“Petróleo, tribunales y poder, Irán incendia el Golfo mientras Trump enfrenta la factura más cara de su historia”
El orden internacional yace en ruinas. Nicolás Maduro está preso en Brooklyn, capturado en una operación militar que violó la soberanía venezolana. El ayatolá Alí Jamenei, murió bajo los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, en una escalada que ha dejado un vacío de poder en Irán. Y mientras tanto, dos tercios de Cuba, incluida La Habana, quedaron esta semana a oscuras por un apagón masivo, el quinto colapso generalizado desde 2024, agravado por el bloqueo energético que Washington impuso tras la caída del líder venezolano.
Lo que comparten estas acciones no es su justificación moral —lucha contra el narcotráfico, defensa de la libertad, seguridad nacional— sino su fundamento real, la voluntad unilateral por encima de los principios de Westfalia (1648) y la Carta de la ONU (1945). Desde la teoría política, esto no es innovación estratégica, es el retorno al estado de naturaleza hobbesiano, donde la fuerza determina el derecho.
La respuesta iraní no se ha hecho esperar, y tiene un nombre, energía. El 1 de marzo, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una advertencia que estremeció los mercados globales, sí sus instalaciones petroleras y de gas son atacadas, “todos los países de la región verán destruidas las suyas”. No es retórica menor. El golpe a las infraestructuras saudíes, emiratíes o kuwaitíes paralizaría el 30% del suministro mundial de crudo. Dos días después, un incendio en la refinería de Ras Tanura, la más grande de Arabia Saudita, encendió todas las alarmas: Washington y Riad acusaron a Teherán, aunque Irán lo negó. Coincidencia o advertencia cumplida, el mensaje es claro, la guerra energética ya no es una hipótesis, sino una realidad.
Pero hay una segunda batalla que Trump no puede ganar con misiles, la judicial. El 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles globales impuestos por el presidente eran ilegales. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), dijo el tribunal, no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles generalizados. El fallo, contundente, recordaba que la Constitución “muy claramente” otorga al Congreso y no al Ejecutivo, la potestad de gravar.
Las consecuencias son titánicas. El gobierno recaudó más de 130.000 millones de dólares por esos aranceles hasta diciembre; la factura final de reembolsos podría alcanzar los 175.000 millones. Y las demandas se acumulan, más de 2.000 empresas han presentado reclamaciones, incluyendo gigantes como FedEx, Costco, Dyson, L’Oreal y Dollar General. El gobierno de Trump intentó frenar el proceso con una solicitud de pausa de 90 días, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal la rechazó, permitiendo que los litigios sigan su curso.
La ironía es profunda. Mientras Trump ordena bombardeos en Teherán, en EE. UU los tribunales le recuerdan que los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder impositivo al Poder Ejecutivo. La división de poderes, ese “freno y contrapeso” que Arendt consideraba esencial para la política, se activa justo cuando el presidente juega a ser emperador global.
Y no solo en Estados Unidos. La muerte de Jamenei y la captura de Maduro abren la puerta a demandas ante tribunales internacionales. La Corte Penal Internacional ya investiga crímenes de guerra en contextos de intervención unilateral. Pero hay más, Irán ha anunciado que no negociará con Estados Unidos, y todo indica que prepara una ofensiva jurídica y diplomática. La posibilidad de que empresas y Estados afectados por las sanciones unilaterales demanden a Washington ante la Corte Internacional de Justicia es real.
Cuando Cicerón advertía en De Republica que “en tiempos de guerra, las leyes callan”, no justificaba la arbitrariedad, sino la tensión entre necesidad política y derecho. Esa tensión, que el multilateralismo intentó resolver durante ochenta años, se ha resuelto ahora por la vía de los hechos consumados. Pero el derecho no calla para siempre, vuelve, como factura, como demanda, como límite.
La captura de Maduro sin mandato judicial multilateral constituye lo que Carl Schmitt denominaba “discriminación del enemigo”: despojar al adversario de su estatus jurídico para tratarlo como criminal, no como contendiente político. La eliminación física de Jamenei viola el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Y el bloqueo a Cuba, que desde el 9 de enero ha impedido la llegada de todo tanquero a la isla, reduciendo la disponibilidad eléctrica en un 20% y obligando a las aerolíneas a suspender vuelos, constituye guerra económica contra la población civil.
Desde Maquiavelo sabemos que el príncipe debe evitar ser odiado. Pocas decisiones generan odio más duradero que el asesinato extrajudicial de líderes extranjeros. Y desde la economía, pocas decisiones son más irracionales que desatar una guerra energética en el Golfo Pérsico.
México y Brasil deben convocar una cumbre extraordinaria de la CELAC para desconocer la legitimidad de acciones unilaterales no autorizadas por la ONU. La banca de desarrollo CAF, con sus 23 países miembros puede financiar líneas de crédito contingentes para países bloqueados. Y urge un observatorio regional de sanciones que documente en tiempo real los efectos humanitarios de estas medidas.
América Latina tiene un legado que defender: desde Andrés Bello hasta las doctrinas Calvo y Drago, nuestra región ha contribuido a la idea de que las controversias internacionales deben resolverse mediante el derecho, no mediante la fuerza. La pregunta no es si el orden internacional ha muerto, sino qué construiremos en su lugar. O aceptamos el orden del más fuerte, o levantamos desde Latinoamérica una respuesta colectiva a la altura de nuestra historia.
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