El 10 de marzo el primer mandatario salió a dar respuesta a uno de los asuntos más importantes en la agenda pública del país: objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Desde el mismo día todos los medios de comunicaciones y las redes sociales se volcaron a dar respuesta a favor y en contra de dicho pronunciamiento. Por un lado, quienes están de acuerdo con que se cambie o reformule los puntos que objetó el presidente, afirman que, si se llevan a cabo las modificaciones necesarias, es posible que el acuerdo sea justo y que sí se garantice verdadera justicia y reparación para las víctimas.
Del otro lado estamos quienes defendemos la JEP y que somos conscientes que los puntos objetados son la columna vertebral del funcionamiento de una paz estable y verdadera, que esté en la capacidad de garantizar justicia y reparación para quienes han tenido que sufrir desde siempre las consecuencias de la guerra.
El Estado como aparato institucional que dispone las reglas del juego de las sociedades, dice el sociólogo Alemán Max Weber: “es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física y legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite» (Weber, 2009). De acuerdo con este presupuesto el Estado colombiano fue incapaz de acabar con un enemigo interno -las Farc- por medio del uso legítimo de la violencia y, tal y como lo hacen los Estados modernos y democráticos, buscó la solución pacífica y del diálogo para dar fin a un conflicto de más de 50 años entre el Estado colombiano y las Farc.
Debemos entender que las negociaciones garantizan dentro de lo que se logre acordar la postura de quienes estén en ella; y es por lo que no se puede pretender que una de las guerrillas más viejas del país cediera su cabeza sin saber a qué atenerse. La JEP, como bien se ha explicado en reiteradas ocasiones, es el aparato jurídico que se nace con el proceso de paz y que asimismo se ha afirmado por organismo como la Organización de Naciones Unidas (ONU) que es ejemplo a nivel mundial por la altura con la que asume la justicia transicional, la paz, la verdad, la reparación y la no repetición de los hechos más atroces que se vivieron a lo largo de este conflicto.
El proceso de paz con la antigua guerrilla de las Farc ha logrado disminuir enormemente los niveles de violencia en épocas electorales en todo el país, según lo señaló el pasado 27 de mayo de 2018 El Espectador: la muestra más clara es que se vivieron las elecciones más pacíficas de los últimos tiempos en el país (Judicial, 2018). Por eso insistimos en que se debe cumplir con lo pactado, y en ese lo ha dicho en muchas ocasiones el ex – negociador por parte del gobierno colombiano, Humberto De La Calle Lombana: «el primer desafío es cumplir lo pactado. Es una regla moral: uno no puede desarmar una guerrilla para hacerle trampa y el Estado colombiano debe cumplir su palabra”.
Sin duda el escenario en el que estamos es histórico y por eso debemos defender y cuidar una paz que garantice que todos podamos convivir sin matarnos unos a otros. Defender la JEP es nuestro compromiso y palabra ante la comunidad internacional que ha puesto todo para que funcione y por fin se pueda visionar un país desde otro aspecto distinto al de la violencia.
Referencias:
Judicial, R. (27 de 3 de 2018). Son las elecciones más pacíficas en décadas. El Espectador .
Weber, M. (2009). La política como vocación. La sangre del León verde: divulgación filosófica y pensamiento libre , 83 .
