El conflicto armado en Colombia, uno de los más sangrientos y prolongados de la historia reciente, ha sido tan abrumador que con la precariedad con la que hacemos memoria o llevamos registros o documentación, las cifras obtenidas nos permiten entrever la magnitud del problema y por tanto el nivel de urgencia y necesidad, pues según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) desde 1.958 hasta el 2018 en el país se realizaron 4210 masacres que dejaron un total registrado de 24.447 muertes, siendo el año 2001 el pico del terror con 406 masacres, los atentados terroristas fueron 238 con 3.549 lesionados y 232 muertos contabilizados y la violencia sexual ha sido documentada en dicho periodo en 15.222 hechos con un saldo de 15.738 víctimas. Lo que muestran las cifras detrás de las cuales se dimensiona un trasfondo de sevicia y dolor, es que ha sido la población civil la principal afectada sumando 23.937 muertes entre 1958 y 2018 siendo 2002 el peor año con 1.491 casos registrados. A esto sumarle las desapariciones forzadas que ascendieron a 80.472 de las cuales 79.245 se trataban de civiles, resulta en un escalofriante panorama, que revela la magnitud poblacional y demográfica que implican al menos 261.619 víctimas fatales en sesenta años de conflicto armado. Según la Unidad Nacional de Víctimas (2016) la población más impactada por el conflicto armado en Colombia es y ha sido la infantil con al menos 2’500.000 víctimas. Y según la Defensoría del Pueblo (2016) para el 2016 había indicadores de más de 10.000 niños, niñas y adolescentes reclutados en grupos ilegales.
Hablar de la niñez, la infancia y la adolescencia es una prioridad, pero ante la inminencia del recrudecimiento del conflicto armado, y con un partido de gobierno como el Centro Democratico que para evadir la crisis económica que nos proyecta con preocupación para ostentar con Ivan Duque el primer puesto en desigualdad del mundo. Estas políticas y estrategias por un lado desmiembran los componentes de la vida nacional, como el trabajo, la producción, la salud, la educación, el agro, la ciencia, el arte, la cultura, etc. desviando la atención hacia los conflictos que aquejan a Venezuela en una escaramuza auspiciada por los EEUU, y por el otro bombardean el Estado Social de Derecho en regresiones a los acuerdos de Paz y la Justicia Especial para la Paz JEP, además de burocracia y corrupción en instituciones públicas y corrillos como el de la Fiscalía General, Luis Carlos Sarmiento Ángulo y la cópula aristocrática de Santos, Gaviria, Samper, Pastrana, Vargas Lleras, los Char y un largo etc. a la sombra del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la depredación del caso Odebrecht.
En este escenario la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, se hace mediante las siguientes acciones: el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos; la garantía y el cumplimiento de los mismos; la prevención de su amenaza o vulneración; y la seguridad de su restablecimiento inmediato (Ley 1098 de 2006, Art. 7). Además dicha protección integral es en nuestro país responsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia y se concreta en acciones de política expresadas en programas, planes y proyectos, que, a su vez, definen rutas de acción, e instancias de seguimiento y articulación que finalmente buscan ofrecer seguridad a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio pleno de sus derechos, según lo establecido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de articular todos estos esfuerzos a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que implementa la Ley 1098 de 2006 así como los lineamientos de política pública para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en departamentos y municipios, de manera coordina y articulada, principios que rigen la operación del SNBF.
Los roles de los profesionales que atienden este tipo de población en programas y proyectos, se enmarcan en el ámbito del campo profesional, disciplinar y metodológico denominado psicosocial. La utilización del término psicosocial se remonta a 1950 desde una perspectiva de la medicina del trabajo, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Organización Mundial de la Salud OMS, y que se oficializa en la década de los años ochenta, la OMS lo cataloga como
“interacciones entre, por una parte, el contexto, el medio ambiente y las condiciones de organización social, y por la otra, las capacidades del individuo, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del contexto, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento, la garantía de derechos y la satisfacción” (OMS & ACNUR, 2015)
Entendiendo que lo psicosocial engloba una dimensión de los seres humanos sumamente amplia, que involucra desde las interacciones sociales económicas, culturales, educativas, políticas, afectivas, etc. de los sujetos, hasta los fenómenos históricos, antropológicos, psicológicos y sociológicos. “Los ámbitos de lo social consisten en una amalgama extranatural integrada por lo ético, lo estético, lo político, lo ideológico, lo gnósico y lo económico del comportamiento humano en su historia de 200 mil años. Es decir, lo social son los componentes de eso que se entiende por cultura” (Gómez-Pérez, 2015). Las unidades de análisis e intervención que se enmarcan dentro de esta perspectiva de la amalgama social, tiene que ver con los factores psicosociales (Sandoval-Ocaña, 2015). Es así como:
“El factor psicosocial es un elemento del hecho social que pone en juego todo el funcionamiento del hombre dentro de un grupo, sea éste familia, vecindario, trabajo o comunidad es un elemento externo que produce una respuesta que afecta la relación de la persona con su grupo o con otros hombres en lo individual. Es en esta condición cuando se habla de variables psicosociales las cuales son hechos sociales que influyen, involucran o recaen directamente sobre el individuo” (Morales, 1986, p14).
