Nunca en la historia de Chile tantos ciudadanos habían manifestado una voluntad más férrea que la expresada el 4 de septiembre. Fue un voto transversal de repudio a una forma de vida que la extrema izquierda octubrista, declarada y encubierta, intentaron institucionalizar. Mientras los analistas siguen debatiendo qué aspectos de ese mamarracho generaron tal nivel de rechazo, pocos son los políticos que han logrado interpretar a una ciudadanía cansada del narcoterrorismo en el sur, de la inmigración ilegal en el norte y del poder del crimen organizado, cuya presencia se ha notado especialmente en el centro del país producto del funeral narco en Valparaíso.
En la lucha contra el narcotráfico destaca el Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien actúa de forma decidida destruyendo sus centros de operaciones. La ingeniosa fórmula del Edil fue aplaudida incluso por Ángel Valencia, Fiscal Nacional, pero el apoyo duró poco y nadie entiende por qué. El asunto es que le dio la espalda al Alcalde abriendo un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan por la entrega no oficial del listado de casos vinculados a investigaciones penales vigentes.
A esta “gestión pro-narco” se suman la rebaja en la pena a la asociación ilícita aprobada por el Congreso semanas atrás. Sí, tal como lo lee en esta columna y no lo encontrará en ningún medio de prensa, se derogó el Artículo N.º 293 que establecía que, si “la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados”. De ahora en adelante, a quienes se asocien con dichos fines ya no se les aplicará la pena de presidio mayor, sino que serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo a medio. ¿Es así como la clase política está ayudando a combatir el crimen organizado? Y todo esto en el contexto de los indultos a criminales que nunca fueron juzgados por asociación ilícita que era, justamente, el delito cometido por los miembros de la Primera Línea y que, con la ley antigua, les hubiera costado pasar décadas presos.
Francamente, pareciera que estuviésemos ante una captura del Estado y de varios miembros de la clase política por parte del crimen organizado que sabemos, tiene sus paraísos en Venezuela, Bolivia y, nuevamente, en Colombia.
En una columna reciente, Sergio Muñoz acuña el término, “extorsión lumpen-revolucionaria”, como hipótesis para explicar la decisión del Presidente de dejar libre a delincuentes con amplios prontuarios. Carter y Muñoz comparten un rasgo altamente escaso en el Chile actual: decir las cosas por su nombre. Para Carter, la causa del cambio de Valencia fue un “telefonazo”; cabe preguntarse de quién. Mientras, para Muñoz, el retiro de más de cien querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas por el Gobierno anterior contra presos de la revuelta y los indultos a criminales de amplio prontuario, son indicativos de una asociación de intereses entre la izquierda populista y el mundo de los delincuentes, a partir de la cual, se constituyen fuerzas “político-delictuales”.
Pero ahora ya no tienen de qué preocuparse porque, desde la semana comprendida entre el 19 y el 25 de marzo, la asociación ilícita dejó de ser un delito grave.
Decir las cosas por su nombre es dar el primer paso hacia la reconstitución de la seguridad interior de Chile, poniendo freno al proceso de desnacionalización y desmantelamiento institucional comenzado el 18-O que el Gobierno sigue impulsando por los cuatro costados del tablero político… ¿A qué me refiero con “desnacionalización”? El Estado-nación tiene dos dimensiones: la institucional y la cultural, de ello se sigue que existan dos vías para avanzar hacia su desmantelamiento: destruir la institucionalidad y su capacidad defensiva, y quebrar la moral de quienes habitan en las instituciones tornando en un caos la vida común. En breve, el proceso de desmantelamiento institucional rechazado continúa, mientras a las FF.AA. y de Orden se les persigue como si fueran delincuentes y a los delincuentes se les indulta como si fueran “presos políticos”.
¿Tenemos razones para pensar con Sergio Muñoz que la Primera línea y quienes gobiernan están en relación estrecha, así como sabemos lo está el PCCh con la narcoguerrilla del sur? Naturalmente que sí. Pero, además, existen referencias bibliográficas que nos explican la relación entre la extrema izquierda y los vándalos.
En su libro, Rebelión en proceso, Roland Denis explica quiénes son los actores encargados de adelantar la agenda del socialismo del siglo XXI: “Ya entre nuestros corredores nacionales desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político social y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global (…)”. De lo expuesto se sigue que la explicación a los indultos no es otra que aquella que los define como “presos políticos” cuya función fue asegurar la destrucción de la República, la democracia y la economía, asegurando el recambio por mano de la violencia de las élites políticas.
Evidentemente, ninguno de los objetivos políticos de esta nueva asociación marxista-criminal hubiese sido posible sin la colusión con organismos internacionales. Su intervención es clave para explicar el proceso de desnacionalización y desmantelamiento institucional de nuestro país. La imposibilidad de frenar la inmigración o de resguardar la seguridad interior frente los elementos subversivos constituyen la evidencia más prístina de su intervención.
De lo expuesto se sigue que es posible que estemos inmersos en un escenario de extorsión generalizado. Por una parte, los vándalos podrían estar amenazando con “contar la firme” sobre lo sucedido el 18-O e, incluso, con tomarse nuevamente las ciudades e incendiar el país. Por otra parte, nos enfrentamos a la extorsión no solo de organismos internacionales, empezando por la ONU, que impiden a Chile resguardar su seguridad interior y sus fronteras; ahora se suman países como los EE.UU. que en su Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado alude a “reportes ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de los agentes del orden” en nuestro país.
Ambas extorsiones son colas del mismo monstruo: la captura del Estado por parte del crimen organizado y la destrucción de nuestra República. En otras palabras, estamos transitando rápidamente hacia la imposibilidad de asegurar cualquier tipo de derechos a los ciudadanos. Y es que, como afirma Hannah Arendt, una vez hemos perdido nuestra comunidad política llamada Estado-nación, los derechos humanos se tornan irrealizables.
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el medio El Líbero de Chile, y la que le siguió en nuestro medio aliado El Bastión.
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