“Si la consulta anticorrupción, que contó con más del 90% de votos a favor, no prosperó debido a la abstención, ¿por qué sería diferente en esta ocasión?”
Después de superar los debates en la Cámara de Representantes, la reforma laboral llegó a la Comisión Séptima del Senado, donde senadores de los partidos ASI, Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, Conservador, MIRA y Liberal radicaron una ponencia de archivo del proyecto de ley. Los senadores implicados justificaron esta decisión argumentando detrimento del empleo, dudas sobre la sostenibilidad fiscal, inconstitucionalidad, incremento de los costos laborales y un posible aniquilamiento de las empresas.
Frente al hundimiento de la reforma laboral en el Senado, el presidente Gustavo Petro anunció que hará uso de una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre la reforma. La medida parece viable pues, como explica Rodrigo Uprimny en diálogos con María Jimena Duzán, de ganar el sí, “el congreso tiene que adoptar una ley en donde establezca esa norma y si no la adopta en un determinado período, el presidente puede expedirla por decreto”, sin embargo, la consulta popular no es el mecanismo idóneo para buscar la aprobación del proyecto de ley, debido a que las preguntas de la consulta deben ser aprobadas por el Senado de la República, el mismo que archivó la reforma laboral y donde el gobierno no cuenta con mayoría de votos. Además, la consulta debe superar el 33,33% (la tercera parte) del censo electoral y el 50% de votos afirmativos; problema no menor considerando la sostenida abstención electoral del país, motivo por el cual la consulta anticorrupción no prosperó, logrando solo un 32,04% de participación.
Sumado a lo anterior, existe el riesgo de que se repita un fracaso similar al ocurrido en 2016 con el plebiscito por la paz. En aquella ocasión, el presidente Juan Manuel Santos (2014-2018), frente a la fuerte polarización respecto al Acuerdo Final, sometió a votación popular la implementación del acuerdo de paz. No obstante, subestimó la capacidad de la oposición para crear narrativas entre sus adeptos, como la idea de que el país sería entregado a la guerrilla o que se camuflaba una agenda LGBTI+ entre los puntos acordados. Estos discursos confluyeron en la derrota del “Sí”.
Si la consulta anticorrupción, que contó con más del 90% de votos a favor, no prosperó debido a la abstención, ¿por qué sería diferente en esta ocasión? La sola presencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño no cambia la baja participación política en Colombia, especialmente cuando su mayor opositor, el Centro Democrático, está instando a sus electores a no participar en la consulta, lo que podría aumentar aún más la abstención.
Si la democracia representativa ha sido un problema para pasar los proyectos del Gobierno, la democracia participativa no se contempla como la solución, porque en Colombia oscilamos entre la inoperancia para legislar en favor de los trabajadores por parte de quienes ostentan cargos de elección popular y la pereza de los electores a la hora de reclamar sus derechos laborales.
De forma realista, podríamos aprender de los resultados pasados en el plebiscito y la consulta anticorrupción, o apelando al optimismo, tendríamos un resultado como el de la séptima papeleta en 1990. Al final del día, la única certeza que se tiene en Colombia es la abstención electoral.
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