“La participación social, es legítima y necesaria para la construcción conjunta de gobernanza. El camino es entonces, adoptar las mejores prácticas de gobierno, implementando garantías de acceso a la información, la participación y la rendición de cuentas”.
Existe consenso sobre la necesidad de articular la gobernanza y el ejercicio de control social para la generación de confianza comunitaria, a partir de mejorar y facilitar la forma en la cual la ciudadanía se relaciona con la administración pública. La meta ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, nos convoca a la defensa de la democracia y los poderes públicos. En la actualidad, planes, programas, proyectos y decisiones gubernamentales se encuentran en permanente vigilancia y veeduría; día a día propendemos por el equilibrio entre las expectativas de la comunidad y las respuestas institucionales.
Así las cosas, el ejercicio de control político, constitucional, legítimo y necesario, se convierte en un elemento importante para el fortalecimiento de la democracia. Los ciudadanos deben ser más activos en la construcción de territorios incluyentes, en un marco institucional que permite las garantías necesarias para ejercer control social y veeduría a los planes de desarrollo de las entidades estatales.
No obstante, encontramos que hay quienes disfrazan críticas con “argumentos” que sobrepasan los límites, incluso legales; y se trata, en muchos casos, de una burda e hiperbólica afrenta directa y personal. Por tal razón, hay que evitar dejarse llevar por la acelerada propagación de noticias falsas, fake news, publicadas en redes sociales, que no tienen ningún sustento, pues obedecen a intereses particulares, disfrazados de oposición.
La veeduría ciudadana debe ser constructiva. ¿Cómo ejercer control social propositivo? ¿Cómo garantizar controles eficaces al gasto público? ¿De qué forma los veedores aprovechan el acceso que tienen a la información y a los procesos de toma de decisiones? La participación ciudadana fortalece la cultura de lo público. La participación social, es legítima y necesaria para la construcción conjunta de gobernanza. El camino es entonces, adoptar las mejores prácticas de gobierno, implementando garantías de acceso a la información, la participación y la rendición de cuentas.
Por eso, un llamado a actuar más allá del discurso, unir esfuerzos y construir desde la independencia. El control social debe ser libre y basado en hechos. El diario El País de España, en una editorial de diciembre de 2021, señalaba: “sin hechos verificados no hay verdad y sin verdad no hay confianza, no hay realidad compartida, ni tampoco posibilidad de democracia”. Nuestro modelo de gobernanza favorece el control social y responde a la necesidad de que las entidades sean efectivas en la lucha contra la corrupción y la generación de confianza. Se trata en efecto, de un reto para el Estado social de derecho.
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