La transparencia en la contratación pública es un pilar fundamental para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado. Sin embargo, dos casos recientes relacionados con empresas de desarrollo urbano en Colombia han expuesto una serie de irregularidades que han generado gran controversia y preocupación.
En la pasada administración de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), se descubrió que el 80% de los contratos, por un valor millonario, fueron entregados de manera directa, sin seguir los procesos de licitación pública necesarios para asegurar la competitividad y transparencia. Según las nuevas autoridades de la EDU, entre los años 2020 y 2023, 316 contratos fueron asignados mediante esta modalidad, siendo concentrados en tan solo cuatro contratistas. Un ejemplo destacado fue el proyecto del deprimido de la avenida 34, cuyo costo de 34 mil millones de pesos se fragmentó en contratos menores a 10 mil millones, facilitando así su adjudicación sin licitación pública.
Las irregularidades en estos contratos no solo abarcaron la fraccionación de proyectos para evitar procesos competitivos, sino también la omisión de publicar dichas contrataciones en la plataforma Secop 2, la cual es de uso obligatorio para la contratación pública en Colombia. Frente a estos hechos, la nueva administración ha comenzado a declarar el incumplimiento de 38 contratos heredados de la gestión anterior, con el objetivo de recuperar parte de los recursos comprometidos.
En un caso paralelo, la Alcaldía de Cartagena también ha estado en el ojo del huracán por la contratación directa de más de 49 mil millones de pesos entre enero y agosto de 2024. A través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Sostenible (Edurbe), se adjudicaron nueve procesos contractuales a subcontratistas sin ofrecer garantías de competitividad ni transparencia. Este patrón de contratación «a dedo» se ha convertido en una práctica común que mina la confianza en las instituciones y socava el desarrollo eficiente de las ciudades.
Para reflexionar: Las Empresas de Desarrollo Urbano y el Mal Uso de los Recursos Públicos
Las situaciones expuestas ponen en evidencia una problemática sistémica en las llamadas empresas de desarrollo urbano, cuya función debería ser la optimización de los recursos públicos en beneficio del desarrollo sostenible de nuestras ciudades. En cambio, lo que hemos visto en estos casos es una distorsión de su propósito. Estas empresas, en lugar de ser motores de progreso, se han convertido en canales para el enriquecimiento de unos pocos, a costa del erario público y en detrimento del bienestar colectivo.
Es inaceptable que los recursos públicos, destinados a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los ciudadanos, terminen en manos de particulares que se benefician mediante procesos de contratación opacos y fraudulentos. Estas prácticas corruptas no solo afectan la ejecución de proyectos vitales para nuestras ciudades, sino que también profundizan la desconfianza en las instituciones públicas y limitan el desarrollo económico.
Es urgente una reforma estructural en la manera en que operan estas entidades. Las normas de contratación deben reforzarse para evitar la concentración de contratos en manos de unos pocos y garantizar una mayor supervisión. Además, es necesario un compromiso firme por parte de los gobiernos para poner fin a la contratación «a dedo», que perjudica no solo a las ciudades, sino a toda la sociedad. Solo a través de un sistema de contratación pública transparente, competitivo y responsable podremos garantizar que los recursos lleguen a donde realmente se necesitan.
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