La rápida evolución de la Inteligencia Artificial (IA) está redefiniendo los paradigmas legales en nuestro país, desde delitos que migran a un ámbito digital hasta “comercialización” de datos digitales, no obstante el marco legal colombiano parece quedarse rezagado en la regulación de estos fenómenos. Es evidente la urgencia de abordar activamente los aspectos legales, jurídicos y éticos relacionados con la proliferación de la IA en la sociedad, la cual no solo trae oportunidades innovadoras, sino también dilemas que exigen medidas adecuadas para su integración.
¿Qué tenemos ahora para enfrentar los desafíos legales? El fundamento más importante se encuentra en la política pública para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial (Documento Conpes 3975 de 2019). Ahora bien, para el sector privado, se destacan algunas regulaciones proferidas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio dirigidas a usos y aplicaciones que desarrollen las personas que son objeto de su inspección, control y vigilancia.
Ahora bien, actualmente se encuentran siete proyectos de ley en el Congreso de la República para intentar regular o establecer un marco jurídico con respecto a la Inteligencia Artificial, puesto que en años anteriores ya habían existido algunas propuestas que buscaban crear un precedente en nuestro país, pero ninguna de ellas se convirtieron en ley.
Información extraída de Ámbito Jurídico.
Sin embargo, el panorama no se presenta completamente desalentador. En este contexto, destacan figuras del ámbito jurídico como las magistradas María Victoria Quiñones y María Patricia Ariza, cuyos fallos han sentado importantes precedentes en el ámbito judicial relacionados con la Inteligencia Artificial. Específicamente, su labor ha sido fundamental en lo concerniente a ciberdelitos y el metaverso, mostrando un compromiso con la comprensión y aplicación de la ley en un mundo cada vez más influenciado por la IA.
Es crucial que sigamos el ejemplo de otras regulaciones extranjeras como las establecidas por la Unión Europea, como el derecho al olvido, que garantiza a los individuos el derecho a que sus datos personales sean eliminados de manera efectiva de internet cuando ya no son relevantes o de la prohibición del contenido deepfake y la protección de datos biométricos. Igualmente, es importante que los juristas no se muestren reacios ante este tema y que la ciudadanía comprenda que la única necesidad no es el de promulgar leyes, sino también de entender los desafíos a los que nos enfrentamos y la importancia de regular la IA para proteger nuestros derechos y nuestra privacidad.
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