La pregunta por la persona –el sujeto-, se convierte en la posibilidad de incidir en sus contextos por medio de los desarrollos disciplinares de la psicología, el trabajo social y las ciencias sociales y humanas en general. Beristain, por ejemplo, propone abordar la intervención psicosocial desde una perspectiva holística que concibe al ser humano como un sistema en el que se relacionan sus sentimientos, emociones, cuerpo y espiritualidad (Beristain, 2010). Este enfoque basado en la comunidad, permite potenciar desde el agenciamiento (Lozano, 2016) a los sujetos, teniendo en consideración sus fortalezas y riquezas culturales, para desde ahí promover una intervención/atención acertada (Beristain, 2010). Para abordar la atención e intervención psicosocial, esta y otras perspectivas tienen en común englobar unas propiedades generales en la que la intervención/atención psicosocial:
- Aboga por promover las capacidades de los sujetos y potenciar sus recursos para enfrentar sus situaciones adversas.
- Evitar narrativas que refuercen la posición de víctima.
- Reconocimiento de habilidades y recursos de los sujetos y de las comunidades con miras a la resignificación de experiencias que esté orientada a asumir una posición de control frente a la vida.
Finalmente la intervención/atención psicosocial se da en dos vertientes que son las estrategias colectivas de trabajo donde se privilegia la constitución de grupos y el rescate de valores comunitarios desde una perspectiva relacional; y las estrategias individuales donde se rescata los recursos individuales para el afrontamiento de las situaciones de victimización que generan riesgo, inobservación o vulneración de derechos.
En Colombia la atención clínica, educativa, social, comunitaria, etc. e individual, familiar, de pareja o grupal, que se dirija a víctimas, deberá hacerse con enfoque psicosocial, como una fórmula efectiva para aliviar, mitigar o agenciar el sufrimiento, según lo estipula la Ley de víctimas y restitución de tierras, Ley 1448 de 2011, además de la definición del Ministerio de Salud y Protección Social donde se entiende dicha atención como “la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación” (Min Salud, 2011).
Es decir que la población de niños, niñas y adolescentes que llega remitida son generalmente recuperados o desmovilizados de estructuras criminales y de casos de violencia intrafamiliar, desde la red de atención del ICBF a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con sus programas de primera infancia, protección, nutrición, niñez y adolescencia, articulación con Comisarías, la Policía de Infancia y Adolescencia, UNICEF u otras instituciones. Por la crudeza, devastación y alcance de los excesos y vejámenes de la decadencia de la guerra, en nuestro país, esta población de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estos momentos donde parece recrudecerse y recomenzar la situación de alarma, requiere una intervención/atención psicosocial con inclusión de elementos que contribuyan a la reconstrucción de la identidad individual de estos niños, niñas y adolescentes y del tejido social donde la identidad cobra dimensiones colectivas, culturales.
También debe potenciarse la autonomía permitiendo potencializar las capacidades de agencia tanto individual como colectiva de los sujetos, no solo mediante la satisfacción de necesidades básicas que garantizan su subsistencia, sino promoviendo el despliegue de recursos propios y la activación de redes regionales y nacionales de reconstrucción del tejido social. Todos los Departamentos del país tienen crisis con indicadores alarmantes, es decir demandan no solo la presencia sino la intervención plena del Estado, pues ante las recientes contingencias de emergencia y primer grado de urgencia en el Cauca, Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Chocó, Guajira o Nariño ¿cuántos derechos son vulnerados, nunca han sido garantizados o son arrebatados a nuestras niñez y adolescencia en estos escenarios?
Saber las rutas de acción y las perspectivas profesionales para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en la Colombia de ahora, requiere reconocer las necesidades, difundir información y generar procesos reflexivos, pedagógicos y educativos como forma contundente organización gremial de profesionales, la asociación de ciudadanía y la resistencia civil y democrática en defensa de nuestras futuras generaciones que están siendo privadas de su colombianidad.
