Definen el plan de deportación propuesto por Trump como crisis constitucional

Deportar en un plazo de dos años a los once millones de inmigrantes sin autorización que viven en Estados Unidos, tal y como lo propone el aspirante a la presidencia Donald Trump implicaría arrestar a 15.000 personas por días, algo imposible de lograr si se hace con apego a las leyes actuales y a los derechos civiles de los inmigrantes según activistas.

Deportar en un plazo de dos años a los once millones de inmigrantes sin autorización que viven en Estados Unidos, tal y como lo propone el aspirante a la presidencia Donald Trump implicaría arrestar a 15.000 personas por días, algo imposible de lograr si se hace con apego a las leyes actuales y a los derechos civiles de los inmigrantes según activistas.

“No hay un mecanismo concebible” según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU)  para lograr la expulsión de tantos extranjeros y a la vez respetar sus derechos constitucionales. Según el grupo, la única forma de arrestar la cantidad señalada de inmigrantes es la etiquetación racial,  paradas de transito injustificadas, redes ilegales de casas y lugares de trabajo e implementación de mecanismos electrónicos de vigilancia activados sin control judicial.

Respecto de los planes migratorios del precandidato la ACLU agregó que si realmente se arrestaran 15.000 personas por día, estas no podrían ser deportadas de inmediato ya que la ley estadounidense indica que primero deben ser escuchadas por un juez y en este momento, las cortes de inmigración se encuentran saturadas e incluso, se encuentran en posibilidad de colapsar si llegara a darse el súbito aumento propuesto.

El informe titulado “The Trump Memos” (Los memorándums de Trump)  también analiza propuestas del candidato republicano como la prohibición de que musulmanes accedan a Estados Unidos, la vigilancia a musulmanes y sus centros de oración, la revisión de leyes de difamación y la instauración de tortura.

Respecto al muro, también propuesto; el informe indica que se trataría de un despilfarro de militarización de la frontera e implicaría abusos a las comunidades civiles que viven en la frontera; además se trataria de un perjuicio racial y étnico contra los mexicanos.

About the author

Silvia Bustamante Mejía

Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Responsabilidad Civil y Seguros, y Magister en Derecho. Apasionada por la poesía, la salud y la academia.