“El problema no es el CNE, ni la Constitución ni la ley. El problema es querer hacerle trampa a la ley y a la democracia.”
Durante los últimos días hemos presenciado una batería de críticas dirigidas al Consejo Nacional Electoral (CNE) por hacer exactamente aquello para lo que fue creado: hacer cumplir la Constitución y la ley. Las decisiones relacionadas con la revocatoria de las listas de la Coalición Colombia Humana–Pacto Histórico, así como la imposibilidad jurídica de que el precandidato Iván Cepeda participe en una segunda consulta, han sido presentadas por algunos sectores como un atentado contra la democracia.
Incluso voces con autoridad moral y trayectoria institucional, como el exconstituyente Humberto de la Calle, han llegado a afirmar que el derecho electoral se ha convertido en un “proceso de tinterillos”. La ironía es evidente: fue precisamente en 1991 cuando se celebró la constitucionalización del derecho electoral y el fortalecimiento de la organización electoral como pilares de la democracia. Hoy, por el simple hecho de no compartir decisiones ajustadas a derecho, se pretende deslegitimar ese mismo sistema.
Lo que pocos han querido hacer es analizar el fondo del asunto y señalar a los verdaderos responsables del enredo jurídico-político que hoy se denuncia. El problema no es el CNE, ni la Constitución, ni la ley. Se equivocan gravemente quienes sostienen esas tesis con el único propósito de congraciarse con determinados sectores políticos. El verdadero problema es la voluntad sistemática de hacerle trampa a la ley y, por esa vía, a la democracia.
Los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica, Colombia Humana y Partido Comunista sabían perfectamente que no podían volver a coaligarse para participar en las elecciones, al haber superado el umbral del 15 % previsto constitucionalmente. Frente a esa limitación, optaron por una “jugadita” jurídica: acudir a la figura de la fusión de personerías, una figura que ni siquiera está reglamentada para los partidos políticos.
La maniobra habría sido, quizás, una jugada maestra si al menos se hubiese hecho correctamente. Pero no fue así. Colombia Humana, el partido del presidente de la República, decidió pasar por alto sus propios estatutos y aprobó la fusión mediante una convención de apenas 5.000 militantes, pese a tener acreditados más de 170.000. Para una decisión de esa naturaleza, se requería la mitad más uno de sus afiliados. El incumplimiento estatutario era evidente.
Aquí empezó todo mal. Y, sin embargo, el CNE —muy garantista, aunque nadie lo reconozca— optó por aprobar de manera condicionada la fusión de los demás partidos, excluyendo a Colombia Humana precisamente por no cumplir sus propias reglas internas.
Mientras esta artimaña jurídica avanzaba, algunos “genios” asesores decidieron, además, convocar una consulta popular interpartidista, aun sabiendo que la coalición estaba jurídicamente prohibida por el mismo límite del 15 %. Pretender que, por el solo hecho de intentar una fusión, ya no se aplica el porcentaje de la última elección es querer conservar derechos sin asumir responsabilidades. Buena parte de la financiación estatal de los partidos se determina, precisamente, por la votación obtenida en el último certamen electoral. Si no quieren cargar con ese resultado, entonces devuelvan la financiación y empiecen de cero.
El problema del entuerto jurídico-político no es el CNE, ni la Constitución, ni la ley. El problema son los asesores que intentan torcer la norma, inventar atajos, hacer trampas para ganar curules y, para colmo, hacerlo mal – aunque lo correcto es actuar siempre en derecho sin pretender ganar ventaja de los vacíos jurídicos-. Cuando la trampa fracasa, culpan a las instituciones. Y cuando las instituciones hacen su trabajo, las acusan de antidemocráticas.
La democracia no se debilita cuando se aplica la ley. Se debilita cuando se pretende burlar.
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