De renuncias, echadas y otras heridas

“Me hubiera gustado que el Presidente me lo dijera personalmente y mirándome a los ojos”.

Patricia Ariza

Hace cerca de un mes salieron del Gabinete dos ministras y un ministro. Hubo una polémica en todos los espacios, cartas fueron y no faltaron los fariseos que vieron en un acto de gobierno la prueba de la inhumanidad del Presidente. Yo mismo, en un grupo de WhatsApp, alegué que esa era la lógica de los altos cargos, que el Presidente simplemente había tomado una decisión necesaria para sacar las reformas en el Congreso. Pero, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Todo ese rifirrafe me trajo al presente algunos recuerdos vividos como funcionario público, los cuales expongo no sin cierto pudor y pena.

Sin querer compararme con las altas dignidades y con las personas que las ocupaban, paso a rememorar mis tres renuncias, solo como un ejercicio didáctico que posibilite comprender la lección de humanidad que siempre hay en esos trances, pocos de ellos alegres y la mayoría de las veces, dolorosos. Voy a centrarme en los hechos de las renuncias, más no en las circunstancias que me llevaron a los cargos, para que esto no quede como un alegato tardío de inocencia, o un litigio en causa propia.

Mi primera renuncia[1], la realicé cuando a mitad del camino pude entender que era imposible detener la oleada violenta sobre los líderes indígenas y la avalancha paramilitar sobre sus territorios; que los cultivos de coca avanzaban en las tierras afros del Pacífico y que ya se manifestaban preocupantes procesos de corrupción al interior de algunos sectores el Movimiento Indígena.

Corría el año del 2004 y yo era el Director Nacional de Etnias del entonces Ministerio del Interior y Justicia, en el gobierno de Álvaro Uribe. Cierto día, unos compañeros y autoridades Arhuacas me contactaron y me informaron que la Fuerza Pública con jurisdicción en La Sierra Nevada era cómplice de los paramilitares que en ese entonces se paseaban muy orondos azotando las comunidades Kankuamas, amedrentando los demás pueblos de la Sierra y apropiándose de importantes franjas de tierra de la Línea Negra. Le puse la queja a Carlos Franco entonces Consejero Presidencial de DD.HH., y con él logramos organizar una reunión de los dirigentes y autoridades indígenas de la Sierra con el Vicepresidente Francisco Santos, encargado de los temas de DD.HH.

Aunque fue muy difícil convencer a los indígenas, una representativa delegación llegó a Bogotá. Recuerdo que esa tarde nos hicieron pasar a un gran salón de la casa vicepresidencial en donde nos sentamos en torno a una amplia mesa. Cuando llegó el Vicepresidente los indígenas le empezaron a contar de las tropelías de paracos, militares y policías en sus territorios, le hablaron de la alianza del Gobernador Hernando Molina Araujo con los paracos, -lo llamaban “Comandante 41”-, y de la manera como sus vidas se habían llenado de terror, sus autoridades desconocidas y sus tierras invadidas. El Vicepresidente tenía o tiene, no se ahora, la manía de quitarse los zapatos en las reuniones donde las mesas ocultaban su gesto. En esta ocasión, entró al lugar un cachorro Labrador de su propiedad e inmediatamente empezó a jugar con sus zapatos y éste a jalárselos casi agachado debajo de la mesa, todo mientras los indígenas le relataban su tragedia. Esa actitud me cayó al hígado.

Al final, el Vicepresidente llamó al entonces Viceministro de Defensa, Andrés Peñate, para que nos recibiera. Llegamos al Ministerio de Defensa y allí nos reunimos con Peñate y otros altos militares, a quienes los indígenas expusieron lo mismo que habían dicho al Vicepresidente. No me acuerdo que dijo el Dr. Peñate, ni los militares allí presentes. Yo ya estaba muy verraco y desanimado por el curso de las reuniones. Los Indígenas regresaron a la Sierra y cuando llegaron a Valledupar, una líder indígena de la comisión fue detenida y amarrada por los paracos a un palo de mango por varias horas. Esta mujer me contó luego, que le decían que ya sabían lo que fueron a hacer y decir a Bogotá y que los iban a matar. Esta historia me aterrizó de bruces y comprendí con dolor, la inutilidad de mi oficio de “defensor de Indios”.

Poco después, me cayó como un rayo la declaratoria de persona no grata realizada por la Minga. Nunca supe la razón, aunque creo que se trataba de golpear al gobierno. Lo cierto es que pocos días antes, les había manifestado mi inconformidad con el procedimiento seguido para afiliar los indígenas de Antioquia a la EPS del Consejo Regional Indígena del Cauca. Esa declaración y lo vivido con los indígenas de la Sierra, me empujaron a renunciar irrevocablemente al cargo de Director de Etnias. El borrador de la renuncia lo conoció León Valencia quien me advirtió qué si no lo corregía, me iba a la tumba o el exilio. Pues la corregí. Feliz y liviano, apagué el celular y como un niño después de una pilatuna impune, me volé para San Andrés a ofrecer mis servicios a la causa Raizal.

