“mientras el Estado falla en su deber de implementar políticas públicas efectivas contra la obesidad, surge otro problema igualmente alarmante: la gordofobia. Esta forma de discriminación, que se manifiesta en múltiples escenarios, encuentra en la atención en salud uno de sus campos más críticos.”.
La obesidad, reconocida mundialmente como una de las principales amenazas para la salud pública, requiere una respuesta estatal decidida y efectiva. En Colombia, la gravedad del problema llevó a la promulgación de la Ley 1355 de 2009, que declaró la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de ella como una prioridad de salud pública. Sin embargo, esta normativa, que debería haber sido un pilar en la construcción de una política pública integral, se encuentra paralizada debido a la falta de reglamentación, lo que ha generado serias implicaciones en la eficacia de cualquier intervención estatal.
La obesidad es más que una cuestión de kilos; es un problema multifacético que afecta la salud física y mental de millones de personas, impactando no solo su calidad de vida, sino también su acceso a derechos fundamentales. El Estado colombiano, al no reglamentar de manera efectiva la Ley 1355 de 2009, ha demostrado una preocupante desidia que se traduce en una falta de acciones concretas para mitigar los efectos de esta epidemia. La falta de reglamentación no es un simple tecnicismo; es un reflejo de la falta de interés del gobierno nacional en abordar este problema con la seriedad que amerita, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de una gran parte de la población.
Por otro lado, mientras el Estado falla en su deber de implementar políticas públicas efectivas contra la obesidad, surge otro problema igualmente alarmante: la gordofobia. Esta forma de discriminación, que se manifiesta en múltiples escenarios, encuentra en la atención en salud uno de sus campos más críticos. Las personas con sobrepeso no solo luchan contra una enfermedad que compromete su salud, sino que también enfrentan un trato despectivo y discriminatorio que viola sus derechos fundamentales.
La gordofobia se manifiesta como el rechazo, la violencia y el desprecio que enfrentan las personas por el simple hecho de tener un cuerpo gordo. Esta forma de discriminación, al igual que otras, limita el desarrollo pleno de quienes la sufren. Las personas gordas encuentran obstáculos en diversos aspectos de su vida, como el acceso a empleo, relaciones personales y una atención médica adecuada. La gordofobia está basada en prejuicios sobre los hábitos y la salud de estas personas, alimentados por la idea errónea de que la gordura es resultado de falta de esfuerzo o autocuidado. Esta perspectiva ignora los contextos económicos, sociales, genéticos y culturales que influyen en el cuerpo de una persona, y deja de lado factores médicos que también pueden incidir en su peso. Al mismo tiempo, no se reconoce que la propia gordofobia es una fuente de daño a la salud, tanto física como mental, generando ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. La sociedad insiste en culpabilizar a las personas gordas, generando vergüenza y aislamiento social.
La gordofobia se convierte así en la otra cara de la moneda de la ineficacia estatal. En lugar de recibir el apoyo necesario para enfrentar su condición, las personas con obesidad son estigmatizadas y tratadas como responsables de su propio padecimiento. Este enfoque no solo es éticamente reprochable, sino que también es contrario al mandato constitucional de proteger la dignidad humana y garantizar la igualdad de trato a todos los ciudadanos.
La gordofobia es una forma de discriminación que está profundamente arraigada y extendida en todos los niveles de la sociedad. Se manifiesta de manera automática y normalizada, sin que muchas veces se cuestione su existencia. Este prejuicio está presente en todos los ámbitos, desde las instituciones sociales hasta nuestras costumbres, la política, la cultura, la ciencia e incluso en nuestras relaciones familiares y amistosas. No hay espacio que esté exento de gordofobia. Aunque recientemente ha comenzado a visibilizarse y denunciarse, ya es posible identificar sus principales expresiones y reconocerla en nuestra vida diaria.
Otra cara de la misma moneda es el acoso escolar, comúnmente conocido como bullying, ocurre en los centros educativos a través de relaciones de poder entre compañeros que se transforman en violencia y hostigamiento. En gran medida, este fenómeno está influenciado por las desigualdades y jerarquías sociales externas que se replican en el aula. Es decir, el aula actúa como un reflejo en miniatura de las opresiones que existen en la sociedad: racismo, homofobia, transfobia, gordofobia, capacitismo y sexismo. Según la Unesco, los principales motivos de bullying a nivel mundial son la apariencia física y la raza o religión, entre los cuales se incluye la gordura. Muchas personas con sobrepeso afirman haber sido discriminadas por su cuerpo durante su etapa escolar, lo que en ocasiones las ha llevado a cambiar de colegio o incluso a abandonar sus estudios.
El caso de Antonia, abordado en la Sentencia T-432 de 2023 de la Corte Constitucional colombiana, si bien no se menciona directamente como un ejemplo de cómo la gordofobia puede llevar a situaciones de discriminación inaceptables. Antonia, una joven discriminada por su peso, fue víctima de un sistema de salud que, en lugar de ofrecerle el cuidado necesario, la sometió a un trato indigno y excluyente. Esta sentencia subraya la necesidad de que el Estado colombiano no solo reglamente la Ley 1355 de 2009, sino que también implemente políticas que combatan la gordofobia en todos los niveles de la sociedad. Por esto la corte impone El deber de a la EPS de realizarle una valoración multidisciplinaria a la accionante que dictamine de forma técnica, científica y oportuna, la necesidad de una cirugía bariátrica, ya que entiende que el problema debe ser tratado desde diversas esferas.
Esta visión de la Corte Constitucional resulta determinante ya que otra faceta de la Gordofobia en la atención médica El sesgo de suponer que las personas tienen sobrepeso por elección propia o por falta de esfuerzo para modificar su cuerpo, sumado a la preocupación global sobre la obesidad como un factor de riesgo para la salud, conlleva que en las consultas médicas se aconseje casi de forma automática hacer dieta como solución para cualquier problema de salud que una persona con sobrepeso presente. Con frecuencia, esto se hace sin investigar adecuadamente las causas del malestar, sin escuchar al paciente y conduciendo a diagnósticos erróneos.
Otras aristas que podrían abordarse en torno al tema de la gordofobia incluyen la exclusión laboral, donde las personas con sobrepeso enfrentan barreras para acceder a empleos o ascensos debido a prejuicios. También está la infrarrepresentación cultural y el rechazo sexo-afectivo, que limitan la visibilidad de cuerpos gordos en medios y relaciones. La dificultad para encontrar ropa de talla adecuada es otro desafío cotidiano. Además, la gordofobia en el deporte desalienta la participación de personas con sobrepeso, mientras que fenómenos como la narcoestética, la imposición de la cultura fitness y la cultura de la dieta refuerzan estereotipos dañinos que perpetúan la discriminación.
La obesidad es un problema de salud pública serio y urgente, pero no puede ser abordado de manera efectiva si no se combate simultáneamente la discriminación que sufren quienes la padecen. El Estado tiene una deuda pendiente con estas personas, una deuda que solo puede saldarse mediante la reglamentación efectiva de la Ley 1355 de 2009 y la implementación de políticas públicas que garanticen un trato digno y respetuoso en todos los ámbitos, especialmente en la atención en salud.
Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad y actúe con la firmeza y el compromiso que la situación demanda. No se trata solo de kilos; se trata de vidas, derechos y dignidad. La inacción no es una opción.
Comentar