En los últimos días, algunas instituciones de educación superior han experimentado enfrentamientos entre los llamados «capuchos» y la fuerza pública. Estos conflictos han implicado la ocupación de espacios públicos, amenazas a las directivas universitarias y movilizaciones que exigen mayores recursos para las universidades, atención a las violencias basadas en género y otros temas. Las universidades se han convertido en catalizadores de problemáticas sociales, al ser reflejo de la sociedad que busca respuestas.
Muchas de estas reivindicaciones son de gran importancia. Algunas ya están siendo trabajadas por el gobierno actual, como una mayor inversión en las universidades públicas, con 9 puntos adicionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de varios proyectos de ley que buscan mejorar los recursos universitarios. Algunos de estos proyectos se enfocan en ampliar la democracia y la autonomía de las instituciones, mientras que otros apuntan a la reforma estructural de la Ley 30 de 1992. Desde el gobierno y el Ministerio de Educación, hay claridad y coherencia en lo trazado en el plan de desarrollo para este sector, que se ha convertido en una prioridad.
Sin embargo, el debate reciente en las universidades, particularmente en la Universidad de Antioquia, ha girado en torno a la posible intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), anteriormente conocida como ESMAD. Esto se debe a que el gobernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario, Andrés Julián Rendón, ha manifestado que no permitirá la presencia de «capuchos» en la Universidad. Sus palabras, «le voy a respirar en la yugular a la UdeA», reflejan esta postura.
Como comunidad universitaria, es evidente que necesitamos trascender las acciones violentas y optar por medidas pacíficas que promuevan el debate y la transformación social. No obstante, cada vez que el ESMAD ingresa a la Universidad, en lugar de resolver los problemas, los agrava. Basta recordar la época del gobernador Ramos, cuando la Universidad se convirtió en un territorio de disputa, o la intervención autorizada por Quintero en febrero de 2020, que reavivó las confrontaciones. Ahora, el actual gobernador parece dispuesto a repetir la historia, dándole oxígeno a estos grupos que, precisamente, buscan la atención mediática para reivindicar sus ideas.
Lo que queda claro es que la violencia solo genera más violencia. Según la Comisión de la Verdad, Antioquia ha sido uno de los departamentos más golpeados por la violencia, con más del 30% de los sucesos violentos del país, y la Universidad de Antioquia no ha sido la excepción. Es la institución de educación superior con el mayor porcentaje de victimización, alrededor del 25%, según el informe de la Comisión de la Verdad. Los actos victimizantes incluyen el asesinato de docentes, estudiantes y empleados, desapariciones forzadas y persecuciones políticas, entre otros. Responder con más violencia en una institución con un pasado tan trágico es no reconocer la importancia del proceso de paz, la necesidad de reconciliación y de reparación.
Es fundamental que la administración de este centro educativo impulse actos simbólicos de pedagogía para la paz y que, como institución, se tenga la valentía de pedir perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general por estos hechos que solo han traído dolor y sufrimiento. La Universidad debe ser un ejemplo de verdad, justicia, reparación y no repetición en Antioquia.
Adenda
Como sociedad, es necesario exigir al ELN que cese las acciones bélicas y que retome las negociaciones con actos concretos de paz. Al gobierno, le corresponde reconsiderar la finalización de los diálogos, ya que la guerra solo beneficia a aquellos que se lucran del dolor de miles.
Comentar