Uno entiende que las leyes, los decretos reglamentarios, los pronunciamientos de la Corte Constitucional evolucionan, a medida que lo hace la sociedad colombiana desde sus costumbres y con los elementos tecnológicos que provee la modernidad.
Platón dijo: “El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la de todos”, así que quienes privilegian incondicionalmente el derecho a la libertad de expresión, no importando el daño que con ello se cause a otros abonados al estado de derecho, están equivocados.
La entrada de redes sociales, para bien o para mal, introdujo cambios que no pueden ser desconocidos por las leyes. Gracias a esas redes, el mundo ha sido testigo de suicidios, desplazamientos, humillaciones, bullying, extorsiones, lo que se traduce en el inexistente “derecho a la mortificación” invocado por la Corte Constitucional, para justificar su reciente fallo que pone límites al derecho fundamental a la libertad de expresión, cuando con ella se afectan a otros ciudadanos.
Que la “humillación” y la “vida digna” no son criterios objetivos, claro que no, como no lo son tantas consideraciones que la justicia humana tiene para encerrar o dejar en libertad a un individuo, o para sancionar de esta o aquella forma tal conducta. Por más que se proponga, por más que los encargados de administrar justicia se preparen y adopten principios de rectitud, sus actuaciones no dejarán satisfacción total, pues la divinidad no ha tocado a sus puertas para ayudar en ese sentido. Aplausos al saber que sean los jueces de la república los que se reserven para sí la potestad de determinar en cuáles casos se pasó del uso al abuso de un derecho, para atentar contra la honra de los demás.
No porque el derecho a la libertad de expresión sea frágil y problemático la justicia tenga que privarse de tomar cartas en el asunto. Es altamente probable que en principio, y en observación de la directriz de la Corte, nuestros jueces pequen por exceso o por defecto, pero es muy saludable para la mejor convivencia que se regule sobre el tema. Seguramente a medida que se avance, y se observen los yerros del pronunciamiento, habrán espacios para introducir reformas.
Que quienes acudan a las redes para dar rienda suelta a sus frustraciones y desencantos la piensen antes de, debería ser tarea pedagógica de los medios de comunicación para frenar lo que podría convertirse en un tema de insalubridad social. La Corte dio un paso, no en contra de un derecho fundamental, y sí en favor de quienes pudieran ser víctimas de su abuso sin límites.
Yo, que le creo poco a la justicia humana, esta vez me coloco de su parte, y creo que está bien direccionada su decisión de recordarnos que nuestros derechos van, hasta donde comiencen los de nuestros conciudadanos.
