Definitivamente la negociación con el ELN, promovida por Petro a pesar de la falta de voluntad de paz de esta organización terrorista, va camino a convertirse en una desastrosa experiencia para el país.
Para empezar, nunca ha sido claro cuáles son los intereses que los negociadores designados por Petro representan en dicho proceso; por lo menos, dos de los funcionarios más destacados, el Comisionado de Paz, Danilo Rueda (el que en campaña presidencial, junto con el hermano de Petro, visitaba a los extraditables al parecer a ofrecerles toda clase de beneficios a cambio de apoyo electoral), y el jefe negociador, Otty Patiño, cofundador y miembro del M-19, son más locuaces para defender las acciones terroristas y pérfidas de los elenos que para exigirles un mínimo de seriedad y compromiso con el proceso que adelantan.
Mientras Patiño, contra toda evidencia, afirmó desconocer que el ELN reclutara forzosamente menores de edad, Rueda llegó al descaro de calificar el reconocimiento de la autoría de un cobarde atentado terrorista en el municipio de Tibú como un “gesto de responsabilidad”, en lugar de condenarlo como todo el país lo esperaba. A propósito, todo indica que el asesinato de dos de nuestros policías y una mujer en dicha acción violenta quedará en la impunidad, en razón a que ni ELN ha entregado o por lo menos señalado a los responsables, ni el Gobierno le ha hecho la menor exigencia en dicho sentido; para colmo, la bancada parlamentaria de Petro, ya anunció que el próximo 20 de julio radicarán una iniciativa legislativa con la que pretenden reformar la Constitución Política para así habilitar la amnistía y el indulto a delitos como el secuestro y el narcotráfico, pues consideran que esta imposibilidad es un “palo en la rueda” para concretar un acuerdo con el ELN.
De otro lado, el acuerdo sobre el cese al fuego se ha convertido en un recurrente factor de chantaje a los colombianos y de distracción a la opinión pública, tanto por parte de Petro como del ELN. Primero, no puede olvidarse que a horas de terminar el año anterior, desde su cuenta de twitter, Petro anunció que el año nuevo arrancaba con un cese bilateral con cinco estructuras criminales, incluida esta organización terrorista (ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central Farc, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodensas de la Sierra Nevada) , lo cual fue desmentido apenas un día después por los propios jefes elenos. Menos de un mes más tarde de semejante ridículo de Petro, se hicieron públicas las órdenes impartidas por la cúpula del ELN a toda la estructura, para que arreciaran sus acciones terroristas en todo el país, especialmente contra la Fuerza Pública, como lo habían hecho años atrás, en enero de 2019, con el cruel atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. Desde entonces, el accionar criminal del ELN arreció.
Entre los crímenes más atroces cometidos mientras sus capos se sentaban a manteles con los representantes de Petro, en México, Venezuela y Cuba, se cuenta el ataque con explosivos prohibidos por el Derecho Internacional Humantario- DIH a un pelotón de Soldados regulares que custodiaban el oleoducto Caño Limón- Coveñas en el municipio de Villanueva, Norte de Santander, en el que fueron asesinados dos suboficiales y siete de estos jóvenes conscriptos.
De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Recursos para el Análisis -CERAC- (6 de junio de 2023), desde febrero de 2023, el número de acciones criminales del ELN experimentó un continuo aumento, así como el número de sus víctimas. Sólo en el mes de mayo, en uno de estos eventos se provocó el desplazamiento forzado de 600 familias desde Sipí, Chocó, a las cabeceras municipales de Nóvita e Istmina; en total, durante dicho mes, se registraron 28 acciones criminales atribuidas al ELN, mientras que otras 22 no se lograron confirmar, no obstante haberse presentado en zonas en las que tienen presencia; la suma de estos hechos dio como resultado 18 personas asesinadas, 20 heridas y 17 secuestradas. En contraste, este Observatorio apenas registró una sola operación de la Fuerza Pública en dicho periodo, como en los meses de enero, marzo y abril; en febrero, tras 2 años de seguimiento, el CERAC no registró ni una sola operación de las Fuerzas Militares contra esta estructura criminal.
En total, el CERAC ha registrado 102 acciones criminales atribuidas al ELN entre los meses de enero y mayo de 2023, sin contar las 88 cuya autoría no es clara pero que ocurrieron en zonas de dominio criminal de esa organización terrorista.
Ahora, una vez más habrá otra puesta en escena, en esta interminable obra teatral de cinismo y cobardía entre el ELN y el actual Gobierno; esta vez, el primer acto va por cuenta de los elenos. Mientras el pasado martes 5 de julio daban a conocer la orden a todas sus estructuras para cesar el fuego, ese mismo día, el Frente de Guerra Occidental ordenó un paro armado indefinido en los municipios de Sipí, San Juan y Cajón, en el departamento del Chocó; después secuestraron a la Sargento del Ejército Karina Ramírez, que se movilizaba por el departamento de Arauca junto con sus dos pequeños hijos, de 6 y 8 años, uno de los cuales padece de autismo; y en la noche del miércoles 6 de julio, habitantes de Fortul, Arauca, sufrieron el terror del ataque a la Estación de Policía de ese municipio por parte de estos mismos terroristas.
A pesar de todo, Petro oficializó la orden a las Fuerzas Militares y de Policía de cesar el fuego contra esta organización criminal desde la media noche del 6 de julio; así continúan los mimos y la zalamería con quienes a sangre y fuego acaban con nuestra Fuerza Pública y con nuestros compatriotas en los territorios.
Todas las columnas de la autora en este enlace: Paola Holguín
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