidios.
El primer municipio noviolento de Colombia aún espera que los siete miembros de ese secretariado cumplan con el sencillo compromiso que adquirieron hace cuatro años: reconstruir la Casa Campesina que bombardearon. Mientras escuchan evasivas de los jefes guerrilleros, líderes cívicos, gobernantes, concejales, maestros, cafeteros, jóvenes, madres, comerciantes, todos en Caicedo, persisten en conservar y expandir su proyecto de Noviolencia, al que se han sumado sus nuevos hermanos, los urraeños y al que están llegando otros colombianos y aliados globales. Esa ciudadanía se ha cuidado, se ha reparado a sí misma.
En la infancia pasé muchas horas frente a un imponente cuadro de la casa de mi abuela. Lo miraba y preguntaba: ¿Qué es esa balanza?, ¿por qué le taparon los ojos?, ¿para qué usa una espada?, quería entender qué era eso de justicia, equilibrio, imparcialidad y garantías que los adultos abogados me explicaban con palabras a la altura de mis pocos años. Las primeras sentencias de la JEP me regresaron a esas tardes, a la paciencia de los adultos, también a los interrogantes de mi abuelo a los abogados, él, lector de filosofía y pragmático ingeniero, los requería por ejercicios injustos de la abogacía.
La JEP juzgó a los miembros del antiguo secretariado general, hoy líderes del partido político Comunes. Familias como los Turbay Cote, hombres como Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, entre muchos otros políticos, no pudieron defender sus ideas y realizar los proyectos que lideraban porque aquellos que hoy gozan de plenos derechos políticos cegaron sus vidas, se atravesaron en sus caminos. Esta primera sentencia de la jurisdicción especial sanciona a los responsables de 21.396 secuestros documentados.
Quien secuestra intenta robar su dignidad a la víctima, convirtiéndola en moneda de cambio por un valor económico o por un privilegio, excesivo la más de las veces. Del secuestro son víctimas la persona cuya vida, salud y libertad quedan en manos del delincuente, también, y en forma grave, quienes los esperan sometidos al terror, los maltratos de los interlocutores y la tortura de la incertidumbre por la vida y situación de la persona amada. Colombia tiene millones de víctimas de secuestro.
Dos días más tarde, ese tribunal emitió sentencia contra doce exmilitares integrantes del Batallón La Popa que reconocieron responsabilidad en 135 falsos positivos cometidos en el departamento del Cesar. Las víctimas fueron hombres jóvenes con sueños que eran la esperanza de sus familias, gente inocente que tuvo la “mala suerte” de habitar en regiones en conflicto.
El que perpetra una ejecución extrajudicial mancilla a la Fuerza Pública, manchándola con sangre de inocentes; destroza a las familias que pierden a uno de sus miembros jóvenes y sufren el deshonor sobre su nombre e historia personal; aterroriza a las comunidades que sufren porque las instituciones a la que confiaron su protección se convierten en sus victimarios.
Las Farc no han dicho toda la verdad sobre los secuestros, las desapariciones de sus víctimas, las torturas, esclavitud y abusos sexuales. Miembros de las Fuerzas Militares y el poder Ejecutivo no han aclarado responsabilidades, órdenes, mensajes contradictorios y silencios, sobre un crimen que se extendió como dolorosa mancha por el país.
Las decisiones de la JEP son dispares. Por eso son injustas, así parezcan legales.
Los militares comparecientes tendrán una pena corta, ocho años no alcanzan a reparar la ausencia de los seres amados, pero eso se decidió en el Acuerdo Final. Esta fue concertada con las víctimas y define las obligaciones de los responsables y las restricciones a su libertad. La jurisdicción ha prometido que la espada de Temis está ahí para ser usada, corresponderá a los ciudadanos acompañar a las víctimas y vigilar que los eventuales incumplimientos de los comparecientes sean sancionados.
Los magistrados que juzgaron fueron injustos con centenares de fiscales, jueces y magistrados de la justicia ordinaria que investigaron y sancionaron centenares de secuestros, sin contar con suficientes recursos, denuncias o pruebas, sabiendo que ponían en riesgo vida y libertad.
Los jefes de las Farc recibieron una sentencia que describe posibles acciones reparadoras que no fueron concertadas con las víctimas. La JEP no definió restricciones a la libertad de los responsables ni mecanismos de monitoreo al cumplimiento por esos siete hombres que envejecieron y enfermaron sin cumplirles a sus víctimas. Si el antecedente a su voluntad de cumplir está en las excusas con que eluden las demandas del pueblo marchante por la Noviolencia, es razonable esperar nuevos incumplimientos.
La niña que aún me habita ha vuelto a sentarse frente al cuadro de la infancia. La imagen cambió: la JEP despojó a la diosa de su venda y su balanza, para decidir sobre un grupo de responsables que hirió el alma del país. ¿Le dejará la espada que exige cumplir las sanciones?
Sobre el dolor y la impotencia que dejan la impunidad, insistiré siempre en el valor que tiene que el Acuerdo de Paz haya acabado con la violencia política en el país.
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