«No podemos construir el futuro de un país y de una ciudad sobre los cimientos de un pasado enterrado en el olvido; la memoria y la justicia deben ser los pilares sobre los que edificamos una sociedad más humana y justa, honrando a las víctimas del conflicto armado y asegurándonos de que sus historias y sufrimientos no queden en la oscuridad, sino que sirvan como un recordatorio constante de la importancia de construir un mundo donde prevalezcan la paz y el respeto por la vida humana.»
En Colombia, la Comuna 13 de Medellín es un testimonio vivo de las atrocidades del conflicto armado. La Escombrera y La Arenera no son simples terrenos; son sitios donde se presume que yacen víctimas del conflicto, convirtiéndose en símbolos de la lucha por la memoria y la justicia. Las recientes decisiones de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) refuerzan la importancia de estos lugares.
Los sectores constructor e inmobiliario deben abordar la necesidad de respetar estos sitios de memoria, ya que no se puede construir sobre los muertos sin profanar su memoria y nuestra humanidad.
La Comuna 13 ha sido uno de los epicentros más devastados por el conflicto armado en Medellín. Durante la operación Orión en 2002, se produjeron intensos enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y grupos armados ilegales, en los cuales se documentaron numerosas desapariciones forzadas. En este contexto, se revela una inquietante alianza entre ciertos sectores del Estado y grupos paramilitares, quienes llevaron a cabo actos de violencia sistemática bajo la premisa de una “limpieza social”. Las áreas de La Escombrera y La Arenera emergen como sitios presuntamente utilizados para la inhumación clandestina de los cuerpos de estas víctimas, revelando una trágica realidad de impunidad y violaciones a los derechos humanos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha desempeñado un papel fundamental en la protección y búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado en Medellín. En agosto de 2020, la JEP ordenó la protección de La Escombrera, destacando la necesidad de llevar a cabo labores de búsqueda y exhumación en el área. Más recientemente, en septiembre de 2023, la JEP emitió el auto SARAI058, que estableció una medida cautelar para proteger el “Polígono nuevo” en La Arenera, prohibiendo cualquier intervención durante 12 meses. Hoy, 26 de julio de 2024, la JEP ha dado un paso significativo al intensificar sus esfuerzos en la preservación y recuperación de estos sitios, reafirmando su compromiso con la verdad y la justicia. Esta intervención actual subraya la importancia de garantizar que las víctimas reciban el reconocimiento y la dignidad que merecen, mientras se busca esclarecer la verdad sobre los hechos atroces que han marcado estos lugares.
La Escombrera y La Arenera no solo son lugares impregnados de una dolorosa historia de crímenes atroces, sino que también se han convertido en espacios sagrados de duelo y memoria para las familias de las víctimas. Estos sitios, cargados de tragedia y sufrimiento, representan un vínculo vital con el pasado, un recordatorio tangible de las atrocidades sufridas por aquellos que fueron víctimas del conflicto armado. Proteger y preservar La Escombrera y La Arenera es fundamental no solo para rendir homenaje a la memoria de los desaparecidos, sino también para asegurar que estos crímenes no queden enterrados en el olvido. La intervención de la JEP en estos lugares simboliza un esfuerzo por mantener viva la memoria colectiva y por proporcionar a las familias afectadas un espacio donde puedan buscar la verdad y la justicia.
El acto simbólico llevado a cabo por la JEP el 26 de julio de 2024 en La Escombrera no solo refuerza el papel de estos sitios como bastiones de memoria colectiva, sino que también enciende una llama de transformación social. Este acto no es meramente una formalidad, sino una declaración poderosa del compromiso del Estado y de la sociedad para enfrentar y desmantelar el olvido que ha rodeado a las víctimas del conflicto armado. Al reivindicar La Escombrera como un espacio de memoria, la JEP está forjando un camino hacia una justicia real y un cambio profundo, desafiando a todos a reconocer y reparar las heridas del pasado. Este gesto es un recordatorio contundente de que la búsqueda de verdad y justicia no es una mera aspiración, sino una obligación que transforma la manera en que entendemos y actuamos frente a nuestra historia.
Los sectores constructor e inmobiliario tienen una responsabilidad ética ineludible: respetar y preservar estos sitios de memoria. La idea de edificar sobre terrenos que albergan los restos de víctimas del conflicto es una afrenta directa a los principios fundamentales de humanidad y justicia. No es sólo una cuestión de legalidad, sino de dignidad y respeto hacia la historia de las comunidades afectadas. La ética empresarial debe integrar el respeto por la memoria histórica y la sensibilidad hacia el dolor de las víctimas como principios esenciales.
El sector inmobiliario no es un actor neutral en el tejido social; puede ser un catalizador para una sociedad que valora y honra su pasado. Esto implica colaborar activamente con las comunidades locales y las organizaciones de derechos humanos para desarrollar proyectos que no sólo impulsen el crecimiento urbano, sino que también promuevan la memoria histórica y la justicia social. La verdadera transformación urbana debe ser congruente con un compromiso genuino hacia la reparación y la memoria.
En lugar de impulsar proyectos inmobiliarios en terrenos cargados de memoria dolorosa, es imperativo considerar alternativas que enriquezcan y respeten el legado de las víctimas. Proyectos como parques conmemorativos, monumentos o centros de memoria no solo rinden homenaje a los caídos, sino que también proporcionan espacios de reflexión y educación para las generaciones futuras.
Fomentar un diálogo constructivo entre el sector constructor, las comunidades afectadas y las organizaciones de derechos humanos es esencial. Estas iniciativas pueden facilitar la búsqueda de soluciones que respeten la memoria de las víctimas mientras se promueve un desarrollo urbano ético y sostenible. La cooperación y el entendimiento mutuo son la base para un desarrollo que no sólo avanza en términos económicos, sino también en justicia y humanidad.
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