Gran revuelo popular ha suscitado la reciente propagación en medios de diferentes noticias de envergadura económica, referidas exclusivamente a la coyuntura laboral que atraviesa el país debido a la creciente dinámica del desempleo urbano y sobre todo juvenil, cuyo origen desde Hacienda Nacional han manifestado no conocer a ciencia cierta. Las redes sociales, las noticias televisadas y radiales, las aulas de clase, los periódicos y las voces tertulianas en las calles discuten ahora mismo sobre las propuestas de diferentes sectores políticos y gremios empresariales para combatir el desempleo y la informalidad laboral que padece el aparato productivo nacional, que van desde la contratación por horas -y por ende a la remuneración por horas laboradas-, hasta el establecimiento de un salario mínimo diferencial por regiones; pero la propuesta que hoy por hoy ocupa todos los reflectores es la sugerencia de una modificación condicional del salario mínimo para el primer empleo, por parte de La Asociación Nacional de Entidades Financieras -ANIF-.
El planteamiento de ANIF hace parte de un paquete de medidas enmarcado en lo que se denomina una Reforma Estructural -es decir, cambiar las reglas del juego en Colombia en materia de regulación laboral- que incluyen reducir las cargas no salariales a los empresarios (como los costos de despido); atar el incremento del salario mínimo al incremento en la productividad nacional; establecer mecanismos de protección al cesante que en realidad hagan de las cesantías un ahorro para el desempleo; incentivar alternativas de formación vocacional-técnica; y la el ya mencionado establecimiento de un salario mínimo diferencial (del 75% del Salario mínimo legal actual) para los jóvenes menores de 25 años durante su periodo de aprendizaje. La propuesta de ANIF le apunta a lo que se denomina flexibilización del mercado laboral: incentivar vía desregulación eficiente la adquisición de mano de obra por parte de las empresas, con una fuerte focalización hacia la población más joven. ¿Pero por qué es necesaria y sobre todo en qué se basan las comisiones de expertos para sugerir esta medida?
- En primer lugar, es necesario plantear el panorama nacional y para ello hay que partir de que en años anteriores, cuando el volumen de negocios en el país crecía alrededor del 4,5% anual llegamos a presenciar tasas de desempleo que fluctuaban en torno al 9%; en contraste, la economía nacional creció 2,5% en el último año y 1,8% en el 2017, desaceleración que se ha sabido traducir en la tasa de desempleo del 10,8% observada para el mes de Agosto del presente año, y que es 1,6% mayor que la del mismo mes del 2018: Más de 500.000 puestos de trabajo destruidos y cerca de tres millones de personas desempleadas.
- Sumado a lo anterior, existe el crónico problema de informalidad laboral que enfrenta el país: Actualmente (las estimaciones difieren de acuerdo a cómo se mida la informalidad) puede decirse que los cálculos más optimistas enfatizan que la mitad de los trabajadores del país tienen empleos informales, e inclusive este número podría llegar a representar un 85% si se entiende como parte del sector informal a aquel empleado que no cotiza a seguridad social los 12 meses del año. Básicamente puede entenderse que un empleo es informal si el esquema de contratación sobre el cual se estructura no obedece unos lineamientos regulatorios establecidos por los entes de control. Que tan adecuados son estos lineamientos y si algunos de ellos son absurdos o no, no es el objeto de esta columna, sin embargo, vale la pena resaltar que de manera general, un alto grado de informalidad laboral denota pobreza; desigualdad; imposibilidad de ahorro y por tanto de progresión social; facilidad para ocultar dinero de la contabilidad nacional y en ese sentido para hacer negocios en la ilegalidad; está ligado a la falta de formación educativa y a la improductividad: Algunas estimaciones sugieren que, en promedio en Colombia, se requieren entre dos y tres trabajadores informales para generar la riqueza que produce un trabajador formal, y las empresas formales son 85% más productivas que las informales.
