La temible banda terrorista del país vasco, ETA, acaba de anunciar su desmovilización total, sin negociaciones previas, sin regalos, sin reconocimientos, sin impunidad. Reconoce su fin y se disuelve, así de sencillo. Si hubiesen sido tercos habrían prolongado su agonía por años, pero, al cabo de más de medio siglo de buscar el apoyo del pueblo vasco, en vez de éxitos obtuvieron su repudio y derrotas militares por parte del estado español con ayuda del francés.
De tamaño superlativo fue la útil actitud de la ciudadanía española, incluida las mayorías vascuences que, a cada aleve y cobarde atentado de la banda contra la población civil, agentes y funcionarios del estado, se movilizaba multitudinariamente para manifestar su rechazo.
La banda nunca pudo alcanzar el apoyo de aquellos a quienes quiso y dijo representar, su discurso separatista, aunque coincidiera con el de otras fuerzas civiles, llegó a un punto de estancamiento que hizo inviable la meta de la independencia. La banda no gastó tiempo en cavilaciones como las que nos han metido en Colombia: como el Estado no derrotó a las Farc, entonces son iguales…
Inquietudes como: ¿qué va a pasar con las víctimas, con los miles de damnificados, sobrevivientes, huérfanos, viudas, lisiados? ¿Su disolución implica que cada miembro tomará el rumbo que elija? ¿qué va a suceder con los responsables de crímenes de lesa humanidad?, fueron respondidas por Mariano Rajoy.
El presidente del gobierno español fue claro y categórico: continuarán las investigaciones y habrá castigo, pues la banda se rindió ante la eficaz y eficiente acción de los organismos policiales, de inteligencia y militares y no hubo negociación interpartes, no recibió estatus de beligerancia. El estado español no renunció a su superioridad moral contra el terrorismo, por eso no habrá beneficios tipo amnistía o indulto para los jefes, la democracia no sufrió mengua, no se les otorgó representación en la Cámara de Diputados, la Constitución no fue modificada ni se crearon organismos paralelos al estado.
Aunque España no es Colombia, ni ETA es igual a las FARC y, por supuesto, Mariano Rajoy no se parece a Juan Manuel Santos, no deja de ser tentadora la idea de establecer un parangón entre el manejo dado por cada gobierno a una amenaza de tipo terrorista.
El final de ETA y la situación político-militar de las FARC momentos previos al inicio de negociaciones tienen muchas similitudes. Ambas habían perdido su capacidad estratégica de tomarse el poder o lograr su cometido, ambas habían cosechado por sus acciones de terror un amplio repudio entre la población. Los dos estados, a su vez, habían propinado golpes demoledores de tipo militar contra jefes, estructuras y planes de esas organizaciones.
Lo curioso es que el estado y el gobierno español en vez de abrir una puerta a la negociación solicitada por ETA optó por exigirles su disolución mientras en Colombia el gobierno Santos antes que cobrar duro los golpes dados a las FARC desde el inicio de la Seguridad Democrática y del Plan Colombia, decidió iniciar “conversaciones en medio del conflicto”, otorgarles rango de contraparte y estatus de beligerancia, lo cual se tradujo en que durante cuatro años las fuerzas del orden sufrieran crueles ataques y bajas sensibles, acometidas para presionar al gobierno a asumir compromisos impensables en el pasado.
Al final, Santos, De la Calle y Sergio Jaramillo, firmaron un tratado que obliga al país y a varios gobiernos por espacio de al menos 12 años, crea instituciones nuevas como la Justicia Especial de Paz, regala 10 curules en el Congreso para las Farc, asegura financiación a su partido, eso y mucho más al coste de sacrificar instituciones, humillar las fuerzas militares, ofender la dignidad de los colombianos y en especial el de las víctimas y desconocer el resultado del plebiscito en el que fue derrotado dicho pacto.
El gobierno colombiano y sus adláteres se acogieron a un discurso según el cual la lucha por la democracia y las libertades no fue necesaria, fue inútil y por eso, no debe ser motivo de orgullo y se le entregó la construcción de la verdad y la aplicación de justicia a órganos y personas afectos o cercanas a las guerrillas.
En España las principales fuerzas políticas y sociales se movilizaron unidas contra la banda. En Colombia, el gobierno en vez de estimular la unidad y el consenso ante un asunto tan delicado prefirió darle rienda suelta al ego de Santos de pasar a la historia como el presidente de la paz y obtener el nobel de paz.
Rajoy en su discurso ratificó la entereza de la democracia y la fortaleza del estado, se comprometió a aplicar justicia y forzar el reconocimiento de las víctimas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, terminará su gobierno sorteando el doble juego de las FARC, la pervivencia del narcotráfico por parte de su dirigencia, arriesgando la buena amistad con los EE. UU. y repitiendo los mismos errores con el ELN, dejando como legado un estado débil y una sociedad dividida enfrentada al peligro de caer en manos del fallido populismo bolivariano.
Sin embargo, las elecciones presidenciales permiten avizorar una luz de esperanza en el sentido de que es posible y sensato corregir los errores del acuerdo, restablecer la integridad de la Justicia, reconocer y reparar a las víctimas, evitar la impunidad sobre delitos de lesa humanidad y exigir la total desarticulación y desmovilización de los grupos armados al margen de la ley.
Via: El Espectador.
