La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) de excluir al senador Iván Cepeda de la consulta interpartidista del denominado “Frente por la Vida” ha provocado una reacción política intensa. En ella se ha vuelto a instalar una narrativa conocida en la política colombiana: cuando una institución adopta una decisión que no favorece a un determinado sector —especialmente a la izquierda—, se presenta de inmediato como una agresión a la democracia.
Sin embargo, este episodio exige una reflexión más serena y, sobre todo, más rigurosa a la luz de los principios democráticos.
La democracia no se agota en la posibilidad de participar ni en la amplitud de la competencia electoral. No. Su núcleo está en algo mucho menos vistoso, aunque mucho más decisivo: la vigencia efectiva de reglas claras, aplicadas por autoridades competentes y aceptadas incluso cuando arrojan resultados políticamente inconvenientes. El respeto al Estado de derecho no es una formalidad técnica: es la condición que hace posible que la libertad política sea real y no dependa de la correlación de fuerzas del momento.
Las normas que regulan la participación en consultas interpartidistas no son un obstáculo artificial a la voluntad popular. Existen para preservar la equidad entre competidores, evitar el uso estratégico de distintos mecanismos de selección y proteger la integridad del proceso electoral. Desconocer o relativizar estas reglas en nombre de un supuesto interés democrático superior equivale a sostener que la legalidad solo es valiosa cuando coincide con el proyecto político propio.
Lo verdaderamente problemático del debate abierto no es la discrepancia jurídica frente a la interpretación del CNE —que, por supuesto, admite controversia por las vías institucionales correspondientes—, sino el mensaje político que transmiten los llamados públicos a deslegitimar a la autoridad electoral cada vez que una decisión no resulta favorable. Convertir a las instituciones en adversarios políticos cuando no producen el resultado esperado introduce una lógica profundamente corrosiva para la democracia constitucional.
Esta lógica, además, genera un incentivo perverso: el ciudadano deja de percibir a las autoridades electorales como árbitros imparciales y comienza a verlas como actores alineados o enfrentados a determinados proyectos ideológicos. El efecto sobre el comportamiento electoral es evidente. La narrativa de victimización institucional moviliza emocionalmente a una parte del electorado, alimenta la polarización y desplaza el debate desde las propuestas políticas hacia la sospecha permanente sobre la legitimidad de las reglas del juego.
En términos democráticos, el problema no es que una decisión del CNE influya políticamente en el escenario electoral —toda decisión institucional relevante lo hace—, sino que se pretenda presentar esa consecuencia política como prueba de inconsistencia jurídica. La confusión entre impacto político y validez legal es una de las formas más eficaces de erosionar la cultura constitucional.
Más aún, la exclusión de un actor relevante de una consulta interpartidista no equivale a una negación de derechos políticos. El afectado conserva intacta su posibilidad de participar en la contienda electoral por otras vías. Lo que se limita no es la participación política en sí misma; se trata del uso de un mecanismo específico regulado por la ley. Equiparar esa restricción legal con un “golpe a la democracia” no solo es conceptualmente incorrecto; también es políticamente peligroso.
La reacción de diversos dirigentes —en particular de sectores de izquierda— pone de relieve una tensión más profunda: la dificultad para aceptar que la democracia liberal no es, ante todo, el gobierno de quienes dicen representar al pueblo; es el gobierno limitado por normas. Cuando el discurso político transforma cualquier control institucional en un acto de persecución o sabotaje, lo que se está debilitando no es una candidatura concreta, sino la arquitectura misma que protege a los ciudadanos frente al abuso del poder.
Y aquí aparece un punto central que no puede pasarse por alto: la deslegitimación sistemática de las instituciones electorales configura una amenaza directa a la libertad. La libertad política solo es posible cuando el poder se encuentra jurídicamente encauzado y los procesos mediante los cuales se accede al gobierno son previsibles, controlables y sometidos a reglas claras. Si la validez de las decisiones institucionales pasa a depender de su conveniencia para un determinado bloque político, el ciudadano deja de estar protegido por el derecho y queda expuesto a la voluntad de mayorías circunstanciales.
El respeto al Estado de derecho no es un límite incómodo para la democracia: es uno de sus principios fundacionales. Sin legalidad, no hay garantías para la oposición, no hay seguridad jurídica y, en última instancia, no hay protección efectiva para los derechos individuales. La democracia se vacía de contenido cuando se convierte en un simple instrumento para maximizar resultados electorales y no en un sistema de frenos, controles y procedimientos que obligan a todos —incluidos quienes se consideran moralmente superiores o portadores de un proyecto histórico— a someterse a la misma ley.
Por ello, el verdadero riesgo que deja al descubierto la polémica sobre la decisión del CNE frente a la consulta del “Frente por la Vida” no reside tanto en la exclusión de un candidato de un mecanismo específico; radica en la normalización de un discurso político que presenta a las instituciones como obstáculos que deben ser presionados, desacreditados o subordinados cuando no producen el resultado deseado. Esa dinámica no fortalece la democracia: la degrada.
Defender la democracia implica, ante todo, defender la libertad y la vigencia del Estado de derecho como pilares irrenunciables. Y ello exige una responsabilidad mayor por parte de quienes ejercen liderazgo político: asumir que las reglas no están para garantizar victorias; están para impedir que el poder —incluso el que se autoproclama progresista o popular— se ejerza sin límites. Solo así la democracia deja de ser un eslogan útil en campaña y vuelve a su sentido esencial: un sistema institucional al servicio de la libertad de todos.
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