En tiempos donde el país reclama claridad, firmeza y transparencia, resulta inquietante que uno de los principales aspirantes a la Presidencia, Iván Cepeda, haya optado por una estrategia que parece esquivar más preguntas de las que responde. Porque en política, no decir también dice mucho.
Colombia no está para ambigüedades. No cuando se habla de reformar la Constitución, no cuando se discuten los límites de la justicia en medio de la violencia, y mucho menos cuando se trata de la seguridad nacional. Sin embargo, Cepeda ha preferido moverse en una zona gris frente a temas cruciales que definirán el rumbo del país.
Uno de los silencios más delicados es su posición frente a una eventual Constituyente. En un país que ha construido durante décadas un delicado equilibrio institucional bajo la Constitución del 91, abrir la puerta —aunque sea tímidamente— a su transformación sin explicar con claridad los alcances, genera más incertidumbre que esperanza. No es un tema menor: es, literalmente, el rediseño de las reglas del juego democrático.
A esto se suma una narrativa preocupante sobre la violencia. Calificar el asesinato de Miguel Uribe Turbay como un “crimen de guerra” no es solo un error conceptual; es un mensaje que puede distorsionar la comprensión del conflicto. En un país que ha sufrido décadas de violencia, las palabras importan. Y mucho. Nombrar mal los hechos puede terminar justificando lo injustificable o desdibujando responsabilidades.
Pero quizás el punto más crítico es el balance de la llamada “paz total”, una política estrechamente ligada al actual gobierno de Gustavo Petro y de la cual Cepeda ha sido uno de sus principales defensores. Los resultados, lejos de ser alentadores, muestran un deterioro en la seguridad, un fortalecimiento de los grupos armados y una fragmentación aún mayor del conflicto. Evadir este debate no lo hace desaparecer. Al contrario, lo agrava.
También resulta inquietante la falta de una postura firme frente a regímenes como los de Nicolás Maduro o figuras históricas como Fidel Castro y Hugo Chávez. No se trata de ideologías, sino de principios. La defensa de los derechos humanos no puede depender del color político del gobierno que los vulnera. La coherencia, en este punto, no es opcional: es indispensable.
Finalmente, su cercanía con figuras como Iván Márquez y Jesús Santrich abre un debate legítimo sobre los límites entre la facilitación de la paz y la responsabilidad política cuando esos procesos fracasan. Colombia ha pagado un alto precio por los errores del pasado como para no exigir explicaciones claras.
No se trata de atacar a un candidato, sino de exigirle lo mínimo a quien aspira a gobernar: claridad, coherencia y responsabilidad. Liderar un país como Colombia implica tomar posiciones, incluso cuando son incómodas. Porque al final, el mayor riesgo no es equivocarse, sino no decir nada.
Y hoy, más que nunca, el país necesita certezas, no silencios.
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