El presidente Gustavo Petro nunca nos dijo en cuáles tres meses de su gobierno acabaría con el ELN. Si consideramos su elevado tono autoritario, que avanza cada día, y las posturas del pastor Alfredo Saade Vergel de que es mejor que Petro se quede 20 años, podríamos pensar que esos tres meses son los últimos de su quinto mandato, en su sueño reeleccionista. Pero mientras eso no pase, lo cierto es que faltan 11 meses para que termine el gobierno y no solo no se acabó el ELN, sino que el Gobierno ahora quiere crear grupos armados con reconocimiento de estatus político por decreto. Nunca se imaginó el Clan del Golfo que su mejor aliado para alcanzar el estatus político sería la izquierda colombiana, a la que tantos de sus integrantes ha asesinado.
Francamente, es ya claro que la política de Paz Total improvisada del primer comisionado de Paz, Danilo Rueda, y continuada por Otty Patiño, tuvo como único éxito el fortalecimiento de los narcoterroristas y ahogó cualquier posibilidad de que se firmara un acuerdo con el ELN. Un acuerdo que, además, el ELN tampoco iba a firmar, solo que el Gobierno les dio las mejores excusas para que este grupo guerrillero se fuera de la mesa de negociación.
El Ejército de Liberación Nacional le plantó cara al Gobierno de Gustavo Petro en su intento de meterlos en la misma sombrilla de los diálogos sociojurídicos o las mesas de paz territorial bajo el argumento —cada vez más insostenible— de que su origen político requería una excepción constitucional y, por tanto, una nueva jurisdicción especial de paz. Y, por supuesto, que ellos no son un grupo ni narcotraficante ni terrorista, por lo que no se les puede comparar con el Clan del Golfo y otras bandas criminales de Medellín y Buenaventura.
Ahora bien, como el Gobierno se encuentra desesperado por mostrar un éxito, así sea una foto de Pesebre y Douglas entregando alguna arma desde la cárcel o la Alpujarra, decidió que toca reconocerles el estatus político al Clan del Golfo y a otras bandas criminales para así no tener que pasar la ley de sometimiento por el Congreso de la República, sino que pueda enmarcar estos diálogos en la Ley 2272 de 2022 y firmar acuerdos de paz, no sometimientos a la justicia. Mejor dicho, 50 atracadores que se unan en la entrada de Medellín, compren tres fusiles, creen un periódico con el lema “Abajo la burguesía” ya pueden pedir pista en la calle larga que acaba de abrir el Gobierno para graduar narcoterroristas de rebeldes y criminales políticos.
Con esto, el Gobierno no solo rompe toda posibilidad de avanzar en un acuerdo de paz con el ELN —que dejó claro que no aceptaría no ser reconocido como el último grupo político en armas de Colombia— sino que rompe la separación de poderes para no debatir en el Congreso la necesaria ley de sometimiento a la justicia y, lo que es más grave aún, viola gravísimamente el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, abriendo una puerta a la Corte Penal Internacional porque, simplemente, el Estado no puede renunciar a someter a la justicia a estas bandas narcocriminales bajo el argumento de otorgarles un estatuto político y dejar las victimas una vez más a la espera de algún grado de justicia, en este caso, ya será divina.
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