El año 2023 lo recuerdo por ser el momento en que dejé de confiar por completo en el Estado. Tras una cirugía, mi padre —víctima tanto de una enfermedad autoinmune como del desabasto en la clínica pública que lo atendía— pasó sus últimos días enfrentando no solo su padecimiento, sino también la indiferencia del sistema que debía protegerlo.
Una simple fiebre podía volverse mortal. El paracetamol —conocido bajo los nombres de acetaminofén o Tylenol en otros países— era esencial para mantenerlo estable. Durante varios días, debí recorrer farmacias privadas en su búsqueda, adquiriéndolo por mis propios medios.
Mi padre murió sin que la institución pública de salud más grande de México pudiera suministrarle un medicamento esencial. Su historia no es excepcional: miles de pacientes viven situaciones similares mientras nuestros gobernantes hablan de construir un modelo de salud comparable con el de Dinamarca.
El mismo sistema que no pudo garantizar un simple analgésico fue incapaz de reconocer la demencia avanzada de una mujer cercana a mi familia, bajo el argumento de que “no había pruebas suficientes ni estudios concluyentes”. Durante años, esa fue la respuesta. Sus familiares lidiaron con la situación y, además del desabasto de medicamentos, terminaron viéndola morir sin ninguna solución institucional.
La burocracia médica y estatal, amparada en su propio formalismo, negó lo evidente: una mujer que ya no podía valerse por sí misma. En paralelo, otros lograban jubilarse con padecimientos mucho menos graves —beneficiados por redes clientelares o por la corrupción enquistada en parte del aparato sindical del sector salud—. Ella murió esperando una respuesta que nunca llegó.
Estas historias terminan diluyéndose en las estadísticas de un país donde existe una megafarmacia estatal.
Evidencia estructural: desabasto, mortalidad y cobertura real
En diciembre de 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la llamada “Megafarmacia del Bienestar”, erigida en la “solución definitiva al desabasto nacional de medicamentos”. Se prometió que abastecería a todo el país en menos de 24 horas. Sin embargo, diversos reportes periodísticos y organizaciones civiles continúan documentando fallas en la distribución, demoras en el surtido de recetas y ausencia de datos transparentes sobre su funcionamiento real. Cuatro meses después de su entrada en operación, se surtían en promedio 2,7 recetas diarias con éxito.
Según el colectivo Cero Desabasto, durante 2023 más de 7,5 millones de recetas no fueron surtidas en instituciones públicas como el IMSS-Bienestar y el ISSSTE. En entidades como Guerrero y Baja California, el desabasto superó el 50 %.
A pesar de ser un proyecto de la administración anterior, la actual presidente —Claudia Sheinbaum— ha atribuido el problema a “farmacéuticas especuladoras” que no cumplen con la entrega de medicamentos. Lo que rara vez se menciona es que el Estado mexicano mantiene adeudos por alrededor de 40 mil millones de pesos (2,19 mil millones de dólares) con estos proveedores.
Los datos contradicen el discurso triunfalista: la Megafarmacia del Bienestar funciona más como un símbolo propagandístico que como una solución logística real.
México registra tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles de 435 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 158 por cada 100.000. Este diferencial refleja fallas sistémicas en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.
En contraste, Dinamarca ha alcanzado coberturas cercanas al 90 %, con tiempos de cirugía electiva de una a dos semanas y disponibilidad prácticamente plena de medicamentos; en México, en cambio, solo del 50 % al 70 % de los medicamentos están disponibles, y millones de recetas quedan sin surtir cada año. El resultado es claro: el reconocimiento legal del derecho a la salud no se traduce en acceso efectivo.
Opacidad silenciosa
El periódico El Universal publicó el 24 de mayo pasado que el costo de la megafarmacia había aumentado 4 mil 200 millones de pesos en apenas un año (de 2024 a 2025), pasando de 10 mil 800 millones a 15 mil millones de pesos, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Un par de meses después, esa misma información dejó de estar disponible en la página oficial de la Cartera Pública de Inversión. Actualmente, el sitio despliega únicamente la leyenda: “No se puede acceder a este sitio web”. Allí se encontraba la evaluación de viabilidad socioeconómica del proyecto, los costos de almacenamiento y logística, el esquema de distribución de medicamentos, junto con los costos anuales de operación y mantenimiento y los datos actualizados del inventario disponible.
La súbita eliminación de estos documentos fue acompañada por la reserva total de la información hasta 2029, bajo el argumento de que su difusión podría comprometer la “seguridad nacional”.
Derecho a la salud: una falacia constitucional
Cuando analizamos el Artículo 4º de la Constitución mexicana y las leyes que estructuran el sistema de salud, se consagra un principio reiterado: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. La Ley General de Salud, en sus artículos 77 Bis 1 al 77 Bis 41, establece también que se procurará el acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
La praxis muestra que este derecho es, en gran medida, formal y no efectivo. Esto nos devuelve a un viejo debate entre el derecho positivo y el derecho negativo, y obliga a preguntarnos si el Estado debe mantener la potestad de tutelar la salud.