- Adicionalmente, las legislaciones laborales en Colombia, aunque han ido liberalizándose de a poco, continúan teniendo rigideces crónicas haciendo que el panorama de desaceleración e informalidad persistente se vea traducido en desempleo. Las rigidices en mención obedecen básicamente a costos directos e indirectos no salariales que hoy en día bordean el 50% del valor de la nómina, (monto excesivamente alto si se compara con países como Chile o México cuyos costos no salariales promedio son del 12% y el 28% respectivamente), haciendo que, un empleado que devenga un salario mínimo de COP $828.000 represente un costo directo para el empleador de COP $1.380.000. En segundo lugar, el salario mínimo en Colombia es disruptivamente mayor a los patrones internacionales establecidos para países en vía de desarrollo que establecen que el salario mínimo debe estar en el orden del 45% del salario promedio devengado en la economía; en Colombia el salario mínimo se encuentra en el orden del 72% del salario promedio.
- Por último, hay que hacer un énfasis especial en que el incremento del salario mínimo en Colombia no se lleva a cabo de acuerdo con parámetros técnicos. Lo técnicamente correcto es aumentar el SM dados los incrementos percibidos en la productividad laboral sumado, lógicamente, a la presión inflacionaria. Pero lo cierto es que en el país los niveles de productividad laboral han ido creciendo a ritmos promedio del 0,4% anual y el salario mínimo descontando la inflación a un ritmo de 1,2% es decir, 3 veces más: El reciente incremento del salario mínimo por parte del presidente Iván Duque de un 6% cuando lo técnicamente adecuado era un 3,5% ha sido catalogado como la peor medida en materia laboral de los últimos 30 años, y los resultados los vemos hoy.
Teniendo la coyuntura laboral que colombiana más o menos referenciada, la sugerencia de ANIF para incentivar el empleo juvenil plantea básicamente establecer un periodo de aprendizaje de un año para los jóvenes en edades de desde los 18 hasta los 25 años, (se estudia ampliarlo hasta los 28), durante el cual, siendo el caso de un primer empleo, se les permita devengar el 75% de 1 salario mínimo. Lo anterior plantea un incentivo que va en la vía de equilibrar la productividad de las empresas atendiendo a que los trabajadores jóvenes en su primer empleo son menos productivos, menos competitivos y por lo tanto tienen menos oportunidades de inserción laboral que aquellos con experiencia. Las estimaciones de ANIF plantean que, aplicando el paquete de reformas que sugieren para flexibilizar el mercado laboral, se crearían 1,8 millones de empleos en la siguiente década y cerca de 3 millones de empleos formales adicionales.
Pese a las bondades de la medida propuesta por ANIF, es notable y por supuesto entendible la resistencia que genera por parte de la sociedad. Reconocer y legitimar las demandas sociales de la población y su creciente clase media no debería ser un obstáculo para comenzar a hacer las reformas estructurales que el país necesita, con sus necesarias variaciones para que tengan el menor impacto posible en el bienestar social en el corto plazo pero que cumplan su objetivo de generar los mayores rendimientos futuros que como país tanto necesitamos, y de las cuales, los mayores beneficiados en potencia serán los mismos grupos poblacionales que hoy las hostigan.
Sin embargo, para alegría unos y tristeza de otros, el salario mínimo en Colombia está amarrado a un soporte constitucional muy sólido sobre el “mínimo vital” (Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional), por lo que resulta poco factible que se lleven a cabo las modificaciones planteadas al mismo sin poner una reforma constitucional sobre la mesa, cosa que resultaría inmensamente costosa en cuanto a capital político para la administración de Duque, dado que actualmente sufre una grave crisis de imagen y credibilidad derivada su salida en falso en la asamblea de las Naciones Unidas y de los recientes asuntos de Álvaro Uribe con la justicia. No obstante, el llamado a la población y a los hacedores de política pública es al pragmatismo y a la objetividad, a pensar en el largo plazo, aunque sea difícil, a dejar de aplaudir medidas populistas como la que deliberadamente tomó el presidente Duque a finales del año pasado cuando elevó el salario mínimo a un nivel más de 7 veces mayor que el técnicamente apropiado y a tratar de observar el panorama completo. Es nuestro deber como ciudadanos reconocer la realidad del país en el que vivimos, y el primer paso para actuar en razón de comenzar a cambiarlo.
