¿Crisis del Estado colombiano?

¿Qué pasa con el Estado de Colombia? Los fenómenos de violencia que se están viviendo desde hace ya demasiado tiempo parecen reclamar una reflexión sobre qué es el Estado y en qué medida cumple con las promesas mínimas que cualquier Estado debe garantizar. 

A comienzos del siglo XX, el célebre sociólogo Max Weber nos ofreció una definición de Estado (que ha sido y sigue siendo muy estudiada). La cita, al comienzo de su libro, La política como profesión es la siguiente: “el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio — el territorio es un elemento distintivo —, reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legitima”. Simpliciter, la única forma legítima de la violencia es la que proviene del Estado y, en tanto en cuanto, esté sujeta a normas, no de forma caprichosa. De ser cierta la definición si, en un Estado, alguna otra suerte de individuos emplea la violencia contra los ciudadanos, directamente roba ese monopolio al Estado. Entonces, el Estado, aparece deslegitimado, pues no tiene el control de la violencia, siendo eso precisamente, según la definición, lo que le hace Estado. 

El célebre politólogo argentino, Guillermo O´Donnell (1936-2011), se inspiró en Weber par dar una definición más amplia de Estado. La definición, aunque larga, ofrece al lector la oportunidad de ver algunos elementos típicos de lo que se entiende por Estado:

“Un conjunto de instituciones  y de relaciones sociales (la mayor parte de ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Esas instituciones tienen como último recurso para [la] efectividad [de] las decisiones que toman, la pretensión de monopolizar la autorización legítima de los medios de la coerción física, y además pretenden ejercer supremacía en el control de dichos medios, que algunas agencias especializadas del mismo Estado normalmente ejercen sobre aquel territorio”.

Esta definición, como vemos, pone también el acento en el monopolio de la violencia, así como en las instituciones. Lo cierto es que una definición exacta y completa de lo que es en verdad el Estado, no es fácil, motivo por el provoca que sobre ello se hayan escrito miles de paginas. Pero en lo esencial no habría por qué objetar nada a esta definición.

He resaltado la palabra “normalmente” para expresar que, ciertamente, ningún Estado podría encajar en la definición, salvo quizá el Vaticano, pues en todos en mayor o menor grado hay violencia cuantificable y no siempre funcionan bien las instituciones. No obstante, por mucha violencia que encontramos la única legitima es la del Estado. Y si es legitima no lo es porque sí, sino porque se le concede ese status de legitimidad a esa “comunidad humana” o a ese “conjunto de instituciones”. 

Por eso, la definición es más bien un ideal o un deber ser del Estado. Del mismo modo, es también algo así como un modelo con el que medirse. Por ello, ¿qué tan cerca estamos de que nuestro Estado colombiano sea así efectivamente? ¿Se aleja un poco del modelo o en cambio se aleja demasiado? ¿Quién tiene el monopolio de  la violencia en Colombia?

La idea de que haya un monopolio de la violencia plantea, precisamente, aquel que alude a la naturaleza cainica del ser humano y que revela la naturaleza de la necesidad de la aparición del Estado. Por ejemplo, Hobbes, partiendo de la célebre cita de Plauto, “homo hominis lupus” resume la visión que tiene sobre el hombre: sencillamente nuestra naturaleza nos lleva a que nos matemos los unos a los otros. Para evitarlo, surge el Estado, que, a cambio de ciertas prebendas nos da seguridad, es decir, surge una entidad o una comunidad humana si lo preferimos, que, como mínimo, garantiza nuestra seguridad, o dicho de otro modo, nos garantiza  el derecho a la vida. 

En Colombia estamos asistiendo cada día a un sin fin de muertes, con o sin pandemia.  Nos dan por todos lados: lo que queda de la guerrilla, la otra guerrilla, los narcos y sus clanes, la delincuencia organizada, los que matan por robar un reloj o un teléfono (que son los que inmediatamente impiden que ni en nuestras calles nos sintamos seguros), los asesinatos de género, así como las violaciones, robos… ¿Quién se podría sentir seguro? Las cuentas no le salen al Estado. Los datos dicen que, hasta el 20 de mayo de 2020, han sido asesinados 702 lideres sociales, que son precisamente los que habían levantado levantado la voz frente a la ineficacia del Estado. Las instituciones fallan, el gobierno falla y pierde el Estado el monopolio de la violencia. Se da la situación de que si no protestas tu vida corre peligro, pero si protestas ese peligro se dispara con bastante seguridad.

Por consiguiente, es perfectamente comprensible que nos preguntemos qué está pasando y cómo se ha llegado a esto. Desde luego, es muy factible que cualquier particular considere que, a la postre, la naturaleza humana es violenta e inherente a la sociedad colombiana. Pero ese particular habría de conceder que, entonces, un Estado más o menos efectivo, al estilo del que en su día propuso Hobbes,  si bien no cambiaría la naturaleza humana, cuanto menos podría mantenerla a raya. 

O bien podría darle por pensar que realmente el Estado colombiano no está cumpliendo con su función, especialmente si damos por válidas las definiciones de Weber o de  O´Donnell. 

De hecho, esto último es quizá lo más legitimo que podemos hacer cuando estamos viviendo en un Estado, a saber, preguntarnos por la naturaleza del mismo. Entonces preguntarse por el Estado colombiano es necesario y supone atender a cómo funcionan sus partes más visibles, como el gobierno y las distintas instituciones, y ver que es lo que está fallando. De lo contrario, el problema no es que no podamos cambiar las cosas, es que ni siquiera podríamos responder a la pregunta ¿quién manda aquí?

Jacinto H. Calderón González

Doctor en Filosofía (Universidad Complutense de Madrid). Master en Teoría Política y Cultura democrática (Universidad Complutense de Madrid). Licenciado en Filosofía (Universidad Complutense de Madrid). He sido profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Bolivariana, Universidad Santo Tomás, entre otras.

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