En México, este derecho parte de un problema conceptual: supone que el Estado puede asegurar resultados mediante coerción. Tal premisa distorsiona incentivos, reduce la eficiencia y desplaza la responsabilidad individual. Dicho de otro modo, la salud no se decreta.
Ya en el siglo XIX, Frédéric Bastiat advertía: “El Estado es la gran ficción mediante la cual todos tratan de vivir a expensas de los demás”.
El problema no se limita a que el Estado no garantice la salud, sino que, pese al aumento del gasto, los resultados empeoran. El presupuesto en salud creció 27,9 % en términos nominales; no obstante, la carencia en el acceso a servicios pasó de 16,2 % a 39,1 %.
Tal planteamiento revela que, cuando el Estado monopoliza la provisión de servicios sanitarios, elimina mecanismos básicos de coordinación económica: la información dispersa que permite ajustar oferta y demanda.
México no tiene un modelo de salud comparable con el de Dinamarca, ni en la ley ni en la práctica. Cada vez se gasta más en un esquema que carece de medicamentos, infraestructura y personal.
Incluso, el país ha recurrido a la contratación de médicos cubanos, sobre cuyo desempeño no existen datos públicos claros y que, además, presuntamente operan bajo condiciones laborales restrictivas, con retenciones que oscilan del 75 % al 95 % de sus ingresos por parte del régimen cubano.
Alternativas institucionales
Cuando el Estado asume el monopolio del acceso a la salud, transforma lo que debería ser una red de cooperación en una maquinaria ineficiente que distribuye privaciones en lugar de bienestar.
Friedrich Hayek, en Derecho, legislación y libertad (1973), advertía que los derechos positivos —como el “derecho a la salud”— implican un mayor poder coercitivo del Estado para redistribuir recursos, lo que erosiona la libertad de elección y la responsabilidad individual. El resultado es evidente: un entramado sin competencia, sin incentivos y sin rostro.
Murray Rothbard, por su parte, en Por una nueva libertad (1973), señalaba que la concentración estatal en la provisión de bienes esenciales convierte la justicia social en arbitrariedad. Cuando todos son responsables de todo, nadie es responsable de nada: no hay fiscalización, no hay dolientes ni una respuesta real.
El sistema de salud en México refleja esta crítica: las promesas constitucionales no se traducen en acceso efectivo; decisiones burocráticas sustituyen la evaluación clínica y, en consecuencia, surgen desigualdades en la asignación de beneficios.
Urgencia por replantear el sistema
Una de las principales objeciones a un sistema de salud más resolutivo y con mayor participación privada es recurrente: ¿quién atendería a quienes no puedan pagar?
La respuesta se encuentra en distintos ámbitos. Desde los sistemas de seguros —similares a los que utilizamos ante accidentes vehiculares o desastres naturales— hasta esquemas más amplios de provisión. Robert Murphy propone extender estos mecanismos a todos los servicios, incluido el de salud, mediante pólizas diferenciadas según las posibilidades de cada individuo dentro de mercados competitivos.
Experiencias internacionales, entre ellas las mutualidades de salud en África Occidental, las cooperativas médicas de autogestión de la SCIAS en España o los hospitales cooperativos estadounidenses del siglo XX, muestran que los sistemas voluntarios y descentralizados pueden generar resultados más eficientes y humanos que la provisión estatal monopólica.
Aunque la salud se catalogue en calidad de “derecho”, el hecho implícito es que sigue siendo un bien sujeto a oferta y demanda. Su reconocimiento en la ley no la vuelve gratuita ni permite solventar toda la demanda de servicios de salud; pretenderlo es el problema.
Responsabilidad individual y libertad real
Cuando el Estado no cumple con sus funciones, la carga recae en los individuos. Surgen órdenes espontáneos o paralelos; la supervivencia depende de la acción personal, no de la institución estatal.
Este desplazamiento de la responsabilidad no puede considerarse un mérito cuando los individuos son previamente despojados de recursos vía impuestos para cubrir esas mismas necesidades. Es, más bien, evidencia de una insuficiencia estructural del sistema.
La verdadera libertad surge —en términos de Michael Oakeshott— cuando existen opciones reales y los individuos pueden tomar decisiones informadas en un entorno de responsabilidad.
Una libertad meramente formal, garantizada en el papel pero sin medios prácticos ni alternativas no coercitivas, no es libertad: es una ilusión que encubre la dependencia de la improvisación individual frente a la ineficiencia estatal.
Al final, el Estado no fue quien mantuvo con vida a mi padre unos días más, sino la tenacidad de quienes se hicieron responsables. Esa es la ironía más amarga: el individuo sigue sosteniendo al sistema que lo abandona.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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