En Colombia todavía cuesta entender que gobierno y Estado no son lo mismo. El gobierno es pasajero, limitado por un periodo electoral; el Estado, en cambio, permanece, sostiene, garantiza y proyecta la idea de institucionalidad. Esa diferencia, que parece elemental, se vuelve crucial cuando quienes toman decisiones en las entidades públicas actúan desde la lógica del gobierno y no desde la responsabilidad del Estado. Y pocas decisiones lo evidencian tanto como la reciente determinación, en algunas entidades, de extender los contratos de prestación de servicios únicamente hasta el final del actual gobierno, y no hasta finalizar la vigencia presupuestal de 2026. Lo que podría parecer un asunto administrativo menor revela, en realidad, un problema de fondo: los egos y cálculos políticos están pesando más que la continuidad institucional.
Los temas administrativos y la operación cotidiana del Estado dependen, en buena parte, de personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios. No es el ideal, pero es la realidad: en muchas entidades del orden nacional, más del 80% de quienes sostienen los procesos, atienden a la ciudadanía, ejecutan proyectos y garantizan la marcha institucional trabajan bajo esta modalidad. Cuando sus contratos se limitan al fin del gobierno, se genera un vacío operativo que pone en riesgo los fines del Estado, especialmente en los territorios más vulnerables, que han sido precisamente el bastión social y político del actual gobierno.
La pregunta es inevitable: ¿por qué no extender los contratos hasta finalizar la vigencia 2026, como corresponde a una visión de Estado? ¿Qué temor subyace? ¿Será que preocupa que, al garantizar continuidad, estas personas terminen trabajando con el gobierno entrante y eso debilite el capital político-electoral del gobierno saliente? Si esa es la razón, o parte de ella, entonces estamos ante un problema mayor: los intereses personales no pueden estar por encima de las responsabilidades del Estado. Un gobierno administra; el Estado garantiza derechos. Un gobierno pasa; el Estado permanece. Y cuando las decisiones se toman desde la lógica del corto plazo, los procesos públicos quedan atrapados en la incertidumbre.
Es justo reconocer que este gobierno ha impulsado reformas sociales necesarias y largamente aplazadas. Ese mérito debe resaltarse. Pero también es necesario señalar que la gestión de los contratos de prestación de servicios está enviando un mensaje equivocado: el mensaje de que la continuidad institucional puede sacrificarse por cálculos políticos. Y eso es grave. Porque cuando un contrato se interrumpe sin justificación técnica, no se afecta solo a una persona: se afecta a una comunidad, a un territorio, a un servicio público, a un derecho. Se afecta la capacidad del Estado para cumplir sus fines.
Los gerentes públicos, quienes hoy tienen posiciones decisorias, están llamados a pensar como Estado, no como gobierno. A entender que la continuidad no es un favor, sino una obligación. Que la estabilidad de los procesos no puede depender del calendario electoral. Que el país no puede detenerse cada cuatro años para volver a empezar. Que la institucionalidad no puede ser rehén de los temores políticos.
Extender los contratos hasta finalizar la vigencia 2026 no es un gesto político; es un acto de responsabilidad estatal. Es garantizar que los proyectos no se detengan, que los compromisos con los territorios más afectados no se diluyan, que la operación pública no quede en manos de la improvisación. Es reconocer que el Estado no puede darse el lujo de frenar su marcha por decisiones que responden más a la lógica del gobierno que a la lógica del interés general.
Colombia merece un Estado que funcione más allá de los ciclos políticos. Un Estado que no dependa de los egos, ni de los temores, ni de las tensiones electorales. Un Estado que entienda que la continuidad institucional es la base de la confianza ciudadana. Por eso, este es un llamado respetuoso pero firme a quienes hoy toman decisiones: pensar como Estado, actuar como Estado y decidir como Estado. Porque cuando los egos de un gobierno frenan la continuidad de los procesos, quien pierde no es el gobierno: es el país y el conjunto de sus ciudadanos.
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