Mientras en buena parte del mundo se avanza hacia estrategias de reducción de daños —sustituir el cigarro combustible por alternativas de menor riesgo, como dispositivos de vapeo, snus, nicotine pouches y productos de tabaco calentado—, México decidió ir a contracorriente: demoniza estas alternativas, las bloquea y, en los hechos, las criminaliza. El desenlace es tan absurdo como peligroso: se castiga una herramienta que podría salvar vidas, al tiempo que se mantiene plenamente disponible el producto más dañino de todos: el cigarro tradicional.
La paradoja es innegable y se desmorona ante un análisis serio. Décadas de investigación coinciden en un punto fundamental: el principal problema del cigarro no es la nicotina en sí, sino la combustión. El humo que se inhala al quemar tabaco contiene miles de sustancias tóxicas, muchas de ellas cancerígenas. Los sistemas alternativos de administración de nicotina —como los dispositivos de vapeo— eliminan la combustión y, con ello, reducen de manera significativa los riesgos para la salud. No son productos inocuos, pero sí considerablemente menos dañinos. Esa diferencia, en términos de salud pública, es monumental.
Aun así, el discurso oficial en México borra deliberadamente ese matiz. A través de campañas, comunicados y regulaciones, se insiste en que “vapeo y cigarro son igual de peligrosos” o incluso que “el vapeo es peor”, llegando a equipararlo con sustancias como el fentanilo. Este tipo de mensajes no solo contradice el consenso científico internacional; constituye desinformación institucionalizada: cuando el Estado selecciona, distorsiona o sustituye información para sostener una narrativa política en lugar de una política sustentada en datos.
Las consecuencias de esa desinformación se sienten en la vida cotidiana. Millones de personas fumadoras, expuestas a mensajes simplistas y alarmistas, terminan concluyendo que “da lo mismo” seguir fumando que intentar cambiar a productos de menor riesgo. En la práctica, esta narrativa influye en decisiones de salud que pueden marcar la diferencia entre desarrollar o no una enfermedad grave en el futuro.
También vulnera el derecho a decidir sobre el propio cuerpo con discernimiento honesto, completo y no manipulado.
En medio de este panorama, iniciativas como CE LIBRE y la Red Autonomía MX funcionan como un contrapeso necesario. Desde la etnohistoria, la investigación social y la reducción de daños, estas plataformas recuerdan algo elemental pero sistemáticamente ignorado en el debate público: las políticas de drogas —incluidas las que regulan tabaco y nicotina— deben construirse con evidencia científica, respeto a los derechos humanos y reconocimiento de la autonomía individual. No se trata de promover el consumo; se trata de aceptar un hecho que el prohibicionismo se resiste a mirar de frente: las personas usan sustancias, con o sin permiso del Estado. La pregunta ética no es cómo castigarlas, sino cómo preservar mejor sus vidas.
La reducción de daños parte de una premisa simple y profundamente humana: si no es posible eliminar por decreto todas las conductas de riesgo, sí es posible hacerlas menos letales. En el ámbito del tabaquismo, ello implica facilitar el acceso a información veraz respecto de alternativas de menor riesgo, regular con criterios técnicos los productos de nicotina no combustibles y abandonar la estigmatización legal —simbólica y práctica— de tecnologías que, bien diseñadas y supervisadas, pueden reducir enfermedad y mortalidad.
Persistir en una lógica prohibicionista que equipara moralmente todas las sustancias y todas las formas de consumo sirve más para tranquilizar conciencias que para cuidar efectivamente a la población. Una política honesta de control del tabaco debería reconocer que el vapeo regulado, lejos de ser el enemigo, puede convertirse en un aliado estratégico para disminuir el daño asociado al cigarro. Negarlo en nombre de una supuesta “protección” a la población es, en los hechos, una forma sofisticada de abandono.
México encara una disyuntiva clara: seguir apostando por la desinformación institucionalizada que obstaculiza cualquier avance, o abrirse a una discusión madura, basada en datos, que permita construir una relación más sana con las sustancias y con quienes las usan. Apostar por la reducción de daños y por el vapeo como alternativa para personas fumadoras adultas no implica claudicar ante la industria ni “normalizar” el consumo; implica dejar de normalizar la enfermedad y la muerte evitables.
El verdadero dilema no es “vapeo sí o no”, sino “evidencia o miedo”. Y las políticas públicas guiadas por el miedo, tarde o temprano, terminan fallando precisamente a quienes dicen resguardar.
Desde una perspectiva académica y de derechos humanos, la reducción de daños no es un capricho ni una “moda” importada: es la respuesta más honesta frente a una realidad incómoda. Conviene recordarlo: las personas consumen sustancias, con o sin autorización estatal. Bajo ese entendido, existen dos caminos: perpetuar una moral prohibicionista que criminaliza y distorsiona la conversación social, o construir políticas sustentadas en datos que busquen disminuir riesgos reales, no meramente “enviar mensajes correctos”.
En este escenario cobra especial relevancia el proyecto de investigación —subvencionado por el programa de becas THRSP, impartido por KAC— que presenta Aldo Contró López desde México: Desinformación institucionalizada sobre tabaco y nicotina en México y sus efectos en la percepción de riesgo de la población. La investigación busca identificar, describir y analizar este fenómeno, así como generar conocimiento adicional acerca de sus efectos en la percepción de riesgo y en las prácticas de consumo.
Para ello, propone una metodología mixta que combina investigación documental, análisis hermenéutico, etnografía virtual y grupos focales. El objetivo es doble: examinar cómo las instituciones seleccionan, reinterpretan o sustituyen hallazgos científicos para sostener un marco prohibicionista y medir el impacto de esos discursos en las percepciones y decisiones de más de 15 millones de personas usuarias de productos de tabaco y nicotina.
La difusión de estos mensajes desde instituciones públicas no solo influye en la aprobación de políticas específicas; impacta también de manera directa en la salud de quienes consumen tabaco y nicotina, al moldear información potencialmente decisiva para sus prácticas. A pesar de la relevancia del tema, aún se sabe poco sobre esta dinámica en México. Generar evidencia sólida es un paso indispensable para visibilizar la brecha entre la retórica oficial y la realidad científica.
Respaldar este tipo de investigación equivale a apostar por políticas más honestas, más efectivas y, en esencia, más responsables con las vidas que dicen proteger; lo verdaderamente inquietante es que eso debería ser el punto de partida y no la excepción.
Comentar