La segunda renuncia[2] si fue dolorosa y demoledora, tanto que aún no me recupero. Yo era el Secretario de Gobierno del Alcalde Alonso Salazar, quién me nombró luego de haber sido su Subsecretario y él haber sido mi segundo renglón al Concejo de Medellín, en una aventura electoral fallida. Éramos amigos.

Aunque el cuento es largo, trataré de resumirlo para no perderme del propósito original. Corrían los inicios del año 2008, yo era el Secretario de Gobierno de la ciudad y extraditaron los paracos de la cárcel de Itagúí. Acabada la “Donbernabilidad” de la seguridad en Medellín, los homicidios se empezaron a elevar y pronto fue evidente una violenta disputa por suceder a los extraditados y a Don Berna, en particular. Entendidas las nuevas circunstancias, en compañía de un grupo de profesionales de la Secretaría nos clavamos durante meses a cambiar la estrategia de seguridad del Plan de Desarrollo y formulamos una nueva que se denominó “Juntos Podemos”[3]. Reformulada la estrategia de seguridad y presentada en un evento realizado en la Biblioteca de Belén, lo que seguía era implementarla y seguir buscando cómo salir del atolladero. Pero no fue así, tres o cuatro días después de haberle solicitado la renuncia al Gabinete en pleno, Alonso me citó a tomar café en la Fiesta del libro de 2009 y me dijo que le presentara la renuncia irrevocable.

La historia terminó con la salida de la Secretaria de Salud, la Secretaria de la Mujer y yo. Recuerdo, como una oscura pesadilla, que estuve por días desfallecido en el sofá mirando al techo de la sala. Cuando a uno lo echan de un cargo público lo arropa el más terrible ostracismo, los teléfonos a que llamaba ya no le responden y una sensación de inutilidad y desamparo te abate por todos los costados. A los pocos que me llamaron, les respondí que me sentía como si me hubieran arrojado de una tractomula bajando sin frenos por el Alto de Matasanos.

La razón por la cual no me recupero aún de aquel golpe demoledor, es que nunca supe por qué me sacaron. Tampoco pregunté. Yo aduje en mi renuncia que me iba por el aumento de homicidios en la ciudad, pero era pura carreta. Meses después, Felipe Palau, en calidad de Secretario de Gobierno, presentó con su firma la estrategia de seguridad que habíamos formulado y hace pocos días, mi hijo me confesó que cuando volví a estar en casa todo el día, se preguntaba temeroso que quién era ese señor que ahora lo cargaba y jugaba con él.

La tercera renuncia, me tocó presentarla preso por la rabia infinita que me produjo la actitud desagradecida y desconsiderada de Fajardo y las torcidas intrigas palaciegas a su alrededor. Yo fungía como asesor de la Secretaría de Gobierno Departamental que dirigía Santiago Londoño. Un día este señor me llamó desde algún pueblo a decirme que había llegado una sanción en mi contra de la Personería de Medellín y que parecía que me la harían efectiva. Me pareció extraño que lo dijera porque todos los abogados que yo había consultado me explicaron que la sanción de tres meses fuera del cargo que ocupé como Secretario de Gobierno en Medellín, solo podía ejecutarse pagando la suma devengada en ese período porque yo ya no ocupaba un cargo similar en la Gobernación, requisito exigido así por el Código Único Disciplinario.

Yo estaba tranquilo hasta que me llamaron del despacho del Gobernador a notificarme la salida de la Gobernación por tres meses, según decisión ejecutoriada de la Personería de Medellín. Me dijo la sacamicas que fungía como Secretaria Jurídica que la decisión se tomaba de esa manera para protegerle la espalda al gobernador. Nunca me preguntaron por esa sanción, nunca escucharon los argumentos legales que me respaldaban y mi cabeza le fue entregada al politiquero Bernardo Alejandro Guerra, enemigo jurado de la administración de Alonso porque éste le sacó sus cuotas de la administración y al corrupto Santi Martínez, al cual no le nombré un paisano como Jefe de Control Interno en la Empresa para la Seguridad Urbana de Medellín.

Corroído por el desengaño y la frustración, cumplí la sanción y renuncié irrevocablemente el día que se cumplió. Hasta ese momento y hora creí en el futuro candidato eterno.

Con los años me enteré que cuando la Personería falló en mi contra, la investigación ya había prescrito y que ese beneficio no se me reconoció porque mi defensora no lo alegó.

Columna en desarrollo…