Abriaquí, Antioquia. – En el municipio de Abriaquí crece la polémica por el retraso en el pago de honorarios a los concejales, una situación que los corporados consideran una represalia política del alcalde, perteneciente al Partido Conservador, tras la negativa del Concejo a aprobar un empréstito de más de 1.200 millones de pesos en el mes de agosto.
Según denuncias públicas realizadas por los concejales y una queja disciplinaria radicada ante la Personería Municipal, la administración no ha cumplido con la obligación legal de girar los honorarios en los plazos que establece la ley. La Ley 2461 de 2025 determina que los concejales deben recibir el pago de sus honorarios a más tardar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al periodo de sesiones. Sin embargo, a 14 y 15 de septiembre, los corporados aseguraron que el dinero no ha sido desembolsado.
El presidente del Concejo, Óscar Enrique Roldán Alcaraz, informó que el 1 de septiembre se radicó ante la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico la documentación necesaria para ejecutar el pago, respaldada en la Resolución 023 de 2025, pero hasta la fecha los recursos no han sido girados
“Esta situación no tiene precedentes en el municipio y afecta derechos fundamentales como el mínimo vital de los concejales, quienes han cumplido con sus funciones en las 21 sesiones plenarias realizadas en agosto”, expresó Roldán.
Los concejales del Partido Verde —mayoría en la corporación con cuatro curules frente a tres del Partido Conservador— señalan que la decisión del alcalde podría estar motivada por retaliaciones políticas tras la negativa al empréstito. “Creo personalmente que puede ser represalia por no aprobar un endeudamiento que no era prioridad para el municipio”, manifestó uno de los corporados en declaraciones públicas.
La queja disciplinaria responsabiliza directamente a Diego Edison Henao Toro, secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, por presunto incumplimiento de la ley y extralimitación de funciones, hechos que la Personería deberá investigar
El caso de Abriaquí se convierte en un precedente preocupante para la autonomía de los concejos municipales en Antioquia y el país, ya que plantea dudas sobre la utilización de herramientas administrativas como mecanismos de presión política.
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