Fue designada Dolly Montoya como rectora de la Universidad Nacional de Colombia. En la sesión del Consejo Superior (CSU) del 22 de marzo se impuso, de nuevo, la antidemocracia. La Ley 30 de 1992 facultó al Gobierno Nacional para establecer un régimen especial acogido en el decreto 1210 de 1993. Así, en el CSU hay un representante estudiantil y otro profesoral. Gobierno nacional y agentes externos a la comunidad universitaria hacen mayoría.
Dolly Montoya fue quinta en la consulta realizada el 15 de marzo, en la que, además, el voto en blanco ganó entre los estudiantes, y a la misma candidata Montoya. El desconocimiento de la consulta universitaria está sustentado en disposiciones internas. El Acuerdo 011 de 2005 establece que se observarán “los criterios de consulta previa a la comunidad académica, de los planes y programas presentados por los aspirantes, y de análisis y valoración de sus calidades”.
La Resolución 278 de 2011, que reglamentó la consulta previa, señala el carácter consultivo de la opinión de la comunidad universitaria. No hay voto, no hay democracia: “el procedimiento de consulta previa a la Comunidad Académica no altera la competencia decisoria del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia”, dice en su artículo 15.
En 2012 se impuso Ignacio Mantilla desconociendo el respaldo que logró el profesor Leopoldo Múnera, con un respaldo superior a Mantilla en 15 veces entre estudiantes y dos veces entre profesores. Hace tres años se impuso, otra vez, siendo tercero en la consulta. En ambas ocasiones con el respaldo cerrado del gobierno, y obró en consecuencia.
Mantilla en su paso por la rectoría resaltó las “bondades” de la política de créditos estudiantiles y el programa “Ser Pilo Paga”, y llegó a afirmar que la financiación directa a la oferta puede ser complementaria, contra la naturaleza pública de la institución y su creciente necesidad de financiación estatal. Su administración abrió la puerta al capital financiero permitiendo que, tras ser promovido y aprobado un cupo por 200 mil millones de pesos, la institución sea sujeto de crédito, condicionándola a intereses cercanos a los 70 mil millones de pesos. Privatización y cosas de esas.
La autonomía universitaria es un principio con una garantía constitucional en Colombia, que protege la autodeterminación, el autogobierno y la autorregulación. También es un principio periódicamente desconocido en la designación de rectores, decanos y en general, de las autoridades administrativas.
La historia enseña cual ha sido la relación del conocimiento con la libertad, con la democracia: la libertad es la base del conocimiento y su desarrollo. Las universidades, escenario de producción de conocimiento, deben tener autonomía para ello, y esta es inviable si no existe la democracia. Es cierto que existen riesgos con la libertad, pero también los hay en los excesos de regulación y control del Estado sobre las universidades.
No es el Estado, la centralización, la burocracia, la forma de regular que requieren las universidades. Son los universitarios, a través de la deliberación, siempre democrática, la que debe orientar a esas instituciones.
Amaury Núñez González | @AmauryNG
