“La consulta popular es presentada por Petro como un ejercicio democrático, pero su viabilidad legal, su alto costo y sus riesgos políticos la convierten en un mecanismo muy cuestionado. Además, en lugar de recurrir a estrategias que podrían polarizar aún más el país, el presidente debería fortalecer el diálogo con el Congreso y explorar soluciones dentro del marco institucional existente.”
La última semana el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de convocar una consulta popular para destrabar sus reformas de salud y laboral. Sin embargo, esta propuesta ha generado un fuerte debate sobre su viabilidad legal, su impacto económico y sus implicaciones políticas. Aunque el gobierno la presenta como un mecanismo legítimo de participación ciudadana, esto puede llevar a problemas estructurales que ponen en duda su pertinencia por el país.
Para empezar este análisis, debemos de mirar que la consulta popular puede representar una fuerte inconstitucionalidad, pues la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 establecen que no se pueden someter a consulta proyectos de articulado completo, sino únicamente preguntas generales que se respondan con «sí» o «no». Entonces, aquí vemos que una posible consulta podría entrar en conflicto con la normatividad vigente al intentar reemplazar el debate legislativo en el Congreso. Además, expertos en derecho advierten que este mecanismo podría significar una usurpación de funciones del poder legislativo. Al trasladar la decisión directamente al electorado, el presidente estaría socavando la separación de poderes y debilitando el papel del Congreso en la construcción de reformas estructurales, que en por eso los elegimos a ellos, para que ejerzan su poder legislativo de manera plena.
Otro punto que es necesario mirar es el alto costo que implicaría la consulta. Se estima que el proceso podría costar alrededor de 700.000 millones de pesos, una cifra altamente considerable en un país como Colombia que tiene múltiples necesidades urgentes en educación, salud e infraestructura, que sin duda tienen más prioridad en inversión. Además, la consulta implicaría una compleja logística electoral en medio de un contexto de restricciones presupuestarias enormes. La asignación de estos recursos en un mecanismo muy poco efectivo a mi opinión y que genera grandes cuestionamientos sobre las prioridades que tiene el gobierno, que parecen ser políticas. Y hablando de política, la consulta representa un alto riesgo para la imagen del gobierno de Petro, pues encuestas recientes de la Silla Vacía indican que más del 60% de los colombianos rechaza sus reformas sociales, lo que sugiere que el resultado de la consulta podría no ser muy favorable. Un fracaso en este proceso no solo debilitaría la legitimidad del presidente, sino que también podría impactar negativamente su coalición de cara a las elecciones de 2026, de hecho, analistas advierten que la consulta desviaría la atención del gobierno de su agenda de ejecución, generando un desgaste político innecesario. Y que, en lugar de fortalecer su liderazgo, el presidente podría enfrentar una mayor oposición si la consulta fracasa o si la abstención resulta significativa, como si ya no tuviera bastante oposición.
El discurso de Petro es, que el Congreso está bloqueando sus reformas, justificando así la necesidad de la consulta popular. Pero, es importante destacar que la rama legislativa no ha sido un bloque monolítico en su contra y en ningún gobierno. Entonces, porque no dijeron nada en la aprobación de la reforma pensional, esto indica que el problema también radica en la falta de consensos dentro de este gobierno. Incluso, algunos expertos sugieren que el gobierno pudo haber explorado otras alternativas antes de recurrir a la consulta, como la declaración de urgencia legislativa o ajustes técnicos en los proyectos para facilitar su aprobación. Estas opciones pueden evitar el desgaste político y económico que implica una consulta popular.
Otro punto que me preocupa es la ambigüedad de las preguntas que se someterían a votación. La primera pregunta revelada por el presidente sobre la reforma laboral ha sido vaga, sin reflejar con precisión el contenido de la propuesta. Esto genera incertidumbre sobre cómo se implementaría un eventual «sí» y abre la puerta a interpretaciones que podrían distorsionar la voluntad popular. Asimismo, algunos funcionarios de los sectores políticos han dicho que las consultas populares no son el mecanismo adecuado para debatir reformas tan complejas como lo son la laboral y la de salud. La naturaleza de estos procesos exige que las preguntas sean sencillas y directas, algo difícil de lograr cuando se trata de políticas estructurales con múltiples implicaciones y que se necesita un estudio muy meticuloso.
Así que la consulta popular es presentada por Petro como un ejercicio democrático, pero su viabilidad legal, su alto costo y sus riesgos políticos la convierten en un mecanismo muy cuestionado. La falta de un debate técnico sobre sus implicaciones, sumada a la posibilidad de un rechazo popular, pone en entredicho su conveniencia. En lugar de recurrir a estrategias que podrían polarizar aún más el país, el presidente debería fortalecer el diálogo con el Congreso y explorar soluciones dentro del marco institucional existente. De lo contrario, la consulta podría convertirse en un búmeran político con efectos adversos para el propio gobierno y quedaría desinstitucionalizado, hasta el mismo presidente dice en sus redes sociales: “Me arriesgo. Pongo el gobierno en manos del pueblo.” Es realmente preocupante su poco liderazgo e inteligencia emocional.
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